Feb 20/23 Hace 5 años dejó una larga rectoría llena de cuestionamientos por la politiquería y supuesta corrupción y el no avance en calidad. Ahora la justicia lo envía a la cárcel por un desfalco con recursos de regalías.
Además de judicializar al exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Eduardo García Vega (foto), la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Seccional Chocó, judicializó a ocho personas más: entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad que estarían comprometidos en un desfalco superior a los 38.000 millones de pesos, responsables de los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros.
La rectoría de García Vega fue muy cuestionada. En 2.017, cuando iba terminando su cuarto y último periodo rectoral, la Fiscalía Seccional del Chocó certificó 26 investigaciones penales en su contra. Pesquisas por celebraciones indebidas de contratos, prevaricato por omisión, intereses ilícitos en contratos, celebración de contratos sin los requisitos legales, tráficos de influencias y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros, según denuncia de Las 2 Orillas.
A los pocos días de estas denuncias, de 2017, la UTCH denunció que se estaban dando falsas acusaciones contra su rector.
Los hechos que llevaron a actuar a la justicia corresponden a que los procesados, al parecer, suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato.
“No hubo planeación en estos contratos. Se trata de una situación grave por la pérdida de recursos públicos. Se atenta contra la imagen de la UTCH”, dijo el Juez Promiscuo Municipal de Bojayá con función de garantías.
Estas acciones, se cree, se dieron en desarrollo de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria cuyo objetivo era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó (Chocó).
Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución.
Así mismo, se estableció que no se contó con una póliza autorizada por la entidad correspondiente y que los recursos no se depositaron en una fiducia; sino que fueron girados a cuentas de particulares. Además, no se evidenciaron avances en las obras a pesar de tener como fecha límite para la ejecución el mes de diciembre de 2019.
Por estos hechos servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Gaula Militar capturaron a los procesados quienes fueron imputados; según sus responsabilidades individuales, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.
Medidas impuestas por el juez de garantías
El juez de control de garantías encargado del caso impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eduardo Antonio García Vega quien; rector de la UTCH para la época de los hechos; Manuela Gómez Córdoba, extesorera de la Universidad; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero; y Ángel María Melo Chaverra, interventor de un contrato.
En libertad, pero vinculados al proceso quedaron: Fredy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH; Alexánder Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la UTCH; y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato.
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