Agosto 30/23 Ad portas de que el Consejo Directivo eligiera rector a uno de los cuatro aspirantes validados (de un listado inicial de 13 candidatos), una carta de Mineducación pide suspender el proceso por 30 sías, mientras se confirme si hay o no irregularidades.
El cúmulo de conflictos internos (entre ellos discusiones en el Consejo Directivo con el designado del presidente Petro, Ronald Idrobo, representante estudiantil, quien habría recibido amenazas) y diversas acusaciones de favorecimientos, manipulación y mal manejo administrativo, llevó a que se presentaran quejas ante el Ministerio de Educación Nacional, cuya subdirección de Inspección y Vigilancia ordenó no elegir rector hasta tanto investigue, so pena de incurrir en una multa cercana a los 100 millones de pesos, tras denuncias de la propia delegada del Ministerio en esa IES.
A lo anterior se suma la polarización política entre cercanos y distantes del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el presidente Petro y su designado.
Muy polémico ha sido este proceso de elección rectoral para los próximos cuatro años, en búsqueda del titular del cargo, tras el fallecimiento de José Fernando Arroyo, en abril pasado.
En la búsqueda de candidatos, a mediados de agosto se realizó la consulta estamentaria entre 13 candidatos (3 de ellos sacaron cero votos), quedando definidos Diego Fernando Orejuela Aristizábal (Estamento Egresados); Jhonatan Betancourt Peña (Estamento Docentes); Patricia Martínez -actual rectora encargada- (Estamento Directivas Académicas y Administrativas) y Roger Stiver Micolta Truque (Estamento Estudiantes). Foto.
La presidencia del Consejo Directivo la viene desempeñando la jefa de comunicaciones de la Alcaldía, Luz Marina Cuéllar.
Problemas de tiempo atrás
Hasta su muerte, Arroyo fue rector por 21 años.
En marzo pasado, un mes antes de su muerte, el Juzgado Sexto Penal de Cali emitió un fallo en primera instancia contra José Fernando Arroyo por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y fue condenado a 76 meses de prisión, una multa superior a los $29 millones y una inhabilidad total de 92 meses para ejercer funciones públicas.
Pero Arroyo falleció antes de poder recurrir a las instancias a las que tenía derecho para defenderse de una acusaciones que llevaban cerca de 15 años.
Según relata el diario El País, “en la Escuela, como en la política, aplica perfecto la premisa de que ‘a rey muerto, rey puesto’ y mientras el cuerpo del rector Arroyo era velado en una funeraria en Cali, ese mismo día a las 11:00 de la mañana los dos sectores presentes dentro del Consejo Directivo de la escuela (elegidos y designados) se enfrentaban en una batalla verbal por dejar a alguien de su misma línea como el rector encargado”.
