Novedades, impactos y preguntas que deja el nuevo decreto de calidad

Julio 28/19 El Decreto 1330, tras casi 2 años de análisis y la aceptación de la mayoría de IES y rectores, moderniza procesos y atiende reclamos, pero no da un paso trascendental para dar norte a un sistema desarticulado.

Como pocas veces se da, su firma la hicieron el presidente y la ministra de Educación delante de voceros de rectores de todos los sectores, profesores, estudiantes y miembros del CESU y Conaces.

Políticamente, ese es un importante mensaje de unidad en un sistema caracterizado por cuestionar todos los desarrollos normativos.

Además, porque significó que el Ministerio resistió y salió victorioso luego de las fuertes críticas que recibió por su actuar, especialmente cuando pretendió imponer, con una consulta más artificial que real, el decreto 1280, del 25 de julio de 2018, firmado a las carreras por el anterior gobierno en sus últimos días, e interpretado más como un capricho e imposición de la anterior viceministra, Natalia Ruiz, y la ministra Yaneth Giha, y que contó con la aceptación de la entrante ministra, María Victoria Angulo.

Cuando Angulo se posesionó  y pretendió desarrollar dicho decreto, descubrió que el mismo tenía muchas dudas en su interpretación y, especialmente, demandaba una estructura que el propio Ministerio no podía atender en el corto plazo.

Entonces, bajo la coordinación de Claudia Velandia se comenzó un proceso de re-hechura del decreto, que llevó a todos los escenarios de concertación que ahora se muestran como positivos y se ajustaron procedimientos y conceptos.

Finalmente, el nuevo Decreto no articula ni desarticula plenamente la relación CONACES – CNA y más bien la deja igual (es decir, poco estructurada), ajusta procedimientos para evitar el desgaste de IES y del propio Ministerio en procesos de registro, y obliga al propio Ministerio a apurarse en su actuar, entrega beneficios concretos a IES y programas acreditados, especialmente en aspectos de ampliación de cobertura, actualiza aspectos propios del paso del tiempo con respecto a la Ley 1188 de 2008, y crea el Registro Único, que constituye una visión moderna del proceso, aunque puede generar una explosión, aún mayor, de programas académicos y la posible crisis en la demanda universitaria.

Los aspectos significativos del nuevo decreto

1) Con el registro calificado único, se acaban muchos reprocesos de las IES de tener que duplicar información y trámites para poder extender el mismo programa a otros municipios. Con éste, las IES podrán libremente definir la modalidad en que la ofertarán (distancia, virtual o presencial), y abre la esperanza a que el sistema (especialmente la alianza Ministerio – Conaces) se abran en su disposición y criterios de evaluación especialmente hacia los programas virtuales. Ojalá que así sea y la actitud obstinada de algunos consejeros no se siga imponiendo.

2) Formación Dual: El Ministerio vende como una novedad la inclusión de esta formación en el Decreto. Aunque la palabra “dual” aparece mencionada 18 veces en el texto, llama la atención que en ningún lugar la definen y simplemente la enumeran como una modalidad más, al pie de la presencial, a distancia y virtual.

Pero, qué es realmente la “formación dual”?. Tradicionalmente, ésta se ha entendido como una opción de formación en la que se integra el proceso de práctica como complemento de la formación teórica directamente en los escenarios de aprendizaje del (mal llamado) sector real, como por ejemplo, las empresas. Hasta ahora había sido poco o nulo el debate al respecto, por considerar que dicha estructuración de teoría y práctica era parte de un modelo de organización en programas tradicionales.

Pero ante la falta de una explícita definición, y al concebirla más como una modalidad que una metodología, no es claro si, como está planteado en el texto, refieren “dual” a una modalidad mixta o blended, que tampoco no mencionan en el mismo texto.

3) ¿Qué es el registro calificado?. Para los puristas de las definiciones, el decreto confunde, pues trae tres definiciones con respecto a éste: Primero dice que es un requisito obligatorio y habilitante” para que una IES “pueda ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior en territorio nacional”, pero más adelante lo identifica como un “instrumento” y finalmente, dice que es un “trámite”.

4) La inclusión del concepto de resultados de aprendizaje, considerado por algunos como la gran novedad del decreto, pues obligará a todas las IES y programas a orientarse hacia la formación laboral. Aunque el decreto no lo dice explícitamente, en su presentación, el presidente Duque lo relacionó con empleabilidad, con lo que en adelante las IES deberán tener más cuidado en su oferta, creación de programas y cruce entre perfil y condiciones académicas de los estudiantes que reciban versus el énfasis formativo que den y sus posibilidades reales de desempeño laboral.

Otras personas del sector consideran que, salvo la novedad del nombre, los “resultados de aprendizaje” termina siendo lo mismo que tradicionalmente se ha pedido a las IES, sólo que ahora las cuestionan más con respecto al desempeño laboral de los egresados.

Seguramente por eso en la condición de Egresados ahora se pedirá un “seguimiento a la actividad profesional de estos”.

5) El concepto de calidad: Se actualiza el que por muchos años el sistema trabajó con base en el concepto diseñado para fundamentar el Sistema Nacional de Acreditación. Ahora, la calidad se entiende como “el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales”.

6) Cambio en el proceso de registro calificado. Hasta ahora, cada programa e IES tenían que demostrar el cumplimiento de todos los requisitos de calidad para obtener dicho registro, lo cual generaba duplicidad de esfuerzos, pues los aspectos llamados institucionales siempre son los mismos y generaban un gran desgaste evaluarlos reiteradamente.

Con el nuevo modelo, se hace una única validación de las condiciones de carácter institucional, que son: Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, Estructura administrativa y académica, Cultura de la autoevaluación, Egresados, Bienestar y Recursos.

Las condiciones de programa, que se evaluarán cada vez, son:  denominación, justificación, aspectos curriculares, organización de actividades académicas y proceso formativo, investigación, innovación y/o creación artística y cultural; relación con el sector externo; profesores y medios e infraestructura física y tecnológica.

7) La necesaria integración entre los tiempos de vigencia y trámites para renovar registros y acreditaciones de programa, pues siempre se había cuestionado la incoherencia que representaba para un programa acreditado tener que solicitar la renovación de su registro calificado.

8) Es positivo para la salud del sistema, así como para evitar suspicacias y posición dominante de CONACES, el nuevo paso en la evaluación que dice que “el concepto que difiera sustancialmente del informe presentado por (los) par (es) deberá sustentar de manera clara y precisa las razones motivaron apartarse de dicho informe con fundamento en los sistemas nacionales de información de educación o cualquier otro medio probatorio. El Ministerio Nacional, dentro de quince (15) días hábiles, podrá convocar una nueva evaluación Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento la Calidad la Educación Superior – CONACES y citar al par o pares académicos con el fin que se presenten las explicaciones o justificaciones frente a lo consignado en el(los) informe(s)”.

9) La cereza del pastel para los rectores, especialmente de las mal llamadas IES “grandes” es el ofrecimiento según el cual “los programas acreditados instituciones acreditadas en alta calidad podrán ser ofrecidos en cualquier parte territorio nacional, previa solicitud de registro calificado que será otorgado sin la verificación y evaluación condiciones de calidad”.

Así, comenzará a ampliarse la oferta y proliferación de programas en todo el territorio nacional, y las IES sin acreditación institucional comenzarán a verse seriamente afectadas en su oferta por la “invasión” de IES de otros departamentos.

Esto ocasionará que las IES pequeñas o sin acreditación comenzarán o serán aún más afectadas en la demanda de estudiantes y, seguramente, muchas IES grandes tendrán serios problemas financieros porque se emocionarán y planearán mal, y entrarán en regiones distintas a las propias con programas no siempre pertinentes, y una cultura y costos distintos, y que las lleve a tener problemas financieros.

10) Registro calificado de 8 años: El artículo transitorio del decreto da un beneficio para las IES cuyos programas venzan entre junio de 2020 y junio de 2021, extendiéndoles hasta por 18 meses más, la vigencia de su actual registro calificado, en el entendido de que esta es una de las consecuencias del proceso de adaptación al nuevo modelo del SAC.

Aspectos adicionales que llaman la atención en el nuevo Decreto:

– Ya incluye como actor del Sistema de Aseguramiento de Calidad al aún no creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTeI, y excluye a Colciencias, con lo que se responde la duda que aún tenían algunos de que iban a coexistir ambas entidades.

– En la condición sobre profesores no es claro a qué se refiere el decreto con “disponibilidad” de los mismos. ¿Disponibilidad no se supone que es una consecuencia directa de dedicación, que ya está contemplada?

– Ya se venía pidiendo por algunos pares, pero quedó oficializada la solicitud de las IES de ajustarse a la normatividad vigente en materia de protección de datos, propiedad intelectual, responsabilidad social y ambiental, así como los permisos de autorización del uso del suelo para la actividad de educación.

– Importante que se pida a las IES que, al momento de solicitar los registros, tengan actualizada la información en todos los nacionales de información de la educación superior. Ojalá esto signifique actualizar las bases de datos del MEN, pues no se entiende que, por ejemplo, a la fecha, no tenga estadísticas actualizadas de tasas de matrícula 2018.

– ¿No va en contra de la autonomía universitaria poner como algo “excepcional” el reconocimiento de los profesores con certificaciones de cualificación en actividades asociadas a labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión a desarrollar y experiencia laboral certificada?

– Tampoco es claro por qué en la condición de Justificación del Programa, se pida “una justificación de atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa con relación a los ya existentes en área o las áreas del conocimiento y la(s) región(es) donde se desarrollará el programa, en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional”. Asume que todos los programas tienen que ser diferentes, pero ¿qué pasa con programas en donde la demanda es superior a la oferta de una sola IES y el mercado no pide diferenciación real en cuanto a la formación profesional?

– Dice el texto que los miembros de CONACES se encuentran sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses dispuesto por la Constitución y la Ley. Pero el actual modelo de elección de consejeros favorece esta situación, ya denunciada en diversos escenarios, en donde no se entiende cómo el miembro de Conaces, que laboralmente trabaja para una IES, se constituye en evaluador de programas que terminará siendo competencia directa. Esto debería ir más allá de la enunciación, y convertirse en un ajuste explícito de esta reglamentación, para evitar estas reiteradas molestias del sector.

Finalmente, queda por esperar las circulares reglamentarias del Ministerio para ultimar detalles, así como hacer seguimiento al compromiso que quedó, para el Ministerio de Educación Nacional de “reglamentar el mecanismo de oferta y desarrollo de programas educación superior, en zonas rurales con condiciones de difícil acceso a educación superior en un término no superior a doce (12 meses)”. Ojalá que esto no quede como el mismo compromiso que se le dio en la Ley 1740, en 2014, para crear la Superintendencia de Educación, y que nunca hizo.

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