¿Por qué es más frágil la gobernabilidad en las universidades de regiones menos desarrolladas?

Marzo 5/19 Mientras que las “grandes” universidades públicas del país funcionan en relativa calma (como Nacional, Antioquia, Valle, UIS, Cartagena, UTP), los problemas más preocupantes están en las de menor tamaño, menor presupuesto y ciudades más pequeñas.

Claro que las más tradicionales tienen problemas pero estos parecen ser más llevaderos o, por lo menos, más fáciles de solucionar por el diálogo y el ejercicio de la conciliación académica, pero estas son situaciones que no se ven tan fácil y, por el contrario, se agravan en las otras.

Ser rector de una universidad pública regional connota ocupar, en vario casos, el tercer puesto de más importancia después de la gobernación y la alcaldía, y aunque el presupuesto sea limitado, es suficiente para empoderar a un rector, con capacidad de manejar una importante nómina burocrática, atractiva para quienes buscan privatizar lo público o hacer política con ello.

La lista no es definitiva, pero sí preocupante.

En Barranquilla, el escándalo sobre conductas sexuales del rector de Uniatlántico es sólo una de las muchas historias de una universidad que lelva más de una década enfrentada por el poder, con problemas de violencia, corrupción, politiquería, compra de votos y poca gobernabilidad.

En Valledupar se aproxima la nueva elección de rector y la ciudad está preocupada por acusaciones de manejo clientelista del actual, en la supuesta intención de influir en la elección.

En Ibagué el poder político es determinante para influir en la estabilidad o no en la rectoría de la Universidad del Tolima.

En Armenia, la figura rectoral se asocia fuertemente a los respaldos o no que existan desde la Gobernación del Quindío.

En el país es pública la desconfianza por los denunciados niveles de corrupción que se dan en Buenaventura, con la Universidad del Pacífico.

En Tunja existe temor por las represalias de la nueva dirección general de la UPTC con quienes no apoyaron su candidatura.

En Cúcuta, pese a gobernar por tantos años, están detrás del poder del rector de la UFPS, a quien tienen demandado en la Procuraduría.

En el Meta, la Universidad de Los Llanos intenta superar problemas estructurales derivados de los líos de su exrector, tras sus problemas jurídicos.

En Manizales, la presión y protagonismo de ASPU se ha especializado en paralizar la Universidad de Caldas cuando así lo considere.

En Neiva, reiteradamente la rectoría de la Surcolombiana ha sido considera un bastión político que se gana en las consultas o en los estrados.

Y aunque suenan muy poco en el contexto nacional, muchos cuestionan el excesivo poder o la concentración de funciones que se dan en las rectorías de universidades como la Tecnológica del Chocó, la de la Guajira y Cundinamarca, entre otras.

De este panorama parecieran haber dado un paso al frente universidades como Distrital, Córdoba, UNAD, Nariño y Pamplona, que han logrado construir desarrollos académicos sin identificarse públicamente alineadas con conflictos de esta índole.

Lo cierto es que la acreditación institucional, en gran medida, ayuda a generar controles de calidad y de gobernabilidad en algunas de estas IES, y también es cierto que hay una relación directa entre mayor presupuesto de funcionamiento y gobernabilidad.

¿Será un tema estructural, regional o de liderazgos rectorales?, pues algunas de las que hoy parecen estar a salvo, vivieron épocas muy conflictivas y viceversa, dependiendo del rector de turno.

¿No sería hora de asumir, como sistema, una reflexión al respecto, en cabeza del SUE, y buscar aportes estructurales y no coyunturales?