Las universidades públicas como bien público: Patricia Martínez – Oct/18

Por: Patricia Martínez, exviceministra de Educación Superior. Octubre de 2018

En un inspirador libro sobre la gobernabilidad y el bien público, el profesor de la Universidad de Southern California y Director del Center for Higher Education Policy Analysis USC, William G. Tierney, junto con otros autores (2006), manifestaba que el concepto de ¨Bien público¨ era uno que las Universidades Públicas no podían subestimar ni minimizar según las circunstancias.

Por el contrario, decía, es el concepto de “Bien público” el que debe guiar el comportamiento de una institución pública y los procesos que en ella operan. Satisfacer el ¨Bien público¨ requiere de una comprensión profunda de lo que ello significa, pues obliga a reconocer que existe una relación de dependencia entre la universidad y lo público, que debe gestionarse en el marco de su “autonomía”.

Se plantea que el objetivo a largo plazo de la Gobernanza de las Universidades Públicas en el interés de asegurar su misión de “Bien Público” es el de reconocer y avanzar en el cumplimiento del fin público para el cual fueron creadas y responder a las expectativas de la sociedad a la que se deben y que ha depositado su confianza en ellas.

El principal desafío de estas universidades es el de mantenerse siendo espacio público propicio para el estudio, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y el intercambio de ideas, por lo que debe transformar su Gobernanza para permitir respuestas innovadoras a tantos retos sociales complejos.

Termina diciendo que una respuesta organizacional efectiva de las Universidades Públicas a la sociedad solo es posible a través de una cultura organizacional saludable y comprometida, donde haya confianza (trust). Una Gobernanza exitosa descansa sobre expectativas bien definidas y el manejo de recursos necesarios para satisfacer esas expectativas, lo cual obliga a repensar la relación de Gobernanza entre el Estado, la sociedad y las universidades.

Hasta hoy, las Universidades Públicas entendidas como “Bien Público” en Estados Unidos de Norteamérica han sido casos de éxito, han crecido con la Nación y han contribuido a la transformación de la sociedad misma a la cual sirven (Holley & Karri, 2006), pues han entretejido su crecimiento con los innumerables eventos nacionales del siglo XX, tales como acoger en su seno a miles de veteranos de guerra para que lograran una educación superior[1] y formar científicos de alto nivel para contribuir al avance de las ciencias.

El ser un “Bien Público” se refiere a una relación simbiótica, interdependiente, entre la universidad y la sociedad (Pusser, 2006). En esta relación única de interdependencia entre Educación Superior y sociedad, dependen uno del otro para cumplir con su contrato social.

Las Universidades Públicas existen por la obligación de servir las necesidades públicas y proveer un espacio para el crecimiento del conocimiento en la sociedad, aún con las tensiones y dificultades que implica trabajar para llenar las expectativas y necesidades públicas.

La Gobernanza de las Universidades Públicas cumple distintas funciones dentro de la institución, el sistema y el Estado (Weldman, 2006), pues protege la autonomía de la institución, genera estabilidad e incluye a distintos grupos de interés en la toma de decisiones, contribuye desde el Estado a la asignación justa de recursos públicos que cubran las necesidades sociales, teniendo a un Consejo Superior efectivo como mecanismo para que las universidades rindan cuentas a la sociedad por el uso de los recursos “públicos”.

Teniendo en cuenta que cada universidad es única y tiene su propia historia, tradición y objetivos particulares, no podemos esperar entonces que todas tengan iguales estructuras de gobierno, iguales finanzas, metas y relaciones con el Estado y sociedad.

[1] La incorporación de los veteranos fue posible gracias a la Ley G.I Bill of Rights o “Servicemen’s Readjustment Act”, de junio de 1944, de beneficios a los excombatientes norteamericanos de la Segunda Guerra mundial. Esta Ley reconoce una serie de beneficios tales como la financiación de estudios técnicos o universitarios y subsidios de manutención, préstamos para vivienda o para iniciar un negocio propio.