Por maltrato laboral de un directivo, Corte Suprema falla contra la U. Santo Tomás

Sept 14/21 Por el despido injustificado e impacto en la salud tras el maltrato de un sacerdote y vicerrector administrativo de Tunja, Corte Suprema ordenó a la USTA reintegrar a funcionaria y pagar brazos caídos.

Para la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que la Universidad conocía las afectaciones de salud de la señora Sandra Patricia Guerrero González, y después de 15 años de trabajo en la IES, decidió no renovarle el contrato sin contar con una autorización del Ministerio del Trabajo.

La privada y acreditada Universidad Santo Tomás, de la orden de Predicadores o frailes dominicos, debe reintegrar e indemnizar a quien fuera directora del Departamento de Sindicatura y Contabilidad de la sede Tunja, quien fue despedida por la IES en 2.013, tras haber laborado en la Universidad por más de 10 años, y luego de haber sufrido acoso y maltrato laboral por razones de su género y lugar de nacimiento, de parte del entonces Vicerrector Administrativo y Financiero, José Bernardo Vallejo Molina (foto), quien golpeaba el escritorio, le gritaba y era displicente con el su trabajo de ella.

Por estas circunstancias, y posterior a su vinculación laboral, la funcionaria comenzó a sufrir de estrés y depresión, lo que le llevó a daños en su salud física y mental (síndrome del manguito con epicóndilo derecho inflamado (2006); estrés laboral que se manifiesta con neuropatía inflamatoria periférica mielínica del nervio trigémino izquierdo (2008); dermatitis (2008), osteoartritis degenerativa en rodilla izquierda (2008), neuralgia trigeminal (2008), forúnculos frecuentes (2008), lesiones quísticas en ambas mamas (2010), condición fibrosa mamaria bilateral (2010) , ovarios polimicroquísticos (2010) , mastálgia (2010), leucopenia (2012), trastorno de la sangre (2012), adinamia (2012), astenia (2012), cefalea (2012), neuropatía, depresión (2012), estrés (2012), llanto frecuente (2012), vértigo (2012), fibromialgia (2012 y 2013) e insomnio (2012 y 2013), trastorno mixto de ansiedad y depresión (2012 y 2013), entre otras ), a tal punto que los médicos la diagnosticaron con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, obligándola a tomar medicinas y solicitar constantes incapacidades.

Según la exfuncionario, desde 2012 fue víctima de maltrato y persecución laboral por parte del vicerrector, quien le gritaba todo el tiempo sin escuchar razones; al dirigirse a ella, golpeaba el escritorio de ella; la maltrataba verbalmente y le decía que la iban ‘a echar como a un perro’, que los ‘boyacos son cochinos, agrarios, tragones ineptos y brutos’ y que ella era ‘desorganizada, agropecuaria, sucia, desordenada y cochina’.

La sanción

Para la Universidad las incapacidades médicas se presentaron antes de la terminación de su contrato, y al momento de la terminación ella no estaba incapacitada, ni tenía restricciones ni  dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral ejecutoriado que superara un 15 por ciento.

Sin embargo, para la Corte, la mujer sí tenia una discapacidad suficiente para activar a su favor la protección laboral reforzada, algo a lo que la universidad se oponía.

Además, diversos testimonios recogidos dieron cuenta del maltrato laboral sufrido por la empleada por parte del vicerrector.

“La trabajadora no fue la misma persona antes y después de la situación de conflicto; se afectó no solo el ánimo, sino que en su capacidad de trabajo se vio disminuida, dado que como lo describieron los dos primeros declarantes, en su oficina temblaba, lloraba, mantenía temor (…) y antes de la terminación, la situación médica de la actora era conocida por parte del rector y la dirección de talento humano”, se lee en la decisión de la Corte.

El documento, del pasado 18 de agosto y con la ponencia de la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, añade que la oficina de talento humano y el rector del centro educativo conocieron la grave situación pero mostraron un desinterés “por la suerte de quien le había brindado 15 años de servicios, se restringió a reiterarle que acudiera a la EPS, cuando, si bien, el problema médico debía ser atendido dentro del sistema de seguridad social, la causa del mismo estaba en el ámbito institucional”.

Así, analizada la situación, la Corte ordenó a la universidad reintegrar a la trabajadora e indemnizarla por el tiempo en el cual fue despedida. “Aun cuando el empleador no conozca el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del trabajador, en los casos en los que esta plenamente enterado de su enfermedad y cuando la discapacidad resulta evidente, le queda prohibido despedir o desvincular al empleado sin permiso del Ministerio de Trabajo”, concluyó la Corte sobre ese tipo de casos.

La USTA, que no logró salir avante en el litigio y perdió el recurso de casación que interpuso, ahora debe reconocer los derechos laborales de la demandante dejados de percibir entre 2000 y 2010: Salarios y perstaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, indeminzación de 180 días de salario, indexación de las deudas, y las costas.

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