Abril 10/26 Guillermo Andrés Echavarría Gil podría ver obstaculizada su posesión de finales de abril luego que un dividido Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar declarara la nulidad de su inscripción, en una decisión que va desde lo procedimental hasta lo político.
Similar a lo que sucedió en la Universidad del Atlántico con el posesionado y, al poco tiempo, renunciado Leyton Barrios, por no poder demostrar el cumplimiento íntegro de su experiencia docente en educación superior, cuestionada por el Comité Electoral, en la Universidad Popular del Cesar está sucediendo algo similar.
El Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar declaró la nulidad del acto administrativo de inscripción de Guillermo Andrés Echavarría Gil como candidato a la rectoría para el periodo 2026-2030 por lo que, en consecuencia, su elección no tendría fundamento legal.
Según el Tribunal (o por lo menos 3 de sus 5 miembros), Echavarría no logró acreditar al menos cinco años —60 meses— de experiencia académica en IES, tal como lo exigía el Acuerdo 016 de 2025, modificatorio del Acuerdo 038 de 2004, y que solo habría logrado certificar 49 meses de experiencia, y que estos correspondían a actividades en educación para el trabajo y el desarrollo humano, un nivel formativo distinto al universitario, regulado por la Ley 1064 de 2006 y el Decreto 4904 de 2009, que no cumple el estándar estatutario exigido para regir una institución de educación superior.
Esta situación había sido advertida antes que el Consejo Superior votará la designación de rector.
El Tribunal señaló además que la irregularidad había sido advertida desde el inicio del proceso: mediante el Acuerdo 008 de 2025 ya se había inadmitido la inscripción de Echavarría Gil por las mismas razones. Sin embargo, tras un recurso de reposición interpuesto por el candidato y sin que este aportara nuevas pruebas que modificaran la situación, se le permitió continuar en el proceso, lo que el organismo calificó como una “protuberante irregularidad administrativa” que vulneró principios constitucionales de legalidad, transparencia, igualdad y moralidad administrativa.
Como lo informó en su momento El Observatorio de la Universidad Colombiana, su postulación enfrentó cuestionamientos por una denuncia relacionada con una certificación de experiencia docente emitida por Uparsistem. Según las críticas, esta entidad no está facultada para ofrecer programas de educación superior, lo que generó dudas sobre la validez de ciertos requisitos de su trayectoria académica.
No obstante, el Consejo Superior, con solo 5 consejeros y en solo 8 minutos, Unicesar designa rector a Guillermo Echavarría.
Tribunal dividido
No obstante el comunicado del Tribunal fue respaldado por los representantes de los egresados, Carlos Contreras; de los sindicatos, César Rangel; y de los estudiantes, Samuel Rojas, estamentos que no apoyaron la decisión del Consejo Superior.
Sin embargo, horas después, el presidente del tribunal, Jorge Iván Guerra Fuentes, y el secretario general, Ender Campo Ramírez —los dos miembros que votaron en contra—, emitieron su propio comunicado negando que tal decisión existiera, afirmando que el tribunal “carece en absoluto de competencias para tomar decisión en tal sentido”, y se negaron a firmar el acta del Tribunal. “Una decisión en tal sentido no ha sido puesta en consideración ni sometida a votación por el Tribunal de Garantías Electorales”, afirmaron.
¿Ratificar o repetir la elección de rector?
Si se supera la división en el Tribunal y se acoge la sugerencia inicial de recomendar al Consejo Superior Universitario —que ya había designado a Echavarría Gil como rector electo— revisar y adoptar la decisión que corresponda frente a ese nombramiento, se podría pensar en una nueva elección. En términos jurídicos, el acuerdo es claro: suprimida la inscripción, el aspirante queda automáticamente excluido de la contienda electoral, lo que pone en cuestión la validez de su elección y obliga al máximo órgano de gobierno de la UPC a tomar una determinación sobre la vigencia del acto administrativo mediante el cual fue designado rector para el periodo 2026-2030.
Una pelea política
Tanto Uniatlántico como la UPC son universidades con muy fuerte incidencia de la política regional y nacional.
En la barranquillera, el Ministerio de Educación se metió de lleno para evitar la rectoría de Leyton Barrios y logró que el Consejo Superior que lo había elegido, agachara la cabeza y aceptara su salida y la designación, como rector encargado, de Rafael Castillo Pacheco.
En Valledupar, la figura política más relevante es la de la joven y polémica Juliana Guerrero, quien ha sido criticada por su rol como designada del presidente Petro pese a sus líos con al Fundación San José y la validez de su formación académica.
Asimismo, el gobierno, con el delegado del ministro de Educación y presidente del Consejo Superior, Xavier Estrada, respalda abiertamente la designación de Echavarría.
Incluso, Estrada dice que los miembros del Tribunal de Garantías podrían estar prevaricando. “Fue un intento desesperado por parte de miembros del Tribunal de Garantías por alterar la decisión, pero no tiene ninguna validez jurídica. El Tribunal es un ejecutor del calendario electoral. No tiene facultad para anular una decisión tomada por el Consejo Superior Universitario. Esa decisión solamente es susceptible de revisión por parte del Consejo de Estado“, dijo Estrada.
Según revela el Diario El Pilón, “detrás de los tres consejeros que votaron por la nulidad está la familia Gnecco, sector que resultó derrotado en la contienda por el cargo. Mientras tanto, el presidente y el secretario del Tribunal pertenecen al grupo del exrector Rober Romero.
Es decir, mientras que en Barranquilla el Ministerio de Educación cuestionó la formación del rector, en Valledupar la defiende.
