John Mario Muñoz Lopera y Marco Antonio Vélez Vélez, profesores titulares de la Universidad de Antioquia, resaltan la evolución del sector para llegar hasta estas propuestas de reformas y, señalan, el trámite en el legislativo requiere un movimiento universitario con propuestas concretas.
Pasados 30 años de la vigencia de la ley 30 de 1992, ley que fue en su momento objeto de discusión y confrontación por parte del movimiento estudiantil y profesoral, dado que cristalizaba una idea de educación como servicio público, sometida a los vaivenes de la mercantilización, según imperativos de la concepción neoliberal triunfante y vigente en dichas calendas. En su momento el movimiento estudiantil reclamaba: política educativa como política de Estado, gobierno universitario democrático, condiciones de mejor bienestar reflejado en restaurantes y residencias estudiantiles, mayor participación socio-política de los jóvenes.
Hacia 2011 el movimiento universitario organizado en la MANE-Mesa Amplia Nacional Estudiantil- reclamó democracia universitaria, autonomía garantizada para las universidades públicas, financiación adecuada, una política de ciencia y tecnología que consultará realidades nacionales, una mayor participación de los estudiantes en decisiones centrales a tomar en las universidades e instituciones públicas de Educación Superior. La Mane generó movilidad política y liderazgos. Del lado del Estado se venía afianzando el modelo neoliberal de subsidio a la demanda con su nefasto complemento de financiar a las universidades privadas por acoger estudiantes de los estratos 1,2,3.
El movimiento universitario resurge en 2018 en la confrontación a la incapacidad del estado para colmar la deuda histórica de la Educación Superior que para dicha fecha era cercana ya a los 18 billones de pesos. El forcejeo con el gobierno Duque posibilitó garantizar una fórmula de financiación para el cuatrienio que en parte mitigaba la deuda y el déficit crónico de las universidades públicas y las instituciones de Educación Superior. Se afectaron prioritariamente los artículos 86 y 87 de la ley 30 aquellos que tienen que ver con la financiación de las universidades públicas y las IES. Se lograron porcentajes importantes por sobre el IPC para incrementar el presupuesto de la educación superior. Pasando de un incremento de 3.5 %, primer año, 4.0 el segundo, 4.5 el tercero y por sobre el IPC 4.65 % en el cuarto año.
En el gobierno Duque el movimiento estudiantil y en general el movimiento popular asistieron al denominando Estallido Social acontecimiento de confrontación con las políticas gubernamentales antipopulares y con un claro acento de favorecimiento a las elites económicas. Movilizaciones masivas en las principales ciudades y municipios del país que mostraron la capacidad de movilidad social y política, pero, igualmente, la debilidad de un gobierno que solo supo responder con la represión más desembozada, reflejada en jóvenes muertos y con heridas graves en sus rostros. Se marcaba así el fin de una serie de gobiernos de talante neoliberal. A Duque le toca ceder ante el impulso de la movilización social y posibilitó al ascenso de fuerzas alternativas como opción política.
Se preparó así el escenario para la llegada al poder del primer gobernante de izquierda en Colombia en 200 años. La llegada de Gustavo Petro al poder del Estado concitó la expectativa de una serie de reformas históricamente aplazadas en la sociedad colombiana: reforma agraria, reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral y además reforma educativa. En este campo educativo se abre el espacio para la propuesta de una Ley Estatutaria de educación que dé cuenta de la educación como derecho fundamental, con expectativas de logro de una educación para la equidad, para la paz, para cerrar las brechas territoriales, para garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes a la escuela en sus diversos grados y niveles. No educación como servicio como se pensó desde la ley 115 y desde la ley 30 de 1992 en un claro enfoque neoliberal, sino la educación como derecho fundamental. La Ley Estatutaria busca integrar a los niños y niñas a los niveles de prejardín, jardín y transición, el avance en la educación básica con equidad y la articulación con la medida y la posmedia, posibilitando el reconocimiento de los grados 12 y 13 de los ciclos complementarios en las Escuelas Normales Superiores y la continuidad del educando en la educación superior en sus niveles universitario y en las dimensiones técnico, tecnológicas, según la definición de universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas.
Para la educación superior y específicamente para las universidades públicas el ministerio de educación ha venido ambientado la discusión sobre una propuesta de reforma de la ley 30 de 1992. Esta ley en su momento buscó regular la educación superior, pero fue resistida en su momento por un movimiento estudiantil que vio en ella la concreción de políticas neoliberales del gobierno de turno. La definición de la educación como servicio público marcaba dicha característica. Aparte mantenía una estructura antidemocrática en las formas de gobierno universitario a través de consejo superiores con mayoría para fuerzas externas a la vida universitaria y propiciaba vía financiación inercial según IPC de las universidades, un déficit que se fue acumulando históricamente hasta llegar en años recientes a cerca de 20 billones de pesos. La queja permanente de las universidades era el que sus costos, por infraestructura, funcionamiento, pago de nómina de profesores y empleados, inversión desbordaba los incrementos inerciales del IPC.
El articulado de la propuesta de reforma de la ley 30 avanza en definiciones importantes. Por un lado, se concibe a la educación superior como derecho fundamental, se busca ampliar el ingreso de los y las jóvenes a este nivel educativo, la cobertura en Colombia es del 54% cuando en los países de la OCDE llega al 70%. Para este cuatrienio la idea es incorporar 500.000 nuevos estudiantes a la educación superior repartido en nuevos cupos para universidades públicas y en cupos en instituciones técnicas y tecnológicas. De otra parte, se avanza en la redefinición de una estructura más democrática de los consejos superiores universitarios dando mayor peso a la comunidad y los estamentos universitarios. La estructura sería: el o la representante del Presidente de la república; él o la representante del ministerio de educación; él o la representante de las directivas académicas; él o la representante de las directivas académicas; él o la representante de los exrectores; el o la representante del sector productivo; 2 representantes del profesorado, uno de ellos elegido por asamblea multiestamentaria-novedad esta que busca democratizar más la representación de los estamentos-; 2 representantes de los estudiantes-uno de ellos elegido por asamblea multiestamentaria-; un o una representante de los egresados; un o una representante de los empleados no docentes y será presidido por el gobernador o el alcalde respectivamente, según se trate de instituciones departamentales o municipales.
Como se ve dicha estructura de los consejos superiores amplía el espacio de representación de los estamentos universitarios, democratiza un poco más a este órgano de gobierno. Pueden existir interrogantes, por ejemplo, con la presencia de los exrectores quienes pueden mantener cuotas de poder al acceder al consejo superior. El ser presidido por los gobernadores (as) o alcaldes (as), tal vez se mantiene un poder de dirección cuyo direccionamiento político ha sido evidente históricamente.
En cuanto al tema de la financiación, el proyecto de reforma asume una propuesta de Índice de Costos de la Educación Superior-ICES-, en otros términos, se habla de canasta educativa dado que los costos de funcionamiento y de inversión de las instituciones rebasan año a año el IPC-Índice de Precios al Consumidor-, el reajuste según este último ítem fue el causante de la desfinanciación histórica de las universidades públicas y las instituciones de educación superior. El gobierno Duque presionado por el movimiento universitario debió asumir incrementos por encima del IPC. Y el gobierno Petro consideró un incremento de 7 puntos por encima del IPC para este año, algo nunca antes visto por gobiernos anteriores y la ley 2307 de gratuidad en la educación. La idea de la canasta educativa puede contribuir en un período de 10 años a superar el déficit crónico de la educación superior. Y es claro que por lo general los costos educativos son superiores a los costos de la canasta familiar. Dado el caso que sea inferior se puede considerar un parágrafo donde se considera un aumento según IPC más puntos adicionales a considerar según las necesidades de financiación.
El debate del articulado del proyecto de reforma no ha tenido todo el impacto y difusión esperados, por más que se han realizados encuentros de profesores representantes ante los consejos superiores y un evento realizado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia con la presencia de la ministra Aurora Vergara. El profesorado asociado planteó inquietudes y sugerencias y contribuyó a difundir el articulado y la necesidad de profundizar el debate democrático. El encuentro nacional de estudiantes universitarios -ENEES- realizado en un campamento de 3 días en el campus de la Universidad de Antioquia mostró la diversidad de enfoques y perspectivas frente a la propuesta de reforma de la ley 30, pero, por más que en el comunicado emitido luego del mismo por los estudiantes allí reunidos, se dio cabida a la necesidad de una reforma que tenga en cuenta los temas de la democracia universitaria, la paz, la equidad territorial, el respeto a la diversidad, la perspectiva de género y de erradicación de las violencias de género, no mostró mayores avances en cuanto una concepción nueva de educación superior que debe plasmarse en una ley que reforme la educación superior. Hay que avanzar, proponer, debatir sugerencias de artículos a incorporar en el proyecto del ministerio y salir de las declaraciones generales que, como intención de motivos está bien, pero que como concreción de propuestas de articulado no logra posibilitar nuevos enfoques. No basta ensalzar la movilidad estudiantil por la movilidad misma. La concreción de la reforma en el legislativo requiere de un movimiento universitario con propuestas concretas, reflejas en artículos para una posible ley y un debate amplio y democrático que es lo que se espera del movimiento universitario.
