Sept/25 Lopera Palacio, director de www.universidad.edu.co, plantea las contradicciones de política pública que se derivan de la celebración sectorial del avance en el Congreso de la República del cambio en la forma como se harán las transferencias a las IES públicas y, en consecuencia, que haya más recursos para estas.
Cómo no celebrar que Colombia destine más recursos para su educación superior. La cobertura, la calidad, la internacionalización, la adopción de nuevas tecnologías y mejores servicios de bienestar y acompañamiento estudiantil siempre demandan más recursos. La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 (aprobada en segundo de cuatro debates en el Congreso de la República) ajustará los aportes del gobierno central a las IES públicas, pasando del IPC a la inflación, y eso, por lo menos, evitará que las instituciones no se desfinancien cuando los gastos sean mayores al IPC.
Pero, más allá de la bulla y celebración del actual Ministerio de Educación, sus aliados políticos en el Congreso (y hasta los que no, pues al fin y al cabo ningún político se va a atrever a votar en contra una iniciativa de estas que, en últimas si llega a fallar en recursos, le caerá el agua sucia al gobierno de turno y no a ellos), algunos de los muchos grupos estudiantiles afectos al progresismo, y todos los rectores de IES públicas (cómo no van a celebrar que les lleguen dos o tres pesos demás), la decisión no responde estructuralmente a como debe ser un equitativo y efectivo financiamiento público de la educación superior.
Muchas IES aprovecharán positivamente los nuevos recursos, pero como sistema no tenemos garantía de que eso pase con todas. El sector (encabezado por el Ministerio de Educación) nunca ha tenido la valentía de poner sobre la mesa los insumos, procesos y resultados de las IES públicas y definir metas y resultados tangibles conforme los recursos recibidos. Llevamos más de una década con el cuento de que hay una “deuda histórica” del Estado con la educación superior pública, sin que nunca se haya dado claridad de dónde, para qué y cómo deberían darse esos recursos.
La reforma corre el riesgo de actuar como la medida del padre de familia que, incapaz de controlar a sus hijos malcriados, cree satisfacerlos y calmarlos dándoles más dinero, sin preguntarse para qué ni cómo los emplearán.
Además de que no será la panacea para el sector (pese a que se hable de que se asegurarán recursos por varios años, y seguramente a la vuelta de dos o tres años, otra vez, estarán el SUE y la RedTTU pidiendo más recursos, como resultado de las apuestas de cobertura, de nuevas extensiones universitarias del actual gobierno y de una práctica mendicante que les ha dado resultado), la perpetuación del modelo inercial e inequitativo de asignación de recursos sigue replicando preocupantes inequidades.
Por ejemplo, en medio del discurso por la educación pública y la gratuidad, se desconoce la realidad de cerca de un millón de estudiantes de estratos bajos en las IES privadas (es como si no existieran para el sistema); se continúa la odiosa discriminación entre universidades mal llamadas grandes y pequeñas (y entonces la Nacional, la de Antioquia, el Valle y la UIS, entre otras, seguirán recibiendo muchísimos más recursos per cápita -pese a que paradójicamente tienen problemas de orden público, violencia, gobernabilidad, financiamiento y cultura interna- que el resto de IES que, también paradójicamente, cada vez mejoran en resultados de calidad, convivencia y aporte social, con muchas menos transferencias); y se sigue mandando un peligroso mensaje a la sociedad y al mercado laboral de que, por ejemplo, un egresado de las Unidades Tecnológicas de Santander o del Instituto Universitario de la Paz es de “menor” calidad -por haberse formado con muchísimos menos recursos públicos- que uno de la Universidad del Atlántico o de la UPTC, solo por el hecho de que no son universidad -pese a que forman igual y titulan igual, también con calidad- pero parecen pagar el “pecado” de no haber nacido como universidades). Y, como una amarga cereza sobre el pastel, valdría añadir el clasista modelo de exclusión y de subestimación del recurso público hacia las IES TyT, a las que se trata como si fueran de la peor familia.
La situación amerita una reflexión ética, de compromiso social y de real política pública. Al respecto, invito a analizar en detalle el diálogo de, tal vez, los dos más destacados y actuales analistas mundiales acerca del transfondo y el impacto de decisiones gubernamentales como estas: El economista francés Thomas Piketty, y el filósofo estadounidense Michael Sandel, en sus conversaciones sobre la Igualdad. Sobre la impresionante diferencia del gasto federal norteamericano a favor de la universidad sobre las instituciones de formación profesional y técnica (tal y como pasa en Colombia), Sandel la considera como una falta de respeto a estas personas como producto de un prejuicio credencialista y meritocrático de quienes diseñan estas políticas (oído, señores congresistas de Colombia). A su vez, para Piketty, esta discriminación corresponde a una hipocresía, que no solo resulta injusta sino que, dice, cuestiona la dignidad de las personas.
Mientras se siga viendo la financiación de la educación superior como un asunto de tensiones entre sus actores, de lobby político y de capacidad fiscal, y no como una apuesta nacional por equilibrar las condiciones de acceso y formación, versus rendición de cuentas y resultados de los colombianos que se están formando con el presupuesto público, a la luz de un proyecto de país, nunca serán suficientes los recursos que se destinen. Así, el sistema seguirá, mal permitiendo, que cada universidad pública defina sus propias inversiones en multimillonarios softwares que poco o nada comparten, al igual que infraestructura y laboratorios, y el capricho político y los prejuicios, llevan a abrir y abrir sedes con un futuro de pronóstico reservado y a estigmatizar a modelos, rectores y otros actores y regiones.
Leer las otras columnas de Carlos Mario Lopera
