Abril 9/26 Aunque tiene acreditación institucional, el sector educativo muy poco, o nada, se nutre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca – UCMC, que vive horas tensas por un conflicto con estudiantes, políticos y el propio Ministerio de Educación Nacional.
Aunque es una institución tradicional, nacida en 1945 como Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca, y con la Ley 30 de 1992 convertida en Universidad, su protagonismo en la educación superior pública no se conoce, y es una de las universidades públicas más pequeñas del país (un poco más de 7 mil estudiantes).
Aunque tiene una ubicación geográfica privilegiada (en Bogotá, a espaldas del Museo Nacional. Calle 28 con Carrera 6ª), su sede no es propia y opera en instalaciones arrendadas. Una sentencia del Consejo de Estado, desde 2009, pidió el retiro de la UCMC o Unimayor, porque ese inmueble no es de su propiedad, sino de la Nación, pero eso no le daba derecho a ocuparlo, y ese espacio físico debe ser usado por la Nación para otros fines. Es la única universidad pública que no funciona en instalaciones propias, lo que explica -en parte- el poco cuidado e inversión de infraestructura en las que opera.
Aunque es una Universidad, su gobierno colegiado ha sido reiteradamente cuestionado, especialmente por las dudas relacionadas por la opacidad en la rendición de cuentas, en algunos reglamentos y en los mecanismos de representación de la comunidad académica en las decisiones institucionales. La política en la UCMC va más allá de un debate ideológica y se convierte en intereses partidistas, cuotas burocráticas e instrumentalización de algunos directivos y comunidades.
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Y aunque su rectora desde 2020, María Ruth Hernádez (foto), va por su segundo periodo, que termina en 2028, nunca ha logrado demostrar un liderazgo institucional y sectorial. Dentro de la Universidad poco se le ve, los estudiantes cuestionan que no atiende sus requerimientos y no aparece en escenarios esenciales como, por ejemplo, una mesa de negociaciones para el diálogo estamentario e intersectorial (foto) que, con políticos y el propio Ministerio de Educación, se intentó hacer esta semana para buscar una salida a un paro estudiantil que lleva tres semanas y que ha tenido protestas y hasta estudiantes encadenados en búsqueda de un claro norte institucional.
A dicho diálogo llegó el Ministerio, a través de Luis Alvaro Gallardo (viceministro -e- de Educación Superior), pero no la rectora.
Es poco común que los estudiantes de esta universidad protesten, por lo que el silencio de las directivas y el silencio de la Universidad agravan la preocupación de lo que pasa en esta institución.
Pasan los días y las reclamaciones y exigencias aumentan: Constituyente, remoción de representantes, cambio de reglamentos, mejoras en condiciones de calidad y de contratación docente, revisión del cambio de clases presenciales a virtuales, de bienestar y de protocolos de violencia, entre otros aspectos.
El Ministerio defiende su actuar
Es innegable que este Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo por asignar más recursos a las universidades públicas, incluida la UCMC.
Además de los aumentos en las transferencias del último cuatrienio, el Ministerio de ha comprometido con la Universidad, con vigencias futuras a partir del CONPES 4181 de 2026, que destinará los siguientes recursos:
- 112 mil 800 millones para la construcción de la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca que, dice la cartera, se deben sumar a los 30 mil que ya tiene la UCMC, y
- 86 mil 200 millones para el fortalecimiento de la infraestructura en educación superior municipio de Soacha
Adicionalmente, indica el Ministerio, los recursos que se destinarán para los multicampus de Suba y Kennedy también beneficiarán a esta universidad, que tendría participación en la oferta educativa.
No obstante, la cuenta institucional en redes sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuestiona al propio Ministerio, y le dice que “tras 15 años sin el cumplimiento del fallo judicial (sobre el cambio de sede), la programación de recursos hasta 2034 (se refiere a las vigencias futuras anunciadas por el Ministerio) no ofrece condiciones reales de ejecución en el corto plazo y podría extender la solución al menos 8 años más. Señalar que no existe un proyecto atado a un predio desconoce que la viabilidad de cualquier negociación depende de la disponibilidad efectiva y oportuna de recursos: ningún predio puede concretarse con vigencias proyectadas a 2032 o más allá”.
Así, aun no se ve luz al final del túnel.
