Para evitar la dualidad de Mineducación, radican PL que crea la Superintendencia

Agosto 12/22 Para el congresista Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, el marco legal del país no le permite a Mineducación delimitar debidamente el rol de fomento y de inspección de la educación.

Para ello, con el apoyo de 3 senadores y 17 representantes más, lideró la radicación del proyecto de ley 120, en la Cámara de Representantes, “Por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación”.

La intención de revivir esta iniciativa, es que la propuesta Superintendencia de Educación, sea el mecanismo del Estado para ejercer la suprema inspección, control y vigilancia sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas.

Si bien el texto del articulado propuesto no es explícito para entender la dimensión del proyecto, Tamayo Marulanda señala que lo que busca con la creación de la Superintendencia de Eduación (que llama SuperEdu) es que ésta cumpla la misión de inspeccionar, regular, fiscalizar, vigilar y controlar los procesos educativos, en correspondencia con las normas que los regulan, el cumplimiento de las funciones de quienes desempeñan la acción educadora, la calidad de dichos procesos, las condiciones en las que ella se realiza, el cumplimiento de la ley y el buen funcionamiento del sistema educativo en el marco de los principios rectores legales y constitucionales.

De esta forma, la SuperEdu fiscalizará el acceso, calidad y pertinencia de la educación, al igual que ejercerá el control y vigilancia a la prestación de servicios educativos privados y públicos beneficiando a estudiantes de todas las formas y niveles, docentes, padres de familia, proveedores y comunidad en general.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el legislador señala que pese a la existencia de toda una normativa que regula la inspección y vigilancia, en el sector educativo, es importante resaltar que estas entidades (Ministerio de Educación Nacional, Secretarias de Educación) deben cumplir, al mismo tiempo, con las funciones de fomento, asesoría y acompañamiento a las instituciones educativas, lo que representa varias dificultades a la hora de ejercer la vigilancia, inspección y control en la práctica, a saber:

1. Las responsabilidades atribuidas al Ministerio de Educación al ser la autoridad que se encarga de definir las funciones de liderazgo estratégico y de asistencia técnica y a su vez las funciones de vigilancia, conllevan a que ésta autoridad al mismo tiempo sea juez y parte en la dirección y la supervisión del sistema de educación.

2. Deficiencia de recursos destinados para el ejercicio de supervisión que recae a su vez en la falta de personal para que ejerza las funciones de inspección y vigilancia en relación con el amplio universo de vigilados.

3. En lo que refiere la educación para el trabajo y el desarrollo humano no hay una unidad o una estructura administrativa en las secretarias de educación que ejerza la función.

Cabe recordar que en la ley 1740, de 2014 (sobre inspección y vigilancia) se daba plazo para crear la Superintendencia de Educación, pero esto se cayó en la Corte Constitucional por un vicio de forma. Además, a decir verdad, el sector de la educación superior nunca ha acogido con beneplácito la idea, ni el propio Ministerio.

Clic para conocer el proyecto de ley

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