Abril 2008
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Muy misteriosa ha resultado la versión oficial de la Presidencia de la República según la cual el Gobierno Nacional iba a impedir que la empresa venezolana de fertilizantes “Monómeros” comprara a la Universidad Autónoma de Colombia. |
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Carlos Lopera Director |
Misterioso porque apareció de un momento a otro y los pocos protagonistas del hecho que hablaron mostraron extrañeza y sorpresa por ello.
/// Misterioso porque ni ministra ni Viceministro de Educación no han dicho oficialmente nada.
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Misterioso porque ningún rector, ni Ascun, ni académico o alguien que se les parezca salieron a hablar, como es costumbre, de la intromisión del Estado en la autonomía universitaria.
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Misterioso porque ni la prensa uribista ni la anti-uribista han hecho seguimiento del tema y no se han preocupado por indagar más.
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Y misteriosa la manera como el tema se apagó sin que hubiera mediado el más mínimo análisis por parte de la comunidad académica nacional.
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Del resto, nada. Sólo una simple especulación sobre el interés del gobierno de impedir la expansión del proyecto Bolivariano del Presidente Chávez en Colombia, a través de la educación superior.
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Tal vez por la popularidad del presidente Uribe y la rabia que se tiene en Colombia a todo lo que se identifique con Chávez, hubo un silencio cómplice en los medios de comunicación, como aceptando que, efectivamente, la idea de que no es de respaldo popular que una institución de educación superior colombiana quede en manos de Venezuela.
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No obstante, la realidad es que, más allá de lo político, el Gobierno Nacional no cuenta con argumentos legales para impedir que, en dado caso, se concrete una operación de esta índole. Se puede. Por ejemplo, en agosto de 2006 el tesoro de la familia Michelsen, el Politécnico Grancolombiano, pasó a manos norteamericanas, la red educativa internacional Whitney International University System, y aunque en el papel Pablo Michelsen sigue siendo Rector, las decisiones trascendentales son foráneas.
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Estas situaciones develan las falencias de la normatividad colombiana en educación superior, que no ha sido proactiva para enfrentar la llegada de instituciones y capital extranjero para las universidades, incluso si esto puede afectar los principios de nuestro estado de derecho, como pareciera desprenderse de las preocupaciones del Gobierno.
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Mientras tanto, más allá de algo anecdótico, la situación amerita un análisis de la autonomía de nuestro sistema de educación superior, como tal, que a su vez, debe proteger la calidad de las instituciones. Eventos como estos deberían ser aprovechados para demandar, entre otros aspectos, mejores condiciones laborales del profesorado de la Universidad Autónoma de Colombia y la calidad de sus programas académicos, pues en el medio universitario genera inquietud por qué una de las universidades llamadas tradicionales aún no tiene ni siquiera un solo programa acreditado en alta calidad.
