Las tácticas poco claras en la relación universidades – hospitales para formar médicos

Agosto 21/19 ¿Quién se aprovecha de quién: Las universidades de los hospitales o viceversa?, y en medio, los estudiantes de medicina son los que terminan pagando más dinero por ejercer sus prácticas.

Una queja de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) en el sentido de que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá busca cancelar los convenios que permiten a los médicos que se están especializando y a los estudiantes de medicina hacer sus prácticas en los hospitales de la red pública de Bogotá “en términos unilaterales y con actuaciones inconsultas y arbitrarias” , aviva un polémico tema que todo el sector conoce por su irregularidad en las reglas de juego, y que demanda un sinceramiento de parte de todos los actores.

Las dudas surgen, inclusive, porque no hay absoluta claridad sobre si las universidades deben o no reconocer a los centros de salud dinero o especie para que sus estudiantes realicen prácticas. La ley dice que no se puede. Incluso, una declaración de ASCOFAME llevó a que las IES se comprometieran “a no realizar contraprestaciones económicas a los escenarios de práctica en desarrollo de los convenios nuevos docencia-servicio“.

Pero lo cierto es que en la práctica, las IES negocian individualmente y de la mejor manera que pueden (ofreciendo inclusive a los centros médicos hasta un porcentaje mayor de la matrícula cobrada a sus estudiantes) con tal de asegurar los dificultosos convenios docencia-servicio, para no salir del mercado.

En términos comparativos, para una IES es más fácil obtener, en el Ministerio de Educación, el registro calificado de un programa de salud que obtener la aprobación de la Comisión Intersectorial de Salud, o la entidad que defina el Ministerio de Salud, del convenio docente-asistencial, por el limitado número de escenarios de práctica, ya captados todos por las IES posicionadas en el mercado.

Es decir, las universidades que tienen sus propios escenarios de prácticas (como, por ejemplo Los Andes con la Fundación Santafe, la Javeriana con el Hospital San Ignacio o el Rosario con Méderi) no tienen tanto problema. Son centros privados y entre ellos se concilian.

El problema sale nuevamente a la luz pública por la situación con los hospitales del Distrito (Bogotá), que reciben estudiantes practicantes especialmente de IES que no cuentan con su propio centro médico.

Las IES que, en Bogotá, tienen programa de medicina son:

  • Universidad Nacional de Colombia
  • Universidad Militar Nueva Granada
  • Pontificia Universidad Javeriana
  • Universidad del Rosario
  • Universidad El Bosque
  • Universidad Antonio Nariño
  • Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
  • Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
  • Fundación Universitaria Juan N. Corpas
  • Fundación Universitaria San Martín
  • Fundación Universitaria Sánitas

Además, vale tener en cuenta que la U. Distrital es la otra IES que aspira a contar con dicho programa, y para ello busca el respaldo del Concejo de Bogotá.

La denuncia de ASCOFAME

Información del diario El Tiempo

De acuerdo con Gustavo Quintero, presidente de Ascofame, esta decisión de la Secretaría dejaría sin lugar de práctica a cerca de 2.000 residentes (médicos que cursan especialización) y a un poco más de 5.000 estudiantes de pregrado, provenientes de 13 facultades, que rotan por estas entidades.

Ascofame sostiene que a pesar de la expedición de la Ley 1917 de 2018, por la cual se creó el sistema de residencias médicas y se generó una expectativa respecto al mejoramiento de las condiciones de formación de los médicos especialistas o residentes, la Secretaría ahora“busca imponer unas condiciones basadas en meras ventajas económicas para sus prestadores aprovechando su posición dominante como gestora de la red de servicios más amplia del área metropolitana”.

El reclamo específico del gremio de facultades se centra en el aumento, para ellos desproporcionado, del cobro que le hace la Secretaría, a través de las subredes de prestación de servicios, a las universidades por la carga académica de los estudiantes.

Una comunicación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en la que informa a la decanatura de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Ucda) que termina unilateralmente el convenio de docencia servicio luego de no llegar a un acuerdo de costos, alertó la situación.

Según Quintero, estos costos pasaron de un 30 por ciento del valor neto de la matrícula de cada estudiante al 50 por ciento del valor bruto de dicho ingreso, en efectivo para el pregrado y en un 60 por ciento en especie (equipos, dotación, mobiliario) para los posgrados.

Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, manifestó que “la eventual salida a la calle de los médicos en formación de los hospitales públicos del Distrito tendría dos graves consecuencias: por un lado, la afectación directa en la atención de los enfermos de la red pública, en razón a que este recurso humano suple la carencia de especialistas; y por el otro, es un atentado a la continuidad de la formación de los profesionales que a pesar de tener convenios firmados se quedan sin centros de práctica, lo que paradójicamente disminuiría el número de médicos que tanto necesita el país”. 

A su vez, Juliana Moreno Ladino, presidenta de la regional centro de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, considera la decisión como una actuación “ilegal” que va en contra del espíritu de la Ley de Residentes, que buscaba saldar la deuda histórica con estos profesionales en formación. Y por tanto comparte la posición de Ascofame y pone en evidencia un ambiente de incertidumbre frente a la reducción real de los costos para los residentes.

“El viernes 23 a las 11 de la mañana tenemos preparado un plantón frente a la Secretaría de Salud para protestar contra estas posiciones”, dio a conocer.

Responde la Secretaría

A través de Twitter y en un comunicado de prensa, el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, aseguró que “no es cierto que el Distrito contemple terminar los convenios de docencia servicio y mucho menos los de médicos residentes, ni que se les vaya a cobrar por sus prácticas, hecho que no está permitido por la ley”.

Sostuvo que en Bogotá todos los centros de formación siempre han entregado una contraprestación a los hospitales sin ningún criterio y de manera desordenada y que lo que se busca ahora es “compensar el costo de tener una docencia de calidad que ofrezca al estudiante unas condiciones mínimas de comodidad, seguridad e integralidad que exige su proceso de formación”.

En ese sentido, confirmó que este tipo de convenios sí “requieren orden mediante criterios técnicos uniformes de calidad y seguridad para los pacientes”, entre otras porque “en varios sitios de práctica hay más estudiantes de los que cabrían para garantizar la seguridad del paciente y un adecuado proceso de formación”.

Dio a conocer que actualmente en la red pública hospitalaria existen 253 convenios con instituciones educativas que vinculan a cerca de 10.000 estudiantes, una cifra que calificó como “desproporcionada”, y agregó que los hospitales públicos reciben alrededor del 70 por ciento de los estudiantes en formación, “a pesar de sólo contar con el 20 por ciento de todas las camas hospitalarias de la ciudad”.

En cualquier caso, dijo que si bien lleva más de tres años intentando hablar de este tema con las facultades de medicina, está abierto a nuevos espacios para aclarar la situación.

“Invitamos a trabajar conjuntamente de manera prudente, a analizar cada caso en particular para encontrar soluciones justas y construir relaciones de mutuo beneficio, que apunten a mejorar cada día las condiciones de estudiantes, pacientes y hospitales públicos”, concluyó.

Frente a las palabras del Secretario, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, manifiesta que la secretaría de Salud de Bogotá, en su comunicado, valida el cobro a las universidades por la rotación de residentes, un asunto que, dice, está “expresamente prohibido en la ley de residencias médicas”. 

Por otro lado la líder gremial dice que no se conoce un estudio serio que demuestre cuánto le cuesta a un hospital la formación de médicos y especialistas. “Y en este sentido la cifra de 80 mil millones de pesos que expresa la Secretaría en su comunicado es arbitraria”, argumentó.

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