Abril 14/26 Aunque la ministra Yesenia Olaya ha pedido que Avanciencia devuelva 20.483 millones de pesos de un contrato de 2019, hay certificaciones del propio Minciencias que validan que dicha Asociación sí cumplió con más del 90 % del contrato, y que el saldo se está discutiendo por temas más de forma.
El contrato en cuestión, el 720-2019, se basó en “administrar los proyectos de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias, orientados a la Apropiación Social de la CTeI, Difusión de la CTeI, y fortalecimiento de los programas Jóvenes Investigadores e Innovadores y Ondas”. El contrato fue suscrito, por parte de Avanciencia, por la entonces directora ejecutiva María Piedad Villaveces Niño.
A pesar de haber alcanzado un cumplimiento superior al 93% en sus metas técnicas y de contar con certificaciones de satisfacción emitidas por el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia -antes ACAC) enfrenta hoy una encrucijada legal. El Ministerio, bajo la administración de la ministra Yesenia Olaya, ha escalado el conflicto hacia una liquidación unilateral exigiendo el reintegro de más de $20.500 millones de pesos.
Fuentes del sector sugieren tres posibles causas detrás de esta ofensiva: la tensión personal y política entre la ministra y algunos voceros del sector de ciencia y tecnología, partícipes en Avanciencia, que han cuestionado problemas de gerencia en Minciencias; la falta de coherencia gerencial evidenciada en el desfile de directivos de la entidad y de 10 supervisores distintos en el contrato en discusión; o, incluso, una forma del actual Ministerio de desvirtuar la gestión de convenios suscritos en el gobierno Duque.
El Origen del Conflicto
El contrato, operado a través del Fondo Francisco José de Caldas, tenía como misión vitalizar programas bandera como Ondas y Jóvenes Investigadores. Durante seis años, y con seis otrosíes que elevaron su valor por encima de los $14.000 millones adicionales, el contrato fue el motor de la apropiación social del conocimiento en Colombia.
Tras casi cinco años de ejecución, todo marchó muy bien hasta comienzos de 2024, cuando salió la supervisora inicial -Lilia Segura Acevedo- y comenzó el desfile de supervisores.
Por ejemplo, luego de que el Ministerio certificará los cumplimientos de Avanciencia, este comenzó a alegar una falta total de soportes técnicos y financieros. Incluso, señaló que los recursos se habrían desviado a gastos no justificados (como viajes) y que no existe evidencia documental que blinde a la entidad ante posibles hallazgos de los entes de control. Aunque la naturaleza del contrato obligaba a realizar viajes, por ser un programa de territorialización.
Avanciencia ha calificado estas críticas de “incoherentes”, y argumenta que no se movió un solo peso sin la autorización previa de Minciencias a través del sistema digital UNISONO. Es más, que el Ministerio validó cada informe mensual durante casi cinco años.
Las “Pruebas Reinas” de Avanciencia
La defensa de la asociación se soporta en documentos que el Ministerio parece haber omitido en sus recientes comunicados:
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El Informe de Supervisión de febrero de 2024: Firmado por Segura Acevedo certifica un 93% de cumplimiento técnico y una ejecución financiera “adecuada” del 84%. El documento afirma taxativamente que “los soportes y comprobantes de pago forman parte del archivo documental” radicado en el Ministerio.
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Certificación de No Siniestro: En julio de 2023, el propio Ministerio certificó que no existían incumplimientos ni siniestros en el contrato, lo que contradice la tesis actual de una supuesta irregularidad de larga data.
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La Ruptura de la Continuidad: Tras la salida de la supervisora histórica en marzo de 2024, el contrato pasó por las manos de 9 supervisores más, y hoy está en manos de Juan Pablo Rodríguez. Este cambio constante de criterios administrativos transformó procesos previamente aprobados en “faltas de idoneidad”.
Hacia el Estrado Judicial
Cuando el contrato se encaminaba hacia la liquidación, en noviembre de 2025 se hicieron mesas de conciliación que no prosperaron, y hace pocas semanas el propio Ministerio ha pedido públicamente la devolución total de los fondos, por lo que el caso se encamina a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Al día de hoy Avanciencia ha solicitado a Fiducoldex y a Minciencias activar el mecanismo de arreglo directo realizando una revisión integral y comparativa de los informes de supervisión emitidos durante la ejecución del contrato considerando la continuidad, coherencia técnica y validez de los mismos y adelantar la formalización de las actas correspondientes al proceso de controversias contractuales en el marco de la liquidación del contrato, sin respuesta aún por parte de las entidades contratantes.
De no avanzarse, será un juez quien deberá decidir si el Ministerio puede desconocer legalmente sus propias supervisiones previas o si, por el contrario, se trata de una persecución administrativa contra un aliado histórico de la ciencia en Colombia.
