Mayo 12/21 En pleno paro nacional el presidente Duque confirmó gratuidad en educación superior para estratos 1 a 3 en 2021-2. ¿Qué significa realmente esto y cuáles son sus impactos?. Análisis.
Desde Cali, la ciudad más afectada por los desmanes del paro, el primer mandatario y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, confirmaron que “junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice, desde ya, que este segundo semestre del año 2.021, tendremos educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Cerca del 97 % de los estudiantes en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula”.
El anuncio puede entenderse como un gran paso en el reconocimiento de la educación superior como un derecho y, por ende, un avance en el camino de la gratuidad permanente, pero fundamentalmente, en el contexto en que se da, es una manera como el gobierno pretende neutralizar las protestas del paro nacional, respondiendo a uno de los puntos demandados por el Comité Nacional del Paro relacionado con la llamada Matrícula Cero.
Con la pandemia, para el segundo semestre del año pasado el Gobierno Nacional creó el Fondo Solidario para la Educación, a través del cual distribuyó 97 mil millones para apoyar la matrícula de estudiantes de estratos 1 y 2 en las IES públicas, cifra que ligeramente aumentó para 2.021-1, a $98.800 millones. Con esos recursos, más recursos propios y los aportes de gobernaciones y municipios, muchas IES públicas tienen actualmente gratuidad parcial o total, con lo que un importante número de estos estudiantes completarán un año y año y medio con gratuidad.
La intención del Gobierno es que esta inciativa se convierta en política pública; es decir, que dicha gratuidad sea permanente y trascienda, incluso, al actual mandatario.
Algo similar ocurrió en 2.015-2.106 con Ser Pilo Paga, programa que el presidente Santos prometió tres veces en convertir en política pública y nunca lo hizo.
¿Como operará y cuáles serán sus impactos?
El sector entra a la espera de que el Ministerio de Educación presente los lineamientos para la implementación del programa.
De ese reglamento de cómo operará se sabrá exactamente cuántos serán los beneficiados, en qué IES y con qué restricciones, así como la proyección del costo fiscal de la decisión.
Versiones preliminares sugieren que esto podría estar por el orden del billón de pesos, asumiendo que los subdidios actuales de las propias IES, gobernaciones y municipios se mantienen.
A manera de contribución al análisis de la operacionalización de la medida que el Gobierno debe hacer estas semanas, para que todo esté listo para el próximo semestre, vale la pena analizar las siguientes preguntas, porque la decisión trae, implícito, un efecto de bola de nieve, que debe contemplarse:
- ¿Qué va a pasar con la educación superior privada?, ¿con la migración de estudiantes de éstas hacia las IES públicas?
- ¿Subsidios para jóvenes de estratos 1 a 3 que se encuentran vinculados a IES privadas?
- Si el gobierno extiende la propuesta para 2.022 y siguientes, cómo se contemplará el incremento en la matrícula en las IES públicas.
- ¿Habrá recursos adicionales para mejoras las capacidades instaladas de estas IES?
- Si no se logra convertir la propuesta en políica pública pronto, ¿se garantizará la finalización de sus estudios de quienes ingresen ahora y dependan esencialmente de la gratuidad estatal?
- ¿Desaparece el programa Generación E, por lo menos en su componente de Equidad?
- ¿Y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, que anque mayoritariamente es privada, cubre estudiantes de estratos bajos?
- ¿Cómo responder a preguntas de traslado entre programas e IES públicas, cobertura de posgrados, pobre desempeño académico…?
- ¿La anunciada gratuidad trae consigo subsidios de movilidad, conectividad, manutención…?
- ¿Cómo se modificarán los créditos Icetex?
- ¿Cómo responder a los jóvenes de estratos bajos, egresados de colegios públicos y en regiones en donde no hay cobertura de la educación superior pública, o no han podido conseguir cupo en éstas?
- ¿Y los técnicos profesionales y tecnólogos, estratos 1 a 3, que quieran seguir estudios universitarios profesionales?
- ¿Habrá un sistema de retorno de recursos para el Estado, para aumentar la cobertura. Por ejemplo, un modelo similar al de ingreso contingente para los egresados?
- ¿Se revisará el concepto de estrato por el de Sisbén, que -para muchos técnicos- es más equitativo?
- ¿Habrá limitación de cupos en las IES públicas, y cómo hacer con el aumento de personas y familias en estratos 1 a 3 como resultado de la economía en al pandemia, según los datos del DANE?
Un momento para replantear condiciones
Hasta ahora, desde hace varios gobiernos, los aumentos de recursos, transferencias directas o subsidios cruzados, se han dado vía negociación y tensiones, pero no como resultado de una revisión del modelo de organización, tipología, modalidades y carácter de las IES.
Pese a que conceptualmente todas son públicas, ¿las universidades grandes van a seguir recibiendo lo mismo, independientemente de su desempeño?, ¿se les va a reconocer a las IES públicas el costo que les representa cada estudiante o el valor de la matrícula que, por estrato, este debería pagar?.
¿Qué va a pasar con los aportes de los departamentos y municipios?. Van a sostener sus ayudas o se van a “echar atrás” para que el gobierno asuma todo?
Estos son momentos (lástima la antesala política electoral), para replantear todo el sistema y volver a barajar, desde los modelos de gobierno, sistemas de transferencia, uniicación de criterios entre lo público, y hasta áreas de conocimiento a priorizar como país.
Todo eso incluye, también la educación superior privada, que ha sido fuertemente afectada en la pandemia, y sin ayudas financieras reales de parte del Gobierno Nacional. Han sufrido más que las públicas en la pandemia, y con el anuncio es posible que muchos bachilleres aumenten presiones para ingresar, gratis, a las IES públicas.
El anuncio del Gobierno llevó a que, por ejemplo, el rector de la Universidad de La Costa, Tito Crissien, quien afirmó que existen 2,5 millones de universitarios y que la mitad son de Instituciones No Estatales, por lo que pregunta si la mitad de esos jóvenes estratos 1, 2 y 3 no recibirán nada?
Hace unos días, antes de este anuncio, el rector de la Universidad de Ibagué, Alfonso Reyes Alvarado, había cuestionado la matrícula cero como, una política que genera inequidad, bajo el supuesto de que las IES privadas también hacen parte del servicio público de la educación superior.
Bajo este panorama, es claro que la decisión gubernamental es un paso importante, pero aún pequeño con respecto a lo que debiera ser.
¿Quién debe cobrar el triunfo político de esta decisión?
En el contexto polarizado del país, y a un año de elecciones presidenciales, no faltarán quienes salgan a decir que la medida es producto de su gestión.
En primera medida, pero sin orden de prioridad, se puede hablar de los políticos de centro y de izquierda que, reiteradamente, desde hace muchos años, y en los últimos años desde el año 2.010 (cuando la MANE), han patrocinado toda clase de reivindicaciones sociales y económicas para la educación superior pública. Algunos de los muchos nombres pueden ser Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Aida Abella, Clara López, Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, Aurelio Suárez, Carlos Caicedo, Angela María Robledo…
Luego, los estudiantes, quienes hasta antes de la pandemia y del acuerdo del presidente Duque con ellos, en diciembre de 2.018, hablaban de gratuidad plena y que con el Covid empezaron a hacer valer la expresión de “matrícula cero”. Hasta el momento, el movimiento estudiantil no ha salido a agradecer la decisión del gobierno nacional, y ha referido que la decisión no es una dádiva del Gobierno, sino una pertición histórica del movimiento universitario. También es claro que muchos de los estudiantes que dicen liderar estos movimientos tienen una fuerte relación, cercanía ideológica y en algunos casos hasta de dependencia laboral de algunos de los políticos arriba mencionados.
Lea: ¿Quién representa a la educación superior en el diálogo para superar el paro?
El Gobierno no pasará agachado para “cobrar” la decisión. Independientemente de las maneras, de la frustrada propuesta de reforma, de las protestas en las calles y del cómo y de dónde sacará los recursos para esta gratuidad, el presidente Duque y la ministra Angulo podrán señalar que ya no es el gobierno Santos, sino el suyo el que más recursos ha destinado a la educación superior, pues no sólo está ofreciendo esto sino también cumpliendo con los más de 4 billones comprometidos con el acuerdo que levantó el paro de 2.018. Además, podrá “adueñarse” de una bandera tradicional de la izquierda, la gratuidad educativa, pero para que electoralmente esto se haga vida, tendría que asegurar, por lo menos, todo el año 2.022 también con dichos recursos.
Lea: Lo que dice la propuesta de reforma tributaria sobre educación superior (abril 2021)
El tema es políticamente tan atractivo, que hasta el propio expresidente Uribe había pedido, literalmente, días antes, la gratuidad universitaria para los estratos 1,2 y 3.
Los hechos pueden confirmar que desde antes del paro y del texto de la polémica reforma, el propio presidente Duque había hablado de impulsar la gratuidad educativa, y en el texto de la sacrificada reforma había un artículo que buscaba ese propósito. Los estudiantes nunca aceptaron este texto de reforma, y ahora acompañan otras reclamaciones diferentes a las naturales del entorno educativo: Las críticas a las reformas laboral, pensional, la renta básica universal…
En medio de este ambiente, es claro el reto para el país (independientemente de que siga siendo dirigido, desde el Ejecutivo) por un gobierno de derecha o llegue a éste uno de izquierda: Hacer de la gratuidad algo permanente y, seguramente esto hará parte del nuevo discurso de las demandas sociales, extender dicha gratuidad a apoyos en temas de conectividad, transporte y manutención.
Por ahora, el presidente que “Vamos a transitar hacia una política pública construida con los jóvenes, para tener educación universitaria gratuita para los estratos uno, dos y tres, de manera permanente. Este es un hecho histórico y que se hace también con la voz de los jóvenes de nuestro país, que se hace también con una motivación que hemos tenido desde el primer día de Gobierno para atender a la juventud de Colombia”.
