Junio 17/23 La Mineducación no se “dejó echar tierra” tras las críticas de un sector del SUE y en muy pocas horas citó a rectores y logró el respaldo de la RedTTU y de algunos rectores de universidades públicas.
Tras la incómoda sorpresa que se llevó en el encuentro de rectores del Sistema Universitario Estatal SUE el miércoles pasado, realizado en la Universidad del Quindío, y en donde los rectores -en cabeza de Jairo Torres Oviedo, de Unicórdoba– leyeron una carta para el presidente Petro en la que denunciaban ausencia de espacios de diálogo y de acciones del Ministerio en temas claves de política pública, cobertura, calidad y Ley 30, la ministra Aurora Vergara Figueroa y su equipo se movieron rápido y en menos de dos días, a primera hora del viernes, reunieron en Bogotá a los rectores de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas RedTTU y a unos pocos rectores del SUE.
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En la reunión, Torres Oviedo participó virtualmente. Señaló que “las 34 universidades públicas del país apoyamos el modelo de financiamiento que está promoviendo el Ministerio de Educación para lograr la sostenibilidad de las IES oficiales”, y no hizo referencia a las críticas de la comunicación a Presidencia.
Igualmente estuvieron presentes rectores protagónicos en las universidades públicas, como Dolly Montoya (Nacional de Colombia) y Hernán Porras (UIS), que tras lo sucedido en Armenia dijeron públicamente, al igual que los rectores de Antioquia, Valle y Pedagógica Nacional, que no respaldaban la carta leída por Torres en compañía de otros rectores.
Todos los rectores y delegados de estos en la RedTTU se han ratificado en su respaldo a la ministra y sus políticas, así como unos pocos del SUE (el listado oficial definitivo no se conoce). En ambos casos, se dice, la expectativa por recibir más recursos, por parte de las 30 Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas, además de mejorar cobertura en regiones de interés del gobierno, y de no perder alianzas, contratos y espacio político (en el caso de las universidades públicas “grandes”), es lo que está condicionando esencialmente el apoyo a la ministra.
“Las 30 ITTU públicas estamos comprometidas con la Reforma a la Ley 30 de 1992 y con lo planteado por el Ministerio de Educación en el programa de ampliación de cobertura, en donde estamos dispuestos a apoyar con al menos 178.000 nuevos cupos en el cuatrienio”, señaló el presidente de la RedTTU, Gustavo Rubio, mientras que Felipe Ortiz (director ejecutivo de la misma Red), valoró las que llamó propuestas de carácter estratégico y táctico.
Entre tanto, por el SUE intervino, en la presentación de las conclusiones, Enrique Vera, rector de la UPTC, quien luego de la reunión analizó con su equipo y el Ministerio la expectativa del cumplimiento de este último de los compromisos adquiridos por el gobierno, en 2022, cuando se levantó la huelga de docentes de esa Universidad.
Lo que deja esta situación
1) No es precisa la agenda del gobierno al respecto. El mensaje es que se quiere reformar la Ley 30 (e incluso la ministra ha hablado de tenerla lista el 20 de julio), pero los rectores ni el sector saben el cómo, quiénes ni en qué temas puntuales. Salvo que el Ministerio esté redactando un proyecto de ley a espaldas del sector para presentar al comienzo de la próxima legislatura, no hay forma práctica de que se logre en tan poco tiempo con la concertación sectorial.
2) Más allá de los anuncios de aumento en recursos para las IES y universidades públicas, si termina de avanzar positivamente la adición presupuestal que se tramita en el Congreso de la República, no hay acciones concretas, en tiempos, actores y resultados, que den claridad al sector y a la opinión pública de qué es lo que realmente se va a hacer. Una vez más, como ya ha pasado en otros encuentros, se habla del compromiso del SUE y de la RedTTU de aportar en la meta de los 500 mil nuevos cupos prometidos desde 2022, pero más allá del anuncio no hay definición exacta de cuándo y en qué formas. Y ¿el plan de nuevas sedes, universitarios, centros educativos o como se quieran llamar?, tampoco se concreta.
En el uso del lenguaje y los verbos, el discurso de la ministra sigue siendo más político inspirador que técnico ejecutivo ministerial. Tras un ambiente tenso en el que el país espera resultados, Vergara Figueroa sintetiza que una reunión como ésta trabajó en “analizar el plan de aumento de cobertura”, en “deliberar” y en que se “recibirán noticias”… pero nada de “hacer” y “concluir”.
3) Claramente hay una pública división al interior del Sistema Universitario Estatal. La anunciada carta para el presidente aumentó las diferencias. Las universidades mal llamadas “grandes” abrieron más la brecha al distanciarse y ambos sectores (los cercanos a la presidencia del SUE como los ahora cercanos a la ministra) buscan con diferente estrategia acercarse al presidente Petro, quien -en últimas- es el que incide sobre las decisiones claves. Paradójicamente, incluso si en el Congreso avanza la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, los problemas de inequidad y absurdas diferencias en las transferencias por estudiante seguirán manteniéndose y las “grandes” seguirán reinando.
4) El sector privado se mantiene al margen del escenario real de las decisiones estratégicas políticas claves. Más allá de algunas opiniones individuales de rectores y de acercamientos de asociaciones como ASCUN y ACIET, lo cierto es que, hasta el momento, ellas no juegan a nada, con el enorme riesgo que pueden sufrir si aparece una sorpresiva reforma a la Ley 30 que las afecte.
