Julio / 23 #ReformaSíperoNOasí Para el exrector de la U. Nacional, una visión parcializada de la reforma a la Ley 30 no contribuye con los propósitos anhelados.
La Ley 30 de 1992 regula la educación superior en el país. Varias veces se ha tratado de reformar. Ya tiene 30 años, y tal vez los lectores se hayan dado cuenta de que el mundo ha cambiado en estos años. Cuando se escribió la Ley 30, el computador personal era prácticamente una curiosidad, el internet era un sueño. La investigación científica era exótica, la ley apenas contempla los posgrados, menos los doctorados, que estaban naciendo. Su definición de tipos institucionales es limitada.
Hubo intentos de reforma fallidos. Ahora parece que será una de las prioritarias del Gobierno. Bienvenida la iniciativa, pero hay que hacerla bien. Es importante despolitizarla, en el sentido de liberarla de la presión de grupos de interés y de promesas, viejas y nuevas, de unos y otros. Debe ser una reforma con gran contenido técnico, pues ya existe conocimiento sobre cómo hacerla.
Lo que hemos conocido al respecto es extraordinariamente decepcionante. El representante Jaime Raúl Salamanca, del partido Verde, quien fuera representante estudiantil, presentó un proyecto; lo inicia con: “… un reconocimiento a las históricas luchas del movimiento estudiantil, profesoral y de los trabajadores…”. Sería bueno tratar de salir de la psicología de combatientes y entrar a la de constructores.
Representantes estudiantiles de 22 universidades públicas y privadas (tenemos 300 instituciones de educación superior –IES– en el país) se reunieron en Bucaramanga en junio y produjeron un pliego con reivindicaciones que bien podía haber sido escrito en los años 20 del siglo pasado; “pago de deuda histórica”, mayor presupuesto, más bienestar, asambleas vinculantes. Nada hay sobre calidad, estructura curricular, proyecto educativo y ‘minucias’ similares.
La asociación de profesores Aspu (asociación sindical) revivió su propuesta de hace diez años. Uno de los puntos que resaltan es el cambio de gobierno por un sistema de cogobierno universitario.
El Ministerio ha convocado mesas de estudio aún incipientes, y el SUE (Sistema Universitario Estatal) se inclina por una reforma limitada solo a mecanismos de financiación.
Lo que no encontré por ningún lado fue la palabra ‘educación’. Se discuten financiación, crecimiento, gobernanza; todo muy importante, pero no es eso lo que definirá la educación superior y cómo vamos a enfrentar los retos actuales y futuros.
Porque, ¡oh sorpresa!, hay nuevos retos. Apenas mencionaré algunos (tal vez pueda ampliar después). El factor dominante hoy en la información y el conocimiento es la obsolescencia. Las carreras deben cambiar. La forma como se construyen los programas, también. Si en la reforma que aprobamos durante mi rectoría en la Universidad Nacional la palabra clave fue flexibilidad, hoy debe ser fluidez.
Hay nuevas tecnologías que impactan la pedagogía y el aprendizaje. Hay nuevos actores institucionales, y el mercado de la educación superior (que me perdonen los puristas por el uso de esa palabra pecaminosa) es global. La internacionalización será un factor determinante. Es imposible crecer sin un sistema de rendición de cuentas diferente y sin sistemas de seguimiento e información en tiempo real. Hay nuevos problemas psicológicos y algunos de los viejos se crecieron. Han cambiado las aspiraciones de los jóvenes. Es imposible no establecer comunicaciones con la sociedad y con la empresa, y contribuir directamente en la solución de sus problemas. La investigación, por tanto, será cada vez más importante en los procesos formativos.
En fin, hay mil asuntos, y más, que son absolutamente definitivos y que están siendo ignorados olímpicamente. Espero que cuando se abra la discusión pública estos aparezcan y la dominen. Una reforma de la educación superior debe estar centrada en el término ‘educación’, no en discursos recalentados.
Tomado de El Tiempo
