Julio / 23 #ReformaSíperoNOasí Para el exministro de Educación y rector de la Universidad Central, el contexto y retos de la educación superior es mucho más grande de lo planteado hasta ahora como opciones de reforma.
Antes de pensar en grandes reformas, debemos considerar qué funciona bien, cuál ha sido el camino construido, qué merece preservarse y cuáles problemas afronta la universidad actual y futura que ameriten cambios en la legislación. El marco normativo comienza en la propia Constitución Política, que consagra la autonomía de las universidades y las faculta para darse su propia organización, gobernarse y cumplir su misión formativa, investigativa y de trabajo con la sociedad. Ahora el Gobierno propone modificar la Ley 30 de 1992, ya sea parcialmente o con una reforma de fondo (aún no es claro).
Colombia ha construido el sistema de universidades durante más de cuatro siglos, desde la fundación de la Santo Tomás en 1580, la Javeriana en 1623 y El Rosario en 1653, universidades de origen privado-religioso y a la vez público, por haber recibido el sello de la Corona española. Hoy son cerca de 300 instituciones (89 tienen el carácter de universidades), entre públicas y privadas, sin ánimo de lucro, albergan a más de dos millones de jóvenes y cuentan con cerca de 160.000 docentes, un capital intelectual y social que merece ser cuidado. Cualquier cambio de la ley debe obedecer a razones técnicas y a prevenir una crisis que ya se avizora.
El sistema universitario enfrenta grandes tensiones. Si bien cerca de la mitad de nuestros bachilleres ingresa a la educación superior –en comparación con el 75 % de países Ocde–, la proporción era del 13,4 % hace apenas 25 años, lo cual dice muy bien de los logros colombianos. Sin embargo, los buenos resultados cuantitativos se empañan cuando examinamos la calidad del aprendizaje, en lo que estamos muy rezagados, como lo demuestran las pruebas Pisa en ciencia, matemáticas e idiomas, con resultados muy por debajo de casi todos los países Ocde.
El problema principal no es de cantidad, sino de baja calidad, y no se resuelve solo con incrementos presupuestales, sino con políticas públicas profundas de largo plazo. El Gobierno plantea la necesidad de incorporar 500.000 bachilleres al sistema universitario en el cuatrienio y, además, ofrecer gratuidad. Es una idea interesante, pero inviable en el corto plazo, y no resuelve el asunto de la mala calidad del aprendizaje. Tampoco convence que construir edificios universitarios en medio centenar de municipios pequeños solucione los problemas de inequidad: una universidad no es solo una edificación, sino sus docentes, diseños curriculares, laboratorios, aulas dotadas de tecnología, bibliotecas y mucho más.
El principal problema que afecta el volumen de matriculados y la calidad de los estudios es la difícil situación financiera, tanto de las instituciones públicas como de la mayoría de las privadas. En las oficiales, los presupuestos se han desfasado a la baja desde hace una década; mientras que las privadas atraviesan un período complicado por la disminución de sus ingresos y el aumento de los costos. Las públicas se deterioran, y algunas privadas están al borde de la quiebra.
La educación universitaria es cada vez más exigente y costosa, y no es fácil renovar la oferta debido a las demoras del Ministerio de Educación en aprobar nuevos programas de pre y posgrado; mientras que el mercado está inundado de cursos y programas ofrecidos a menores tarifas por entidades extranjeras que no tienen que pasar el duro “peaje” del aseguramiento de la calidad. Es plausible aliviar las carencias de las universidades oficiales que atienden el 54 % de la demanda; a las privadas se les debe respetar la autonomía y permitirles que se defiendan solas en el turbulento ambiente que afrontan, y que el Ministerio atienda oportunamente sus solicitudes, nada más.
Tomado de El Tiempo
