Agosto 24/23 Aumentar la participación de las comunidades universitarias en los consejos superiores, propuesta por Mineducación en la reforma a la Ley 3o, no asegura la mayor gobernabilidad y aumenta la presión sobre la gestión de los rectores.
Esta puede ser, tal vez, la conclusión general de un pánel realizado por el Sistema Universitario Estatal SUE, en el que, moderado por el director ejecutivo de ASCUN (Óscar Domínguez), participaron los rectores de Unimagdalena, Pablo Vera Salazar (anfitrión del evento -centro en la foto), Jairo Torres Oviedo (presidente del SUE), e Ivaldo Torres (representante de los rectores de las universidades públicas en el CESU).
Para los directivos es claro que los Consejos Superiores, como máximos órganos de decisión política de las universidades, constituyen “campos de batalla” en donde se citan muchos conflictos e intereses, y puede ser un error buscar mejorar la gobernabilidad simplemente aumentando la participación de un estudiante más, un docente más y un vocero del personal administrativo.
El entorno político de intereses y presiones electorales llevan necesariamente a reconocer que pensar el rol de los consejos directivos y superiores debe ir más allá de la minucia de su composición y las formas de elección.
Incluso, a juicio de los rectores, la propia autonomía ya deja a las comunidades universitaria su campo de acción para redefinirse, sin necesidad de que eso se busque mediante una reforma a la Ley más enfocada en satisfacer las peticiones de grupos de presión que de atender a las dinámicas y desafíos propios de la gestión universitaria.
Según Jairo Torres, “lo que se está planteando en el articulado de la Reforma no responde a lo que realmente se debiera responder”, y sugiere que lo que se está proponiendo en la reforma es que cada uno de los actores “en un escenario endogámico histórico” se apropie de espacios de poder y eso no contribuye a los fines de las instituciones.
Para Ivaldo Torres, debe evitarse caer en el error de pensar que la gobernabilidad mejora solamente con más participación cuando, de entrada, es muy difícil en cualquier universidad que los representantes de las comunidades realmente reflejen los intereses de las mismas. Pretender que todas las vertientes tengan representación es una forma de alejarnos del concepto de Democracia, sugirió el rector de Unipamplona.
“Los rectores siempre estamos bajo sospecha”
Así describe Pablo Vera Salazar la forma como la gestión del rector de todas las universidades públicas se visualiza en la universidad pública colombiana.
Lo paradójico, sugiere, es que pese a tener todo tipo de ojo puesto encima, “administramos pobreza” en un ambiente de enormes responsabilidades penales disciplinaria y fiscales, que es algo que también sucede con los demás miembros de los consejos superiores, y ahí ya se pasa a hablar de otra dimensión del modelo de participación en la construcción de una comunidad Universitaria.
Por eso advierte que las decisiones de los estudiantes y profesores en una consulta deberían ser absolutamente vinculantes, como una manera de ayudar a evitar esos procesos de negociación de rectores con organizaciones de base sindical para tener gobernabilidad.
“Yo afortunadamente no he tenido que hacerlo -dice Vera, pero la presión politiquera interna en algunas universidades, es peor que la externa, y, no nos digamos mentiras, hay instituciones en donde desafortunadamente hay cuotas de poder de parte de sus consejeros”, señala Vera.
Los silencios y preguntas en el ambiente que dejó el pánel es que para hablar de una real gobernabilidad se debe ir más allá de la composición de los consejos superiores.
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