Positivo aporte de recursos gubernamentales a la ed. sup. pública: Ramón Mesa – Marzo/19

Por: Ramón Javier Mesa C., vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, en El Colombiano.

Las universidades públicas colombianas regresaron a las aulas después de un largo periodo de asambleas, movilizaciones y discusiones sobre la crisis de financiamiento de todas las instituciones universitarias y tecnológicas del país. Los acuerdos alcanzados entre la Mesa de Negociación, conformada por profesores, estudiantes y representantes del Gobierno Nacional son históricos y de mucho valor para el futuro de la educación superior pública, siempre que se mantenga la voluntad política para cumplir con los compromisos acordados. En general, los principales puntos del acuerdo estuvieron asociados con asuntos como: nuevos recursos de funcionamiento a la base presupuestal de las universidades, a Colciencias; reformas a la Ley 30, Icetex y a la Ley de Regalías para priorizar recursos para becas doctorales, obras de infraestructura y fortalecimiento institucional; entre otros temas.

Uno de los puntos importantes es que se comienza a resolver de manera gradual una problemática estructural de vieja data. En el tiempo de vigencia de la Ley 30 de 1992, ningún gobierno a la fecha había asumido el compromiso decidido de incrementar puntos adicionales a la base presupuestal de las universidades, entendida esta como los recursos para el funcionamiento e inversión que la Nación les transfiere, la cual crecía hasta el año anterior, a pesos constante de 1993 de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor –IPC- según el artículo 86 de la mencionada Ley. En efecto, 3,5 puntos porcentuales adicionales al IPC en 2019, 4 puntos en 2020, 4,5 en 2021 y 4,65 en 2022, representan para el Sistema Universitario Estatal –SUE-, cerca de $1,34 billones adicionales al IPC en el período del presidente Duque. Igualmente, un logro significativo fue el aumento de los recursos para inversión del orden de $3,15 billones por concepto de regalías, infraestructura y cooperativas.

A nivel global, sumando otros recursos, para 2019-2022, el total de los recursos asciende a $5,87 billones. Esta cifra no es despreciable y puede representar un freno progresivo a la desfinanciación de las universidades públicas, siempre que este compromiso trascienda la vigencia de este gobierno y se convierta en una auténtica política de Estado que garantice la continuidad de estos recursos más allá de 2022. Si se logra la reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, se mantiene la inflación cercana a los niveles actuales y se da continuidad a los puntos adicionales alcanzados en el acuerdo frente al incremento de la base presupuestal, se recibirían $4,28 billones adicionales en 2023-2026 que, sumados a los mismos recursos de inversión aprobados para este cuatrienio, el total de recursos podría ascender a cerca de los $7,5 billones.

En este escenario probable, sumadas las cifras totales para los próximos 8 años, se recibirían alrededor de $13,3 billones, algo así como el 88 % de lo que el SUE ha presupuestado para atender las metas del sector y las brechas de calidad que arrastran las instituciones universitarias en el país después de promulgada la Ley 30 de 1992. Los nuevos datos proporcionan un panorama muy diferente al que se tenía antes del gran movimiento estudiantil y profesoral del segundo semestre del año anterior. Sin duda, se vienen nuevos tiempos para la educación superior pública, que bien podría garantizar, además de la mejoría que esto traería a la situación financiera de las universidades, las posibilidades de seguir fortaleciendo sus ejes misionales en beneficio de la calidad y la mayor cobertura educativa. De la misma manera, los acuerdos representan una prenda de garantía para la sostenibilidad, ahora nos toca desde el interior de las universidades, evitar el despilfarro y la corrupción, velando por el manejo ético, responsable y transparente de los nuevos recursos en función de los propósitos por los cuales se pactaron.