No permitir nuevos vientos motivaron cambio de la Sala General de la U. Autónoma del Caribe

Dic 14/19 Entorpecer medidas del Ministerio, no entregar información y no permitir la participación de la comunidad académica llevaron, entre otros motivos, a que se ordenara el reemplazo de sus miembros.

El reemplazo de seis miembros de la Sala General de la U. Autónoma del Caribe (foto), por el término de un año prorrogable por una sola vez, fue motivado en siete conductas que han dificultado la implementación de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional en medio del proceso de vigilancia especial que se adelanta desde febrero de 2018.

A través de la resolución 013650 del 10 de diciembre de 2019, el MEN aseguró que Álvaro Cervantes Sanjuanelo, Paúl García Visbal, Fredy Álvarez Martínez, Francisco Gómez Miranda, Arnulfo Rico Camacho y María Cristina Vargas no han cumplido con las tareas encargadas y con su remoción se busca  superar “la situación de anormalidad y deficiencia” que se registra al interior de la alma mater.

Según el MEN, a pesar de que le vigilancia especial lleva vigente más de un año, no se han podido adoptar de manera efectiva medidas que permitan superar las situaciones y causas que las originaron, teniendo en cuenta que persisten hechos y prácticas institucionales que mantienen en continuo riesgo y peligro el servicio de educación superior.

En el documento, que fue firmado por la ministra María Victoria Angulo, se expone que los mencionados directivos han incumplido con la entrega de informes detallados y soportados, los cuales fueron solicitados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior en aspectos tales como asuntos laborales y bonificaciones, auxilios, becas y otros reconocimientos extralegales otorgados al personal directivo o exdirectivo, así como asuntos relacionados con el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética.

Asimismo, el MEN dijo que los directivos tampoco presentaron un informe detallado con relación a la reforma estatutaria, fuentes de ingresos adicionales y vigilancia de recursos, entre otros temas.

El Ministerio de Educación también indicó que los directivos en cuestión han dificultado la implementación de medidas y órdenes adicionales al no entregar la información y documentación (informes detallados y soportados) en las condiciones exigidas.

Además, han incumplido con las órdenes y medidas de carácter administrativo adoptadas por la Dirección de Calidad para la Educación, teniendo en cuenta que no se cumplió con lo propuesto en el plan de mejoramiento que fue aprobado formalmente por la Sala General, a pesar de ser su función estatutaria y haberse requerido por parte de la entidad.

Incumplimiento de recomendaciones

El Ministerio de Educación también mencionó que los seis directivos no tuvieron en cuenta las recomendaciones y sugerencias que fueron realizadas a través de dos comunicaciones con relación al articulado contenido en la reforma estatutaria propuesta.

A través de dichas misivas, el MEN buscaba que la mencionada propuesta fuera ajustada y cumpliera con los fines y objetivos dispuestos en la Constitución, la Ley 30 de 1992, el decreto 1075 de 2015 y el acuerdo 02 de 2017 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

“Es claro que las respuestas dadas y de la revisión de los soportes que se remitieron, así como los enviados como sustento del estudio de ratificación de reforma estatutaria, los directivos son conscientes de la inobservancia de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento”, se lee en la resolución.

Además, el Ministerio indicó que la reforma propuesta no se encuentra ajustada a las disposiciones contenidas en el acuerdo 02 del 2017 del CESU, por medio del cual se establece la política pública para el mejoramiento del Gobierno nacional en las Instituciones de Educación Superior.

Inspector in situ

Por otro lado, el MEN indicó que los directivos han dificultado el cumplimiento de las funciones del inspector in situ, teniendo en cuenta que en un informe radicado el 5 de noviembre del presente año se advierte sobre la necesidad de “señalar las condiciones necesarias para que los miembros de la Sala General realicen y desarrollen las sesiones y las actas de las mismas, conforme al rigor y exigencia que se espera”.

Es decir, el Ministerio abogó para que se “propenda porque estas se desarrollen atendiendo al orden del día propuesto, a lo discutido y lo aprobado de manera clara y precisa”, para así permitir que se realice el seguimiento que corresponde a las decisiones que se adopten en las sesiones del órgano colegiado, teniendo en cuenta que se encuentra vigente la vigilancia especial.

El Ministerio también expresó que los seis directivos han entorpecido la implementación de las medidas eficaces durante la vigilancia especial, teniendo en cuenta que los estatutos vigentes de la Universidad Autónoma del Caribe contemplan cuales son las clases de miembros de la corporación y las calidades que deben cumplir para ser parte de la misma.

Empero, esos aspectos no fueron tenidos en cuenta en el proyecto de reforma estatutaria que se sometió a consideración del Ministerio y fue aprobado en reunión extraordinaria de la Sala General, lo que conlleva a la desnaturalización de “su estructura y la voluntad de sus fundadores”, ya que en la propuesta no se especifica quiénes pueden ser sus miembros.

Para el MEN, se presenta así un vacío en este aspecto fundamental debido a que su función y misión principal es la prestación de un servicio público.

Elección de miembros

El Ministerio explicó que en la propuesta de reforma que había presentado la Sala General se señala que la elección de sus miembros se hará mediante el sistema de cooptación, permitiendo que los mismos integrantes del órgano colegiado sean los encargados de designar a sus integrantes “sin ningún tipo de restricción o limitación, dejando por fuera a los estamentos de la comunidad académica”.

De esta forma se permitiría que la toma de decisiones en la universidad “nuevamente” se concentre en un número limitado de personas, siendo esta una de las principales causas de la situación anormal al interior de la Universidad Autónoma del Caribe.

“Esto significa dejar indemne las causas que dieron origen a la situación que atraviesa la universidad, a pesar de haber sido advertido oportunamente a la institución por parte del MEN a través de observaciones a la propuesta de reforma enviada para su ratificación”, indica la mencionada resolución.

¿Cuáles son las funciones de la Sala General?

La Sala General es considerada como el órgano de dirección al cual le corresponde asegurar la consecución de los fines para los cuales se fundó la Universidad Autónoma del Caribe y velar por su estabilidad, desarrollo y progreso, así como el fiel cumplimiento de los estatutos.

Dicha definición se encuentra contemplada en la resolución 16835 de 2016, expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para ratificar una reforma estatutaria a la Universidad Autónoma del Caribe.

En dicha resolución también se expone que escoger al presidente, al revisor fiscal, al secretario y a los representantes de la Sala General en el Consejo Directivo hace parte de las funciones aprobadas para la Sala General.

Este órgano también es el encargado de oír y aprobar los informes que presenten los funcionarios de la corporación, decretar la disolución y reglamentar la liquidación de la Corporación en su caso.

Además, la Sala General debe aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, los estados financieros y recibir el informe de la revisoría fiscal, así como debe autorizar al representante legal para celebrar actos, contratos y/o convenios cuya cuantía supere los 1.455 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otras funciones relacionadas en el artículo 27 de los estatutos de la Universidad Autónoma del Caribe.

Tomado de El Heraldo