Agosto 23/18 En una carta dirigida a la ministra Angulo, el “Grupo de Análisis del Decreto 1279 – Universidad de Antioquia”, que lidera la vocería de los profesores universitarios públicos, lista sus exigencias al Ministerio sobre la
carrera profesoral y una posible reforma al 1279, que viene trabajándose desde el gobierno anterior y que les impactaría sus ingresos por la forma como se valoraría su trabajo docente y productividad.
Aumentan su argumentación, y exigencias, con respecto a peticiones similares realizadas en junio pasado a la anterior ministra.
Amplían sus exigencias a temas como Ser Pilo Paga y criterios de Colciencias, por considerar que estos impactan las creencias que el Ministerio viene manejando, según ellos, para intentar modificar el Decreto 1279.
Las peticiones son:
1. El respeto a los derechos adquiridos de los profesores de universidades públicas. En ningún caso podrán desmejorarse los salarios y prestaciones sociales (que tienen una relación directa en materia pensional) atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
2. Rechazamos “la renovación del nombramiento” ya que se configura en una medida regresiva que acaba con la estabilidad en la carrera profesoral.
3. La concertación como punto de partida: Rechazamos reformas inconsultas que vayan en detrimento de las condiciones laborales del profesorado.
4. El punto salarial acorde a los incrementos del salario mínimo legal, la inflación y el IPC, que protege el derecho a un salario vital y móvil.
5. Nuevamente estabilizar el Publindex usando el índice de medición anterior que cobija y nivela, sin devaluar, la Base Latinoamericana Scielo. Que Colciencias deje de reinterpretar y reclasificar arbitraria y regresivamente este índice, que deprecia la valía de nuestra identidad, de nuestros acervos e imaginarios y que obstaculizan trabajar sobre problemas de geografías locales o regionales en varios idiomas, incluido el nuestro.
6. Descongelar (desde 1993) los costos generados por el crecimiento y desarrollo de las universidades estatales, incluyendo una información actualizada a la fecha de la estructura financiera de cada una de estas, que contemple las obligaciones financiadas a través de ANPFI que incrementarían los aportes de la Nación a las Universidades Estatales.
7. Reformar los Artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permita contar con un mecanismo potenciador del crecimiento y desarrollo del país a través de una formación universitaria de mayor cobertura y más incluyente.
8. Prescindir del examen de admisión a beneficiarios del programa SER PILO PAGA que aspiren a Universidades Estatales, homogenizando los procesos de ingreso a los de las Universidades Privadas.
9. Por último, que la representación profesoral al MEN nazca de la comunidad de homólogos en una elección democrática y consensuada.
La comunicación a la ministra Angulo, también señala:
Queremos señalar adicionalmente, que el Decreto 1279 ya fue inconsultamente reformado en una reclasificación del Publindex. Consideramos inquietante lo que representa un innegable hecho consumado pero aun reparable: el último índice Publindex. Con relación al sistema de homologación de revistas científicas nacionales e internacionales en el Índice Cienciométrico Publindex, como lo afirmó en el 2013 el Profesor Mario Pérez de la Universidad del Valle, su modificación arbitraria e inconsulta con la comunidad, fue una reforma al Decreto 1279 “por la puerta de atrás”, con efectos fiscales que deterioran en el mediano y largo plazo los ingresos de los Profesores Universitarios. Ahora Colciencias dice concentrarse en el impacto de estas publicaciones usando un sistema de búsqueda de
indexación diferencial (Corporativa) que arropa y protege el negocio de la ciencia en los países del primer mundo que ha hecho de las revistas científicas el mejor modelo de negocio del mundo (en el año 2014 Elsevier ganó más de 3.600 millones de euros y Springer alrededor de 3000 millones), pero indirectamente afecta la dinámica de ingresos
salariales de profesores de carrera en las Universidades públicas, lo que le ahorra literalmente “centavos” al Estado Colombiano con unos cuantos puntos salariales de profesores que antes publicaban en revistas “A1” y que de la noche a la mañana con un plumazo se ven haciéndolo en “B” (reconocidos solo la mitad de puntos salariales). Probablemente y excusándose en indicadores de mayor impacto (índice Shanghái), se ahorran la mitad de puntos salariales fraccionando su valía original lo que supuestamente refinanciaría a las universidades oficiales.
Este quimérico ideario globalizador primermundista obliga a cerca del 95% de las revistas Colombianas y al 75% de las revistas Scielo de Latinoamérica a estar en el Cuartil 4 (Q4), que corresponde al nivel inferior en términos de un impacto inviable mientras abraza la lucrativa industria editorial de otros territorios. La plataforma científica Scielo además de ser latinoamericana, literalmente defiende un modelo abierto (Open Access), accesible y liberal, por demás disruptivo para el negocio de la ciencia con enfoques opulentos de estas corporaciones acaudaladas y poderosas. En el 2017 Alemania se enfrento a Elsevier agrupando a sus 200 instituciones académicas en contra del modelo de negocio impuesto por esta corporación que desangra el presupuesto para educación de los países, consonante España, Suecia y otros países están en el mismo tenor, pero paradójicamente con una óptica acomplejada tercermundista Colciencias prósperamente arropa a Elsevier y otras editoriales similares. La medición del indexamiento de las revistas científicas, antes de su última regresiva modificación por el implacable índice Scimago, se hacía a través de árbitros y otros criterios importantes (años de existencia de la revista, periodicidad, calidad y cantidad de artículos, tipo de pares, carácter y categoría del Consejo Editorial, entre otros), pero esta intrépida decisión de Colciencias que ambiciona poner a competir más de 2500 revistas (solo de Elsevier), algunas con más de 100 años contra las latinoamericanas con 20-30 años, no tiene precedente. Esta virulenta decisión es insostenible, escandalosa y retrograda ya que vulnera tanto nuestra Base Latinoamericana Scielo, como a la comunidad científica. También expuso la sostenibilidad y permanencia en el tiempo de las revistas latinoamericanas y de paso repercutió, como era de prever, la categoría de los grupos de investigación adscritos a Colciencias.
Pertenecer al “Stablishment” no es sencillo: para que las revistas de mayor calidad y visibilidad en Latinoamérica alcancen el Cuartil 1 (Q1) se requiere alrededor de una década (Pérez), probablemente más. Con esto en mente se impide la apropiación social del conocimiento que contribuye al crecimiento y progreso social, económico, cultural, y
técnico, de nuestra sociedad. No es cierto que la última modificación del Publindex permita que se construyan comunidades académicas amplias que desbordan las fronteras locales y nacionales bajo un mismo idioma (inglés), ni que incidan en el aumento de la consulta y las citaciones de los artículos que se publican, estos supuestos sucedían antes de su inconsulta reclasificación. Las revistas de la Base Scielo publican en inglés, portugués y español y son
referenciadas por otras publicaciones internacionales en base Scopus e Isis (Elsevier y Springer entre otras). Presentar resultados en Base Scielo no es un proceso sencillo ya que utilizan estrictos términos de referencia y pares evaluadores de rigor, como lo demuestra la adquisición de Biological Research por parte de Elsevier.
Por otro lado es importante recapitular sobre una pretendida modificación del Decreto 1279 bajo el supuesto de fungir como agente causal del desfinanciamiento del Sistema Universitario Estatal. Afirmar que el Decreto 1279 está desfinanciando la universidad estatal es una falacia imprudente que no cuenta con evidencia que soporte tal desequilibrio fiscal como se trató en el taller. El borrador de CONPES sobre “Fortalecimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior pública” reconoce que se basa en un modesto análisis con reportes de la información financiera en la plataforma SNIES que no son claros y que en el MEN no se cuenta con los recursos de personal para una revisión exhaustiva de la información financiera reportada por las IES. Los estudios hechos en la UdeA por Tobón y Col. (2013), así como en la UNAL por Quimbaya y Villabona (2017); y en la Universidad del Valle por Pérez (2013), muestran todo lo contrario, estos estudios si revelan una desvalorización del poder adquisitivo del punto salarial (siempre por debajo de la inflación acumulada en cada periodo), y un invariable empobrecimiento de los aportes de la nación a las IES estatales desde hace 1/4 de siglo atrás.
Los aportes otorgados bajo la caduca óptica de la Ley 30 se ajustan solo con base a la inflación, así en términos constantes reciben los mismos recursos de una universidad estatal recién nacida que se hizo adulta en un periodo de 25 años y a crecido en infraestructura, recurso humano y población estudiantil entre otras cualificaciones. Al presupuesto de las Universidades Estatales se destinaban adiciones porcentuales de los impuestos de IVA, Renta (CREE) y Cooperativas, pero desde el 2016 se endosa la mitad de los tributos CREE a programas de becas del ICETEX y “SER PILO PAGA” (privilegio apropiado por IES Privadas), y así se ha venido restando progresivamente de estos impuestos hasta su desaparición (en el 2019 ya no los recibirán las IES Estatales).
Es importante recordar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de sus principales indicadores y criterios de exigencia mínima es el fortalecimiento de la economía del conocimiento. Así las cosas y consonantes con OCDE y UNESCO, en el ámbito internacional, la prioridad que asigna cada país a la educación se mide a través del indicador de desarrollo mundial “Gasto público en educación como participación del Producto Interno Bruto”. Conforme el SUE, el Estado tiene el deber de facilitar los mecanismos financieros que hagan posible el acceso, por derecho, de todas las personas aptas a la educación superior. El bienestar de las naciones ha estado estrechamente vinculado a la calidad y el alcance de sus sistemas e instituciones de enseñanza superior y su efecto multiplicador en el desarrollo económico y social de cualquier país. En virtud de lo expuesto, el Sistema Universitario Estatal incrementa la cobertura en 123% desde el 2000 (más con menos). Cuando Colombia destine un mayor porcentaje de su PIB acumulado a sus instituciones de educación superior, hará robusto el desarrollo de un país que es capaz de llegar a la senda del desarrollo soñado y convertirse en el paradigma en investigación, innovación y emprendimiento de muchos otros. En países como Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, este aporte supera con creces el 5%.
No podemos dejar de solicitar respetuosamente una mayor ponderación del tono en la dialéctica del disenso. Se ha presentado una evidente y sistemática desinformación que ha logrado separar en supuestos “sistemas de elite” a los profesores investigadores que segregan y los enemistan a otros ejes misionales diferentes como la docencia y la extensión, siendo preciso aclarar que tal diferenciación enturbia y disocia la dinámica organizacional. La ausencia de juicios de hecho y el repetido uso de juicios a priori y de valor (de cuestionable calidad y seriedad), que descalifican sin la menor experticia y ética trabajos logrados de un investigador con calificativos indebidos como “publicaciones de dudosa calidad”, agitan y controvierten el pundonor y la honorabilidad de un gremio que bien acrisola un país contaminado en sangrientos conflictos y una proverbial deshonestidad. Como si fuera poco, en tono desenfrenado y desenfadado se adjetiva como “Puntimetria y Puntomania” a los procesos en el que con destacado esfuerzo se logran resultados e indicadores de calidad, revertidos en puntos salariales, pero recíprocos tanto para la universidad como para el equipo de profesores que impulsa la formación de estudiantes de pregrado y postgrado.
Parafraseando a un profesor que participó en el taller de la UdeA, “…no podemos obviar y subestimar el co-provecho que genera la investigación más allá del visible punto salarial final…”. Se debe reconocer la valía, complejidad y valor agregado al proceso que culmina en una publicación que en apariencia representa solo “utilitarios” puntos salariales, pero que en perspectiva y con largo aliento son muchas otras: una ardua competitividad para la obtención de recursos a proyectos en convocatorias, estudiantes especializados y semilleros en formación, el usufructo de una infraestructura apropiada, el conocimiento y la orientación de uno o varios tutores expertos, las alianzas multicéntricas y las redes de trabajo internacional (construyendo y afianzando comunidades académicas amplias que
desbordan las fronteras), indicadores de calidad para las instituciones y su ranking, un efecto potenciador a la economía del conocimiento y finalmente un nuevo especialista que representará factor de desarrollo (Investigación, Innovación y Emprendimiento), para el estado Colombiano…”
Así las cosas, en esta dinámica irregular de juicios apresurados contra el investigador de la universidad estatal, y de intensiones reformistas regresivas, sin evidencia y rigurosos análisis que las apoyen, se vuelve imperativo expresar el desconcierto y malestar por parte de nuestra comunidad. Por tanto, y en reconocimiento al recurso humano como pieza clave de esta organización, priorizamos la dignificación de la labor del profesor universitario y la reivindicación del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas para un gremio que engrandece y empodera a la nación en uno de sus bienes preferentes más vitales: la educación superior.
Información de referencia: Junio 2018: Los argumentos de los profesores universitarios en rechazo de la posible reforma del 1279
