Mineducación impone medidas preventivas, de inspección y vigilancia, a Uniciencia

Dic 1/21 Uniciencia muestra serios problemas de gestión, gobernabilidad, representatividad y manejo financiero, y a juicio del Ministerio esto puede afectar el servicio educativo.

Por ello, mediante resolución 22210, del 19 de noviembre aplicó lo contemplado en la Ley de Inspección y Vigilacnia (1740 de 2014) y actuó en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – Uniciencia, disponiendo vigilancia especial y designando un  “Inspector in situ” (por definir), para que vigile permanentemente y mientras subsistan las situaciones que originaron las medidas, la gestión administrativa y financiera, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad.

Según la resolución, Uniciencia “presenta debilidades, anormalidades e irregularidades, fundamentalmente, en aspectos de gobierno institucional y financieros”, y por lo mismo, “se encuentra bajo una crisis de gobernabilidad, derivada de una parálisis de su máximo órgano de dirección y gobierno, instancia que carece de una agenda estratégica para su funcionamiento, que pueda evitar que la institución adopte decisiones antitécnicas, antieconómicas o improvisadas y expone a la IES a la incertidumbre en la toma de decisiones, lo que a la postre impacta el normal funcionamiento de todas las instancias de dirección y gobierno”.

Tras una investigación, la cartera educativa decidió:

1. Ordenar a Uniciencia elaborar, implementar y ejecutar un plan de mejoramiento, previa presentación de este ante el Ministerio de Educación Nacional, y que debe ser elaborado en los plazos y con los lineamientos señalados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior y con el acompañamiento de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES.

2. Atender las condiciones de carácter administrativo y financiero impartidas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio.

Los “síntomas” de la crisis

Del documento del Ministerio se extracta que:

La institución no había decidido sobre los estados financieros correspondientes a la vigencia 2020, no había elegido a su revisor fiscal, ni había designado un rector en propiedad, a pesar de que la Subdirección de Inspección y Vigilancia llevó a cabo varias mesas de trabajo con miembros de la Asamblea General y el rector encargado de la Corporación, en las que se explicó la importancia del normal desarrollo de las funciones a cargo de los órganos de gobierno e instancias de decisión, y el riesgo que representa la omisión en el cumplimiento de las funciones estatutariamente asignadas a estos.

Vale recordar que Uniciencia ha venido enfrentando fuertes diferencias entre el rector anterior y el actual. Joven rector de Uniciencia “no cumple los requisitos para el cargo”

Desde julio de 2.019 el rector encargado es Diego Arturo Tamayo Salcedo (foto).

Esta parálisis en el desarrollo de las funciones del máximo órgano de gobierno constituyen una afectación grave de las condiciones de calidad del servicio, máxime si se tiene en cuenta que el gobierno institucional es una de las condiciones institucionales de calidad, del Decreto 1330 de 2019.

La Institución tampoco cuenta con representantes de los estamentos de docentes y estudiantes en su máximo órgano de dirección y gobierno.

Vale señalar que con fecha 29 de octubre, Uniciencia expidió la Resolución rectoral que posesionó los nuevos representantes.

También se comprobó que la Institución habría desconocido los requisitos estatutarios y reglamentarios al momento de designar a su rector y vicerrector administrativo y financiero.

Se evidenció un presunto desconocimiento del derecho que le asiste a los miembros corporados y adherentes, de acceder oportunamente a los libros, actas y documentos administrativos y financieros de la Corporación, y al mismo tiempo, un posible incumplimiento del deber que le asiste a la administración de la institución, de informar oportunamente a la Asamblea General sobre su gestión y sobre el estado de cuentas de Uniciencia. Varios miembros de la Asamblea General, e inclusive la revisora fiscal manifestaron que la administración de la IES, en cabeza de su rector, les impidieron conocer la información correspondiente a los estados financieros de la vigencia 2020, con antelación a la sesión convocada para el mes de marzo de 2021, en donde serían presentados y discutidos.

Tal situación habría generado un panorama desfavorable para la discusión de los estados financieros en el máximo órgano de dirección y gobierno, los cuales, como se advirtió anteriormente, no han sido aprobados a la fecha de ese informe.

Asimismo, se evidenciaron presuntas omisiones y extralimitaciones en la celebración de contratos y la expedición de actos desconociendo lo establecido en los propios estatutos y reglamentos de la Corporación, tal como se describió en los informes técnicos antes referidos.

Además, los informes técnicos presentados ante la Subdirección de Inspección y Vigilancia evidenciaron que, entre el 28 de marzo de 2019 y el 01 de julio de 2020, la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo no contó con un revisor fiscal, con lo cual habría incumplido la normatividad legal y reglamentaria que exige a las IES privadas contar con dicha figura de manera permanente. Y desde el 01 de julio de 2021 y hasta la fecha la institución no cuenta con un revisor fiscal.

Los Estados Financieros de la Institución no fueron aprobados formalmente por la Asamblea General, ni se suscribieron las Actas de Asamblea. Asimismo, en el proyecto de Estados Financieros se evidenciaron inconsistencias, tales como; una diferencia en la sumatoria de los pasivos corrientes en el Estado de Situación Financiera suministrado por la IES (EEFF comparativo 2020); diferencias en los saldos de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos reportados en HECAA de SNIES frente a los certificados que fueron suministrados por la IES; inconsistencia en las cifras certificadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la vigencia 2020; en la nota sobre cuentas por pagar, la Institución presentó únicamente los saldos comparativos de las cuentas que componen este pasivo, lo que es insuficiente frente a lo requerido por los párrafos 8 a 10 de la norma “Cuentas por pagar”, según los cuales se debe revelar información sobre las condiciones de plazo, vencimiento y tasas pactadas de cada cuenta por pagar, así como información relativa al incumplimiento de pago y la baja en cuentas. Todo lo anterior, genera incertidumbre en cuanto a la veracidad de la información entregada.

El informa también dice que la IES se encuentra en riesgo financiero contemplando que su capacidad operativa, se puede ver afectada por la probable imposibilidad de hacer frente a las obligaciones a corto plazo, así como su grado de endeudamiento y su recientemente nivel óptimo alcanzado en solvencia.

Finalmente, se evidenció que la operación de Bucaramanga apalancó la operación de Bogotá, sin embargo, para ambas ciudades se evidenciaron rubros con comportamientos que distan del objetivo esencial de presupuestar el ejercicio, variaciones sumamente significativas representadas en sobre recaudos, bajos porcentajes de recaudos, sobre ejecuciones y bajos porcentajes de ejecución; lo anterior en resultado implica un “ahorro” para la IES (sin que el objeto de las IES sea generar excedentes, que en cualquier caso deben reinvertirse), sin embargo, se debería evaluar el efecto en cada rubro, especialmente lo correspondiente a la eficiencia y correcta inversión de los recursos.

.

La foto corresponde a una autodescripción de Uniciencia

Loading

Compartir en redes