Marzo 8/24 El Observatorio de la Universidad Colombiana cumple 17 años de existencia. Desde 2004 ha hecho seguimiento de las noticias y políticas públicas de 6 gobiernos, 7 ministros de Educación y 12 viceministros de Educación Superior.
A manera de contexto, historia y reflexión sobre los avances, proyectos frustrados y promesas, este es un recuento de lo que, a juicio de El Observatorio, son los 17 más significativos hechos del sector en este tiempo.
1) Los responsables de la politica pública: Cecilia María Vélez (durante los 8 años de los dos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez), María Fernanda Campo (en el primer cuatrienio de Juan Manuel Santos); Gina Parody y Janeth Giha (en Santos II); María Victoria Angulo, con el presidente Iván Duque; y Alejandro Gaviria y Aurora Vergara Figueroa (actualmente), han sido los responsables, desde el Ministerio de Educación Nacional, de la orientación del sector. Cada uno desde su óptica se apunta un gran logro, aunque la verdad el sistema de educación superior colombiano no ha sufrido una sustancial transformación en estos 17 años. Cada presidente y ministro ha apuntado a algún aspecto, pero no ha habido una real secuencia de política pública continuada entre los gobiernos, salvo el constante discurso por aumentar la cobertura.
Tal vez el elemento común de todos es que, partir del gobierno Uribe Vélez, el ministro(a) de Educación dejó de ser un funcionario de muy pocos meses al frente de la cartera, lo que permitió favorecer programas de más largo aliento. Vélez ayudó a “disparar” la cobertura metiendo los datos del SENA al sistema y apostándole a la formación técnica y tecnológica; Campo no logró sacar adelante una reforma a la Ley 30, pero amainó las críticas por su propuesta y la cambió por el Acuerdo por lo Superior; Parody fue, literalmente, un “tiro al aie”, la gran mayoría de sus políticas se extinguieron con el tiempo, por absurdas, antitécnicas y politiqueras; Giha supo remar hábilmente sin comprometerse ni avanzar en algo significativo; Angulo logró revertir las tensiones de la pandemia, el paro nacional universitario y las demandas por mayor financiamiento; Gaviria generó más expectativas que resultados, y Vergara ha sabido adaptarse al polémico estilo del presidente Petro y puede terminar con gran prestigio o una opinión adversa, según pueda, o no, concretar las propuestas de nuevas universidades, más cupos, la ley estatutaria y una nueva ley de educación superior.
2) Crecimiento del sistema: En 2.007 la cobertura en educación superior bordeaba el 31 %, casi 24 puntos menos de la actual. Cuando Uribe empezó su primer gobierno -2002- estaba en 21 %. Fue polemica la decisión de incluir la matrícula en educación superior del SENA en las cifras, pero así se quedó. Las demandas estudiantiles y la aparición de programas nacionale scomo Ser Pilo Paga y Generación E, acompañado de muy diversos programas de alcaldes y gobernadores, ayudaron a elevar la cifra. Las tensiones políticas de la pandemia y el paro nacional de 2021 llevaron a que el presidente Duque respondiera a una petición histórica de la izquierda: La política de gratuidad, parcial pero ya era un avance, que se ha venido consolidando con el actual gobierno Petro.
3) Las propuestas de reforma de la Ley 30. Poco tiempo después de su aprobación, el 28 de diciembre de 1992, comenzaron a aparecer reparos a la norma que es una de las leyes con más remiendos en el país. Formalmente, María Fernanda Campo, en 2010, intentó hacer una reforma que encontró la resistencia de estudiantes y rectores. La posibilidad de hacer alianzas público-privadas y diversas interpretaciones en torno del ánimo de lucro, la echaron atrás. El tema se “enterró” hasta que el actual gobierno, por petición pública del presidente Petro, pidió dicha reforma, que a la fecha no se ha concretado y aunque hay un primer borrador, preparado por el Ministerio de Educación, éste se considera tan pobre, incompleto y ajeno a la realidad sectorial, que pasará a ser un insumo más para una gran mesa de concertación que quiere hacer el actual viceministro, Alejandro Álvarez y que podría costar un desgaste con reservado pronóstico de éxito. Y en medio de todo este debate sigue sin solucionarse un modelo real de financiamiento equitativo para la educación superior pública.
4) El Movimiento Estudiantil. Históricamente, y especialmente tras algunos lamentables hechos de violencia, Colombia ha vivido el reverdecimiento de las asambleas y protestas estudiantiles. El movimiento estudiantil de Chile, en 20120, sirvió de oxígeno para la protesta que, con ayuda de la polémica propuesta de reforma a la Ley 30 de María Fernanda Campo, dio origen a la integración de las plataformas en la llamada Mesa Ampliada Nacional Estudiantil MANE, que tuvo su mayor éxito con una multitudinaria protesta en contra del articulado y que llevó al retiro de la iniciativa del legislativo. Las elecciones de 2014 hicieron desinflar a la MANE, por el protagonismo político de muchos de sus integrantes y las divisiones internas e ideológicas. Esporádicamente marchan, se reúnen y se pronuncian, pero el auge de los años 2010-2012 ha desaparecido.
5) Acuerdo por lo Superior, fue un documento de propuesta de política pública, liderado desde el CESU y orientado desde el Ministerio de Educación Nacional, entre 2013 y 2014, tras el hundimiento de la propuesta de reforma de la Ley 30. Fueron lineamientos de política pública aceptados por casi todo el sector, pero que en la práctica no lograron una efectiva conversión, especialmente tras el cambio de las ministras Campo por Parody.
6) Inspección y Vigilancia. La crisis institucional, financiera y laboral de la Fundación Universitaria San Martín inspiró a que la fuerza del gobierno pudiera convencer, en diciembre de 2014, al Congreso de la República, para aprobar la Ley 1740, de Inspección y Vigilancia, que terminó siendo la que ha dado instrumentos de intervención del Ministerio, para abrir investigaciones, designar inspectores in situ y hasta retirar rectores, como ha pasado con la propia San Martín, la Autónoma de Colombia y recientemente la Autónoma del Caribe.
7) Ser Pilo Paga. La buena intención del programa de que el Estado premiara a los mejores bachilleres con gratuidad en sus estudios, muy aplaudida en su comienzo, terminó siendo fuertemente criticada por el muy alto presupuesto público que significó y porque dichos recursos impactaron las finanzas de la universidad pública. Su favorecimiento a la educación privada generó mucha molestia, al punto que su reemplazo (Generación E) comenzó a disminuirlos beneficios en la privada y la actual política de gratuidad ni siquiera la tiene en cuenta.
8) Educación terciaria, postsecundaria, postmedia… Sin lograr conciliar la articulación entre la formación para el trabajo y la educación superior, y sin lograr sacar adelante y oficializar un sistema nacional de cualificaciones (en gran medida por debilidades de articulación entre los ministerios de Educación y del Trabajo), el país no puede abordar seriamente el debate sobre los diversos niveles educativos, su integración y la forma de reconocimiento. Muchas aspiran a que sea parte del debate en la nueva propuesta de ley de educación superior, pero de por medio son múltiples los intereses que complican el diálogo.
9) Paro universitario de 2018. Liderado por profesores y estudiantes, lograron que IES privadas se unieran a las públicas y presionaran para que el Gobierno aumentara las transferencias a la educación superior pública. Los rectores negociaron con el presidente Duque y la ministra Angulo por 500 mil millones, pero las comunidades universitaria no aceptaron el acuerdo, pararon el sector por dos meses y lograron que el gobierno se comprometiera con más de 4 billones para el sector.
10) Crisis en IES privadas. No aparecieron de un momento a otro. Las crisis financieras de las universidades Incca, Autónoma de Colombia, Autónoma del Caribe y San Martín vienen de mucho tiempo atrás, así como las crisis de gobernabilidad en universidades como las de Medellín, Metropolitana y recientemente, la Sergio Arboleda, responden a problemas de tiempo atrás que por excesivo respeto a la autonomía universitaria, o miedo o negligencia de parte de Mineducación, se dejaron incubar.
11) Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC: Siempe ha sido una especie de mito todo lo que rodea este tema. Por excesivo respeto a los académicos, miedo a actuaciones de Mineducación, aprobaciones de Conaces o decisiones del CNA, el hecho es que el sistema se llenó de decretos, normas, resoluciones y directivas cada vez más complejas, y hasta confusas, a tal punto que se saturó y cansó, aunque nadie lo diga públicamente. Lo claro es que con la desaceleración de la demanda, la ausencia de incentivos reales para la calidad, la tristeza del sector por la inoperancia del Nuevo Saces y el desincentivo del actual gobierno por la calidad, ésta ha pasado a ser una preocupación más de profesionales en las IES que de los propios directivos.
12) La pandemia, crisis y virtualidad. Pese a todas las expectativas de que la pandemia iba a cambiar radicalmente los formatos y modos de la educación superior, esto no pasó. Su herencia fue, básicamente, la desaparición de los colchones financieros de las IES privadas y el reconocimiento sectorial de la virtualidad como una alternativa válida de formación. Aumentaron los programas virtuales, no en la medida imaginada, pero se potenciaron las modalidades híbridas y duales y se abrió los ojos con alternativas a la presencialidad.
13) Pérdida de protagonismo de la educación tradicional. Es un hecho que la oferta en internet, de IES extranjeras, cursos cortos, bootcamps, la formación para el trabajo, los moocs, las certificaciones de parte de grandes empresas y las insignias, entre otras muchas expresiones de innovación en educación y reconocimiento de estudios, están abriendo un importante hueco a la universidad tradicional, que ha tenido que abrir los ojos para replantear su oferta si quiere mantenerse en el mercado educativo.
14) Más y más universidades físicas. El actual gobierno se ha caracterizado por hacer múltiples anuncios de nuevas IES, presenciales y no virtuales, a lo largo y ancho del país. Los anuncios aún no se han concretado, salvo en dos o tres casos, pese a que se han prometido decenas de nuevas sedes, sin claridad en torno de los recursos, formas de operación, programas y articulación con el sector. Para algunos es una apuesta populista que podría terminar en elefantes blancos. Para otros es el camino para llegar a la universalización de la matrícula. Este gobierno aún tiene dos años para concretar su propuesta.
15) Ley Estatutaria. Cuando llegó este gobierno se esperaba una reforma a la Ley 30 para favorecer la inclusión y cobertura, pero el Ministerio de Educación salió con una propuesta de Ley Estatutaria de Educación (en debate en el Congreso), que busca conceptualmente que el país se comprometa con el acceso universal para todos los connacionales, en las más diveras condiciones, regiones y niveles. El reto de la Ley, más allá de si logra ser aprobada, está en los recursos fiscales que se requieren para su puesta en marcha que, según el gobierno podría llevar su plena realización en un escenrio próximo a las dos décadas.
16) Recomposición de la oferta. La matrícula en el sector privado pasó de ser mayoritaria a minoritaria, pese a ser muchas más las IES privadas que las públicas. El poco control en la aprobación de nuevas IES y programas hizo que se redujera el promedio de estudiantes por institución y, sumado a las demandas de gratuidad y la política del actual gobierno de enfocar los apoyos de gratuidad educativa en el sector público, tiene “pasando aceite” a las IES privadas, que poco a poco ven cómo se cierran programas, e incluso, se amenaza la subsistencia de algunas, mientras que las universidades del SUE siguen creciendo, especialmente la UNAD, que se acerca -ella sola- a tener el 10 % de la matrícula de todo el sector.
17) Retos que se mantienen sin respuesta. Pasan los años y no es claro quién, qué gobierno y cómo se podrán solucionar temas neurálgicos para el sector y el país, tales como el rol del ICETEX en escenarios de gratuidad, la concreción del Marco Nacional de Cualificaciones, la apertura del sistema de educación supeiror colombiano al entorno internacional, la articulación de las universidades extranjeras en el país, un equitativo modelo de financiamiento de la educación pública, una revisión del decreto 1279, las dudas que genera el reconocimiento de la productividad docente e investigativa y la rogada, por los rectores, flexibilidad del Ministerio de Educación para el diseño, modificación y oferta de programas, entre otros muchos casos.
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El Observatorio de la Universidad Colombiana aspira a seguir trabajando para que el sector se mantenga informado.
