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Mauricio Sánchez Puerta, del área de Dinámica Organizacional de la Universidad de Antioquia, cuestiona la forma como las asimetrías y falta de rigor en la información en el sistema de aseguramiento de la calidad contribuyen para desvirtuar los objetivos de fidelidad y objetividad de la acreditación. |
Saber que un programa está acreditado: criterio “difícil” para que ayude a un ciudadano a elegir carrera
Hay algo que no sé que se supone que sé.
No sé qué es lo que no sé, y sin embargo, se supone que sé.
Y siento que me veo como tonto tanto si parece que no sé como cuando no sé qué es lo que no sé.
Por tanto, finjo que sé.
Esto es espantoso puesto que no sé qué es lo que debo fingir que sé.
Por tanto, finjo que sé todo.
R. D. LAING, KNOTS, (1970) Psiquiatra.
De esta manera finaliza el capítulo 6 del texto de Michael Fullan, “El cambio educativo” (1997).Que hace referencia a la patología de ser humano y al cómo las instituciones dan pasos de ciego para no mostrarse vulnerables al mundo. Asunto que obliga a todo ciudadano a demandar claridad, incluso a costa de recordar lo mínimo que los funcionarios deben tener claro en el ejercicio de sus cargos. Este corto texto llama la atención sobre la condición de “programas acreditados” y la peculiar evidencia sobre el porqué el CNA requiere reiterar el llamado a las Instituciones de Educación Superior (IES) para iniciar pronto todos sus procesos de reacreditación.
La promoción y el avance en la cultura de la evaluación es un asunto trascendental en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educación Superior. Es trascendental en tanto la acreditación es voluntaria y no supone (o suponía) en la práctica, más que una retribución social y simbólica para las instituciones y los programas que se esfuerzan por revisarse y mejorar continuamente.
Sin embargo, la discrepancia en cifras suele dar indicios sobre la precariedad del asunto y lo complejo que resulta, para un ciudadano, dilucidar la veracidad de los datos para tomar decisiones. Dicho de otro modo, la evidencia empírica muestra que, con frecuencia, las IES exhiben que tienen programas acreditados, pero la web del CNA e incluso el SNIES arrojan números y referencias que no coinciden ni entre ellas, ni con las publicaciones de las IES.
Aunque es posible que los sistemas no estén actualizados y, por tanto, guarden diferencia entre sus reportes, lo cierto es que la parcialidad y la falta de unidad en los datos dan espacio para comportamientos cuestionables en las IES. Sobre ese riesgo de abuso, los ciudadanos y los reguladores, deberían estar alertas. Para el ciudadano, la fuente de tranquilidad procede de la confianza en las IES, ya que no es fácil verificar si los programas ostentan acreditación.
Sin embargo, la versión de las IES es algo divertida, en tanto juegan con los usuarios y pareciera abusar de su credibilidad. Frente a los cuestionamientos sobre las disparidades en cifras de programas acreditados las respuestas pueden referir una o varias de las siguientes afirmaciones:
(i) que ya les han contado que salió la resolución, pero no la tienen aún y no aparece o no se puede verificar en ninguna parte por el interesado, tampoco informan dónde la ciudadanía puede conocer más del asunto.
(ii) que han cumplido con el trámite en el tiempo preciso y que, como se han cumplido los plazos, sin que el MEN y los implicados en la generación del acto administrativo den una respuesta, se sobreentiende que están acreditados, pues es automático.
De nuevo, sin explicar la norma o citar la fuente legislativa que avala este propicio racionamiento.
(iii) que no se requiere existencia de acto administrativo (resolución) para decir que tienen acreditación, que basta con el comentario de los pares y la idea que el informe de ellos es positivo.
De nuevo, este informe de pares evaluadores no se suele hacer público e incluso se creen acreditados solo cuando se ha recibido un comentario verbal (resta surtir todos los componentes que suponen el informe escrito y el acto administrativo expedido por el MEN).
Lo divertido del asunto es que la caducidad de algo supone que ya no ostenta la calidad citada. Por eso la gente aprende que los alimentos y medicamentos expiran y que es importante porque consumirlos y aceptarlos supone un riesgo para la vida. También saben que el periodo de trabajo termina y las personas finalizan la vida laboral, sin que signifique su obsolescencia para otros ámbitos de vida, ¿pero qué pasa con la calidad de los programas académicos?
Es importante comprender que no hay otro argumento que el acto administrativo o documento legal que el ciudadano debería emplear para conocer:
(i) los programas reales que están acreditados y decidir cómo aplicar a los beneficios que hoy otorga el gobierno nacional (hoy son créditos, mañana pueden ser otros)
(ii) el esfuerzo institucional por acreditar los programas (cuantos programas tenía hace años y cuantos ahora y cuánto tiempo le han dado en cada renovación al programa de interés)
(iii) la capacidad de mantener un discurso real y claro en las IES (saben comunicar su realidad o hacen falsa publicidad)
Estas tres condiciones (beneficios a programas acreditados, consistencia en el trabajo de calidad educativa y primacía de la veracidad en la administración) permiten que el ciudadano tome mejores decisiones sobre su inversión en formación.
Además, el disponer de claridad en cuanto a programas acreditados no es baladí en tanto permite al Estado conocer cuántos colombianos se forman en programas de calidad y cómo avanza la cultura de la evaluación. Quizá parte del problema si sea de datos y fecha los esfuerzos por sistematizar el asunto a través del esquema web del portal SACES ayuden en algo, pero lo credibilidad de las IES sigue en juego y el riesgo de timo es alto.
Resta preguntar:¿Se puede obligar a los programas a publicar la resolución que los acredita en su oferta educativa, con fecha de inicio y fin de vigencia? ¿Cuál es el listado de programas acreditados que tiene el gobierno nacional y no es público?
