Mayo 6/26 El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Fundación para el Futuro de Colombia (COLFUTURO) ha pasado de ser una disputa por retrasos administrativos a un escenario de presunta corrupción y falta de control fiscal, que vendría de gobiernos anteriores.
La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, ha radicado ante los organismos de control un informe que señala la administración irregular de más de $540.000 millones de pesos destinados a la formación de posgrado de colombianos en el exterior.
De confirmarse estos hallazgos, sería uno de los mayores escándalos de gestión de recursos para educación superior en la historia reciente, comprometiendo la transparencia del modelo público-privado que ha operado por más de tres décadas.
Los hallazgos denunciados
La auditoría financiera practicada por la Dirección de Gestión de Recursos del Ministerio reveló una serie de “debilidades que pueden comprometer la transparencia, la eficiencia y el control sobre el patrimonio público”. Entre los puntos más alarmantes del comunicado se encuentran:
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Inversiones en paraísos fiscales: El Ministerio señala que al cierre de 2025, el 96% del portafolio (equivalente a más de $99.000 millones de pesos) se encontraba “concentrado en depósitos a término en tres entidades bancarias colombianas con operación en Panamá, jurisdicción incluida en listados internacionales de vigilancia tributaria”.
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Mezcla de dineros públicos y privados: Entre 2009 y 2022, la entidad habría operado “sin separación de cuentas respecto de sus fondos propios, distribuyendo rendimientos financieros estimados en COP $4.800 millones mediante un prorrateo interno no documentado”.
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Activos ociosos: La revisión identificó que el 93% de los fondos permanecía inactivo en cuentas corrientes sin retorno a finales de 2024. Textualmente, el documento denuncia una cuenta en el Banco de Bogotá Miami con USD $7 millones “estáticos durante más de un año, con rendimientos dejados de percibir calculados en COP $2.755 millones”.
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Sociedades opacas: Se identificó un certificado de depósito por USD $144.000 emitido a nombre de una “sociedad domiciliada en un bufete de servicios corporativos panameño”, sin relación clara establecida con COLFUTURO.
Impactos directos
Este hallazgo tiene implicaciones:
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Legales: La radicación ante organismos de control podría derivar en medidas cautelares sobre las cuentas de COLFUTURO, lo que congelaría cualquier posibilidad de nuevos desembolsos inmediatos.
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Financieras: Si se comprueban los “rendimientos dejados de percibir” y el manejo irregular en Panamá, la entidad podría enfrentar sanciones multimillonarias que afectarían su sostenibilidad.
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Impacto humano: Los potenciales beneficiarios enfrentan un panorama de incertidumbre total. La confianza de las universidades extranjeras en el aval de COLFUTURO podría colapsar, resultando en cancelaciones de matrículas y revocatorias de visas para miles de estudiantes que dependen de este modelo para financiar su estancia en el exterior.
Acciones paralelas de Minciencias
Ante el desgaste de la relación con COLFUTURO, agravada desde finales del año pasado, el actual Gobierno ha impulsado la “Territorialización de la Ciencia”, con un enfoque en formación para otros públicos y con énfasis nacional. Entre las alternativas presentadas destacan:
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El fortalecimiento de becas directas a través del ICETEX, buscando eliminar intermediarios privados.
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Nuevas convocatorias financiadas con el Sistema General de Regalías, enfocadas en que los estudiantes realicen sus investigaciones en regiones apartadas de Colombia.
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Créditos condonables gestionados directamente por Minciencias, bajo criterios de retorno social y no solo de excelencia académica en universidades del “primer mundo”.
Los críticos del Gobierno advierten que estas acciones son insuficientes y defienden la formación de alto nivel que otros colombianos han logrado en el exterior gracias a Colfuturo.
Denuncia en un ambiente politizado
En el ocaso del actual gobierno y con las elecciones en el horizonte, esta denuncia se lee como un último esfuerzo por legitimar el cambio de modelo. Al señalar irregularidades que datan desde 2009, el Ministerio traslada la responsabilidad (el “agua sucia”) a las administraciones de los últimos 14 años, tildándolas de permisivas con la gestión privada de lo público.
Vale advertir que Minciencias también tiene una pelea casada con Avanciencia, en donde hay serias dudas sobre las pruebas y denuncias que soportan las crítica del Ministerio a la ONG de fomento de la ciencia.
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