Las preocupantes cifras que amenazan la viabilidad institucional de la U. Incca

Las preocupantes cifras que amenazan la viabilidad institucional de la U. Incca

Sept 22/18 Hace casi un año, en octubre de 2017, las directivas de la Universidad Incca de Colombia solicitaron al Ministerio del Trabajo autorización para poder despedir más de 120 trabajadores y así aliviar la difícil situación financiera de la IES. Aún no han obtenido respuesta, pero la situación es tan difícil que aún librándose de esta nómina, la salida a la crisis no se daría.

Aunque la universidad no ha declarado formalmente la cesación de pagos, es como si lo estuviera. Los incumplimientos tanto a los docentes, comotrabajadores y proveedores es permanente, lo que lleva a una ya común inestabilidad en la institución. Docentes y directivos académicos que permanentemente renuncian, estudiantes que protestan por la falta de clases, notas que no se publican para presionar los pagos y ocultamiento y silencio de parte de la rectora (Carolina Villamizar) y la presidenta y representan legal (María Solita Quijano).

La rotación es tal que actualmente cerca del 80% del personal tiene menos de un año de vinculación en la IES.

Ambas directivas echan toda la culpa al escenario financiero encontrado cuando la administración pasó de Enrique Conti a ellas, pero eso fue hace ya cuatro años.

En aquel entonces (2014) la Universidad contaba con más de 5 mil estudiantes, y hoy escasamente supera los 2.500. La Universidad considera que su planta de 463 responde a una IES de cerca de 8 mil estudiantes, por lo que debe reducirla en 123 trabajadores.

Los ingresos por matrícula, que son esencialmente los únicos que registra la institución, no alcanzan a cubrir su operación.

Los costos de operación académica y administrativa, incluidos los beneficios extralegales para los miembros del sindicato, son muy superiores a los ingresos.

Adicionalmente, se debe asumir los costos financieros de dos créditos aprobados, por cerca de 6 mil millones, distribuidos entre Fodesep y Colpatria.

Los indicadores financieros muestran un progresivo deterioro en los tres últimos años evaluados, así:

Indice 2015 2016 2017
Capital de Trabajo -4.750.251 -7.959.783 -11.824.655
Solidez 3,06 2.33 1,93
Solvencia 0,35 0,29 0,17
Endeudamiento 32,67 43,00 51,69
Margen EBITDA -958.418 -2.688.490 -4.160.519

Según las directivas, gran parte de la crisis es producto de la mala imagen que se ha generado de la Universidad, por culpa de las acusaciones del sindicato y algunos medios de comunicación que han informado al respecto.

Indicadores por debajo del promedio

Los análisis del Ministerio del Trabajo muestran, a partir de información reportada por la Universidad Incca (en 2017), que la relación docentes – trabajadores y estudiantes en la Universidad Incca está por debajo, tanto de las universidades de mayor desarrollo como las consideradas, por el Ministero, con algún grado de afinidad con la Incca:

Relación estudiantes vs. trabajadores

Universidad Nro. Estudiantes Nro. Trabajadores Proporción
Rosario 11.766 918 13
Javeriana 24.390 1.769 14
Andes 23.770 1.436 17
Central 14.067 616 23
Santo Tomás 14.535 480 30
La Gran Colombia 12.958 526 25
Konrad Lorenz 3.837 137 28
Area Andina 15.801 439 36
Los Libertadores 12.779 309 41
Uniminuto 97.754 1.968 50
Incca de Colombia 2.593 126 21

 

Relación estudiantes vs. profesores

Universidad Nro. Estudiantes Nro. Docentes Proporción
Rosario 11.766 640 18
Javeriana 24.390 1.370 18
Andes 23.770 1.009 24
Central 14.067 459 31
Santo Tomás 14.535 617 24
La Gran Colombia 12.958 179 21
Konrad Lorenz 3.837 442 29
Area Andina 15.801 522 30
Los Libertadores 12.779 644 20
Uniminuto 97.754 1.999 49
Incca de Colombia 2.593 130 20

Y frente a todo esto, el Ministerio de Educación Nacional (responsable del fomento, la inspección y vigilancia, y la garantía constitucional de la oferta de una educación superior de calidad), calla completamente.

Lo irónico del asunto es que luego de haber decretado -en diciembre de 2015- a la Universidad como sujeto de inspección y vigilancia a la luz de la Ley 1740, de 2014, y haber designado un inspector in situ, en abril de 2017 el propio Ministerio levantó las medidas y extrañamente argumentó que la Universidad tenía las condiciones para poder desarrollar una oferta educativa de calidad.

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