Junio/24 A propósito de la crisis en la U. Nacional de Colombia, Forero -observador de www.universidad.edu.co- plantea serios interrogantes sobre la conveniente y roles que juega el gobierno y sus representantes en los consejos superiores.
El papel de los Estados en la educación superior de los países se ha movido con diferentes paradigmas: Estado interventor, evaluador, promotor.
Hoy, frente a los grandes desafíos que enfrentan las sociedades, las profundas transformaciones que requieren los diferentes actores, la consolidación de aparatos evaluadores de la calidad, la madurez y buen ejercicio de la autonomía universitaria por la mayor parte de las universidades, la jurisprudencia de las Cortes al respecto con claridad de lo que es un “ente universitario autónomo”, los tamaños de los sistemas educativos y los discursos de los organismos internacionales sobre el papel de la educación superior para responder efectivamente a los requerimientos sociales; todos ellos y otros fenómenos más puestos de presente en el siglo XXI, hacen necesario revisar la presencia de los gobiernos, mediante representantes o delegados en los máximos órganos de gobierno de las universidades oficiales en Colombia.
Tenemos una larga experiencia, que nos debiera permitir actuar con certeza sobre la conveniencia de esa presencia gubernamental. Lamentablemente muy poco se investiga sobre el tema ni se ha aprovechado la rica información que tienen las agencias de calidad para estimular investigaciones científicas al respecto. Por ello nos tenemos que mover en las arenas movedizas de algunas hipótesis, que se soportan en hechos tan visibles cómo los que están ocurriendo en la Universidad Nacional de Colombia.
En general el mecanismo de designar a las personas que actúan en nombre del gobierno en los CSU, Consejos Superiores Universitarios, tiene varios glosas: En muchas ocasiones, están allí como cuotas políticas de dirigentes con comportamientos clientelares; no tienen las capacidades y competencias que les permita hacer aportes significativos al proyecto educativo institucional en escenarios desafiantes; su preocupación principal son los asuntos netamente administrativos con miradas más hacia el pasado y el presente; hacen parte de oficinas en el MEN con un afán de controlar a las universidades y restringir la opinión de los rectores sobre temas críticos; se prestan a prácticas poco transparentes para tomar algunas decisiones como la designación del rector; no contribuyen de manera eficaz a la construcción de políticas institucionales de calidad y mucho menos a la necesaria evaluación que requieren; limitan el ejercicio de la autonomía universitaria para impedir darle mejores respuestas a la sociedad; generan incompatibilidades con el ejercicio constitucional de la inspección y vigilancia que tiene el Estado y que debe adelantar de manera independiente.
Podríamos continuar la enumeración y tener unas bases para formular la hipótesis sobre la pobre participación de estos delegados en el desarrollo de un buen gobierno universitario, con la salvedad que de manera individual y ocasionalmente a muchas personas con los méritos suficientes les ha correspondido esta difícil tarea. Sin su presencia en el CSU, no se elimina la posibilidad de coordinación en términos de planeación y ejecución de acciones conjuntas de los gobiernos y las universidades, así como con otros sectores de la sociedad a la que la universidad pertenece.
La ley 30 de 1992, unificó la conformación de los órganos de gobierno, desconociendo realidades distintas en las IES y no permitiendo que con decisiones autónomas cada universidad, con su comunidad académica a la cabeza, determine la conformación más conveniente y fije rigurosas exigencias para poder hacer parte, así como unas formas periódicas de evaluación sobre los resultados y los impactos en diferentes momentos.
En el contexto actual de la necesidad de mayores y mejores relaciones con diferentes sectores de la sociedad, se podría plantear una escogencia de integrantes que representen con orgullo a las comunidades académicas y científicas y en un diálogo plural integren debates con distinguidos ciudadanos que integren el CSU e interpreten las necesidades sociales en todos sus ámbitos, para así garantizar unas políticas institucionales con participación y legitimidad, pero también garantes de las transformaciones y los cambios requeridos para ejercer la autonomía universitaria en función del bien común, en el marco de la identidad de una organización formadora y del conocimiento, con conciencia social, que debe actuar con independencia de los poderes públicos establecidos.
En el proceso de entender la educación superior como un bien público social, un derecho humano fundamental y una obligación de los Estados, debe precisarse también el significado de las representaciones que han tenido muchas distorsiones y discursos engañosos. Por ejemplo, un representante de los estudiantes no es para defender a los estudiantes, como si los demás los estuvieran atacando, su presencia es fundamentalmente para tener una voz estudiantil fuerte en la definición de las políticas institucionales, comprendiendo que se está cambiando aceleradamente la composición etaria de los estudiantes y las muchas maneras en que diversos ciudadanos hoy pueden ostentar condiciones estudiantiles. Lo mismo podría decirse de las demás representaciones internas y las que corresponden a otras voces como la de los egresados que en ocasiones, su proceso de escogencia es un verdadero espectáculo clientelista con financiaciones oscuras que propician una privatización interna de las IES oficiales.
En universidades oficiales con comunidades académicas sólidas, con formas trasparentes en su proceder y una rendición de cuentas que supere la actual que es de mínimos; se podría facilitar un ejercicio de la autonomía universitaria y permitirles que, en la posibilidad de autogobernarse, determinen la integración de sus órganos de gobierno, sin que sea obligatoria la presencia de representantes o delegados del gobierno. Experiencias exitosas en este sentido pueden examinarse de manera crítica y tener los mejores elementos para una reforma legal, acompañada de una mejor valoración del tema de gobierno universitario por parte de las agencias de acreditación.
Debemos continuar en el estudio del tema con la escasa información que se tiene en Colombia y la poca evidencia existente, desde los estudios hechos por Víctor Manuel Gómez, José Manuel Restrepo, Patricia Martínez y otros pocos académicos colombianos sumados a los recientes aportes hechos en el Observatorio de la Universidad Colombiana por Galo Adán Clavijo. Este asunto es trascendental para la buena vida universitaria futura y sin duda, bien acogido, termina fortaleciendo nuestras democracias y evitando tentaciones indebidas por parte de los gobiernos, que terminan afectando la esencia universitaria como lo es su autonomía para cumplirle a la sociedad.
