Lo de la San Martín es para una reforma y no para decretos

Para Darío Mejía Pardo, exrector de la U de Caldas y columnista de El Observatorio, "causa extrañeza y desconcierta que después de tantas evidencias, esfuerzos y diagnósticos, incluyendo el Gran Acuerdo por lo Superior,  que plantean la necesidad de aprobar una reforma a la Ley de Educación Superior, la Ministra Gina Parody intente mantener una política de administrar mediante la improvisación de Decretos"

Los recientes episodios suscitados alrededor de las presuntas actuaciones indebidas de los directivos de la Fundación Universitaria San Martin, en diferentes aspectos académicos, administrativos y financieros, y las decisiones tomadas desde el Ministerio de Educación Nacional,  traen  a mi memoria situaciones similares e igualmente escandalosas ocurridas en las ultimas 2 décadas, con otras Universidades e IES colombianas (por ejemplo la UAN-Universidad Antonio Nariño-1998: polémica suscitada por su posible cierre debido a inconsistencias en sus registros académico).

Sobre las falencias administrativas y jurídicas en el Sistema del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y los aspectos de inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación Nacional, a pesar de los importantes avances en estos 20 años, se debe indicar que estas aún no se corrigen, a pesar de que importantes instituciones y distinguidos académicos han venido planteando diferentes diagnósticos sobre las problemáticas del sector; entre estos aspectos se ha señalado en forma reiterada la incertidumbre jurídica en el Sistema de Aseguramiento de la calidad por la dispersión permanente en la normatividad que tienen como consecuencia la incapacidad de la actual estructura del MEN para ejercer la suprema inspección y vigilancia en el sector. Sobre estos aspectos, en el año 2009 y dentro de las grandes discusiones que sirvieron de preámbulo a la fallida reforma de la ley 30/92 en el primer gobierno del Presidente Santos, se presentó el estudio elaborado por el CINDA[1] en el cual se refiere:

( )…“El desarrollo de las políticas estatales orientadas a la educación superior, parece obedecer a cuestiones coyunturales y no a una visión de largo plazo, están más orientadas a atender necesidades puntuales y programas de gobierno. En la práctica el Sistema de Aseguramiento de la Calidad propuesto por el Estado, parecería que no se comporta como tal para el logro de unos fines específicos ya que no hay canales de comunicación, retroalimentación y sinergias entre los diferentes mecanismos propuestos”…

El propio MEN indica en su Boletín[2] que es necesario realizar ajustes a la normatividad: “Nuestro país cuenta con una Ley que está a punto de cumplir 20 años, generada para dar respuesta a los requerimientos de un momento totalmente diferente al que se vive hoy. (…)En este contexto, se hace necesario volver a pensar el sistema de educación  superior, en un marco normativo, más ágil, flexible y moderno.

Muy recientemente en el mes de octubre a raíz de la crisis de la Fundación San Martin, se justificó la expedición del Decreto No 2219/2014, por la necesidad de facultar al MEN para tomar las medidas correctivas y preventivas; se reconoce la incapacidad del gobierno nacional, en el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia, para controlar las anomalías que se vienen presentando en esa Institución; el problema no es de una IES en particular, es del sistema de Educación Superior colombiano.

Por lo anterior causa extrañeza y desconcierta que después de tantas evidencias, esfuerzos  y diagnósticos, incluyendo el Gran Acuerdo por lo Superior,  que plantean la necesidad de aprobar una reforma a la Ley de Educación Superior, la Ministra Gina Parody intente mantener una política de administrar mediante la  improvisación de Decretos Ley, iluminados por las coyunturas cotidianas de un sistema, que como el sistema de seguridad social, presenta alarmantes síntomas de enfermedad. La solución de los muchos y profundos problemas de la Educación Superior deben encontrar soluciones definitivas y estructurales; es importante que se evalué responsablemente el camino a seguir con carácter y valentía para evitar otros cuatro años de improvisaciones y decisiones unilaterales, que la mayoría de las veces no pasan de ser medidas intimidatorias como consecuencia de las presiones de una sociedad que reclama más calidad de su educación.


[1] Informe Nacional Colombia CINDA, septiembre de 2009.

[2] Boletín informativo de Educación Superior No 17.  Nuestro reconocimiento a la Calidad. MEN.  Bogotá. 2011