Consejo de Estado ratifica polémica elección de rectora de la U. Colegio Mayor de Cundinamarca

Agosto 23/18 En fallo de última instancia, el Consejo de Estado decidió que la cuestionada elección de Olga Lucía Díaz Villamizar como rectora de la U. Colegio Mayor de Cundinamarca, demandada por algunos consejeros, se mantuviera en firme, porque a su juicio no se violó la autonomía universitaria y el voto en blanco no se podía contabilizar como tal.

La decisión, sobre la que no procede recurso alguno, valida jurídicamente a la rectora, pero mantiene una sensación de incomodidad en el sector y el Consejo Superior, por cuanto un argumento de procedimiento legal (la inexistencia de una precisión en los estatutos para dar peso al voto en blanco), termina imponiéndose sobre el espíritu de la autonomía universitaria.

En noviembre pasado, el Consejo Superior eligió a Díaz Villamizar, entre una terna en la que participó con Patricia Duque Cajamarca y William Barragán Zaque, luego que el juzgado 16 Administrativo del Circuito de Bogotá le ordenara elegir sí o sí de esa terna, pese a que el voto en blanco de los consejeros se había impuesto.

La demanda de nulidad electoral fue presentada por los miembros del Consejo Superior: Luis Enrique Arango Jiménez, en su calidad de representante de los Ex rectores Universitarios; Daniel Enrique Afanador Macías, representante del Sector Productivo, y Beatriz Helena Londoño Meneses, representante de los Egresados.

Estos consideraron que la elección de la rectora no se dio de forma libre ni autónoma, por cuanto la voluntad de los consejeros se afectó con la advertencia del juzgado de un posible desacato a su decisión, con amenaza de sanción de arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 smmlv, sin perjuicio de las sanciones penales.

“La decisión autónoma y libre que adoptara el Consejo Superior Universitario de votar en blanco de forma mayoritaria fue desconocida por el Juez de tutela al considerar que el deber de ente eleccionario era nombrar un rector de la terna que fue reconformada, lo cual lesionó la garantía de la autonomía universitaria (T-525 y T-587 ambas de 2001), entendido como el derecho a elegir libre de injerencias, que no puede ser interferido por ninguna autoridad y que es lo que los demandantes están pretendiendo garantizar al demandar su propio acto”, argumentaron los demandantes.

No obstante, según la sentencia del Consejo de Estado, del pasado 9 de agosto, de los consejeros Rocío Araújo Oñate, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio, valoró que no existió coacción hacia los consejeros y, adicionalmente que “no se encuentra prevista estatutariamente que el Consejo Superior Universitario puede abstraerse de su competencia de designación dentro de la terna, pues no se advierte que le fuera viable votar en blanco, como en efecto aconteció previamente a que expidiera el Acuerdo Nº 018 de 28 de julio de 2017 que dio por terminado el proceso eleccionario y es que es claro que el voto en blanco no es viable que haga parte de la terna que se arma en aras de circunscribir y focalizar el caudal eleccionario en unos candidatos determinados y ciertos”.

No es contra Díaz; es contra la violación de la autonomía

Recuerda el fallo del Consejo de Estado que: “Sorprende que en este caso, en el acta 02 de 18 de enero de 2018, obrante a folios 234 a 239 del cuaderno 2, al presentarse al interior del Consejo Superior Universitario la discusión sobre la demanda de nulidad electoral de la actual rectora Olga Lucía Díaz Villamizar, la mayoría de los intervinientes, léase miembros electores del Consejo Superior Universitario, se decantan por entender que su querer no es demandar la elección de la doctora Díaz Villamizar, al punto de que incluso algunos de los hoy demandantes le indican a la elegida que no es nada personal y que no se encuentran descontentos con su labor y desempeño como Rectora, sino que el propósito es fijar un precedente contra los jueces de tutela sobre el respeto irrestricto y absoluto de la autonomía universitaria, que sintieron transgredido por la juez del amparo, de lo cual se evidencia que la siquis de los electores en momento alguno fue objeto de violencia sicológica en la concreción de la vulneración de la voluntad, sino que lo acontecido fue un típico caso de efectos modificatorios en el aspecto volitivo, que no afectó su derecho a elegir sino que implicó que cumplieran con el deber de designar Rector que le imponen las normas superiores y estatutarias”.

Los electores del Consejo Superior y sus reacciones

En la polémica elección de la rectora, intervinieron los siguientes miembros del Consejo Superior:

1) Lina María Zapata Bustamante (Delegada de la Ministra de Educación Nacional). Señaló la exigencia de dar cumplimiento a la orden del juez por ocasión del desacato que abrió contra los integrantes del Consejo Superior, “es una violación a la autonomía universitaria al voto en conciencia y una presión indebida para obligarnos a seleccionar una persona de una terna que en nuestro sentir y en el mío propio no cumplía las expectativas para escoger de allí al rector…”

2) Felipe Alfredo Riaño Pérez (Delegado del Presidente de la República). Expresó que emitió su voto por orden de la Juez, en virtud del Auto de Apertura del Incidente de desacato, el cual vulneró la autonomía unievrsitaria y coaccionó la libertad de conciencia y el derecho a votar libremente.

3) María Ruth Hernández Martínez (Delegada del Gobernador de Cundinamarca. Consideró la exigencia de la juez como violatoria de la autonomía universitaria.

4) Luis Enrique Arango Jiménez (Representante de los Ex rectores Universitarios). Aclaró que votó “presionado y en contra de su voluntad. La decisión de la Jueza en los alcances pretendidos, viola flagrantemente la Autonomía Universitaria, pero más aún, la Libertad de conciencia; un bien universal, que jamás puede estar ausente de la Universidad’.

5) Daniel Enrique Afanador Macías (Representante del Sector Productivo). Votó y agregó que “la motivación de este voto obedece a no ser contrario a las responsabilidades como ciudadano de acatar los fallos judiciales; pero la misma va en contra de las necesidades reales de la universidad en cuanto a quien debe ser su rector. (…) manifestó que se vulneraron sus derechos a la participación, a la libre determinación a conciencia del voto emitido y la acertada representación de los empresarios que tienen necesidades distintas a las planteadas por los ternados y vulnerado principalmente al emitir mi concepto libremente y sin presión alguna. La independencia universitaria se ve seriamente afectada por este tipo de actos, que a todas luces van en contra del máximo tesoro que posee la Educación”.

6) Carmen Cecilia Almonacid Urrego (Representante de las Directivas Académicas). Aclaró que emitió su voto por la orden judicial y ante la posible sanción consistente en arresto y multa.

7) Beatriz Helena Londoño (Representante de los Egresados. Dijo: “Nos hemos visto presionados a tomar estas acciones, dada que se está faltando a los estatutos generales del alma mater y a la violación de la autonomía universitaria a razón de la falta de conocimiento y de objetividad de una representante de la rama judicial de este país’.

8) Diana María Sánchez Caicedo (Representante de los docentes). Votó “no sin antes sentar mi voz de protesta por la negligencia de la juez en torno a la violación de la autonomía universitaria, a la intimidación y presión que está generando en cada integrante del Consejo Superior para que se designe ‘por designar’ un rector…, sin analizar la responsabilidad social y moral que esto significa”.

9) Nelson Alberto Murcia. Aclaró que su votó violaba la autonomía universitaria.

Clic para ver el fallo del Consejo_de_Estado

Información de referencia:

  1. Unicolmayor, y un ejemplo de cómo los trámites administrativos y jurídicos paralizan la gestión universitaria (junio 2018)

  2. Procuraduría pide declarar ilegal elección de rectora de Unicolmayor (julio 2018)