Por Ricardo Gómez Giraldo, Rector U. de Caldas
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Las universidades públicas afrontan una situación financiera delicada: sus costos de funcionamiento crecen por encima de sus ingresos desde hace años; esto debido al aumento de matriculados sin aumento paralelo de recursos. |
La sentencia C-220 de la Corte Constitucional, de 1997, estableció que cuando a una universidad se le giran recursos de la Nación en un año determinado, para el siguiente, y de ahí en adelante, se debe girar al menos la misma cantidad de dinero, más el equivalente a la variación del IPC. El efecto de esta decisión es la creación de una base fija de recursos que se convirtió en un límite, inamovible en la práctica, tanto hacia arriba como hacia abajo. El Gobierno Nacional no gira dinero adicional a las universidades (en caso de un mejor recaudo tributario en un año cualquiera o de una específica necesidad de una universidad) porque sabe que no puede disminuir ese dinero en lo venidero.
Paradójicamente, durante el tiempo en el que la gran mayoría de universidades públicas casi duplicaron el número de estudiantes matriculados, no han aumentado los aportes estatales a ellas. Pero el espacio de crecimiento ya se agotó. En general, a las universidades públicas ya no les cabe un estudiante nuevo más, salvo que llegase más dinero, lo cual no va a suceder debido a la rigidez de la base.
Hay otras fuentes de problemas económicos para las universidades públicas. Una de ellas es la productividad docente no financiada: cuando un docente obtiene un título de maestría o doctorado o publica artículos en revistas especializadas, se debe realizar una mejora salarial para él; este aumento, que es merecido y necesario, corre también por cuenta de los recursos de la entidad. En promedio, y según estudios contratados por el Ministerio de Educación, este asunto, acumulado desde 1999 al 2006, ha significado un aumento del 24 por ciento de los costos de nómina, aumento no compensado cada año en las transferencias del Gobierno Nacional.
Según estudios internacionales recientes, Colombia es el país de América Latina cuya composición de los recursos de educación superior tiene menos proporción de presupuesto público: 70 por ciento, mientras Argentina tiene el 79, Costa Rica el 85 y Uruguay el 90.
En el mundo entero, por el aumento tan grande del número de estudiantes matriculados en los últimos años, el Estado es incapaz de cubrir todos los costos de la educación pública y por eso las universidades han echado mano de fuentes adicionales de ingresos, como las matrículas, las donaciones y la venta de servicios. Pero el mercado para la venta de servicios y otros ingresos difiere para cada universidad, según la ciudad y el país donde se encuentre.
Colombia tiene hoy una economía más grande que la de hace una década: los recaudos tributarios han aumentado significativamente, las exportaciones son hoy mucho mayores y el petróleo está a precios inimaginables hace no mucho; las regalías han crecido y pueden seguir haciéndolo, de mantenerse las tendencias globales. En conclusión, dinero sí hay.
No queda más que pensar en plantear reformas de fondo, que permitan revertir la situación: aumentar los ingresos de las universidades públicas de manera que crezcan a un ritmo más rápido que sus egresos. Las regalías de los hidrocarburos, por ejemplo, son una interesante y posible fuente. Todos tenemos un papel que jugar: las universidades, mejorar sus prácticas administrativas y de generación de recursos propios; el Congreso y el Gobierno, aprobar las reformas adecuadas de la ley para aumentar las transferencias a la educación superior.
