Sept 28/26 Primero fue el anuncio de una reforma inmediata del decreto 1279, luego que las autoridades entrarán a los campus, un pedido de investigación a Uniguajira y ahora a Unipamplona. Y la lista será más larga. Pero son anuncios y no resultados.
Y todo indica que vendrán más.
Las universidades públicas producen muchas noticias sobre denuncias, recusaciones, amenazas y sospechas en torno de posibles irregularidades en sus procesos de contratación, nombramiento de personal, gastos desproporcionados, politiquería, conflictos internos, salarios por encima de la prudencia, violencia en sus campus y hasta actuaciones que pueden rayar en lo criminal. Basta con leer el historial de noticias de este Observatorio de la Universidad Colombiana para comprobarlo.
En muy pocas el Ministerio de Educación Nacional o la Fiscalía General de la Nación han podido demostrar explícitas violaciones de la ley, y en la mayoría no han pasado del ruido mediático, explicado básicamente en tres hechos: La interpretación de la autonomía universitaria no es de fácil comprensión para la opinión pública, ese mismo carácter autónomo ha hecho presa a las universidades de la intervención política, y la mayoría de denuncias caen en falta de pruebas y fundamentos jurídicos reales y responden más a animadversiones personales de parte de algunos actores académicos, administrativos, rectores y exrectores y egresados de las propias IES.
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“Soy de resultados”
Auncuando el presidente Abelardo De La Espriella (foto) reiteradamente ha dicho que es un empresario y que atiende lo resultados, en educación superior esto aún no se ha visto.
Sus anuncios al respecto se han quedado en promesas, pero ninguna concreción, y el sector sigue esperando una línea concreta de política al respecto.
Una vez electo, en Medellín respondió a una petición del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre los altos salarios de docentes de las universidades públicas, y en respuesta, de La Espriella afirmó que “vamos a derogar el decreto 1279 de 2002. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Cuenten con eso”.
Desde entonces ni el presidente ni Mineducación han dicho una palabra al respecto.
Posteriormente, en una visita al municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira, retomó un hecho que ha retumbado en los medios y estrados judiciales, sin concreción alguna, sobre la posible relación del rector de la Universidad de la Guajira, con negocios ilícitos.
Eso fue hace 10 días, y tampoco ha habido novedad pública al respecto.
El 13 de septiembre, en alocución televisiva, el presidente advirtió que si es el caso permitirá que las autoridades ingresen a las campus universitarios para controlar la violencia.
No obstante el rechazo de muchos consejos académicos y superiores, este domingo 27 de septiembre, reiteró su promesa. Pero a la fecha no se ha iniciado formalmente el diseño del protocolo anunciado para ello.
Igualmente, el fin de semana, en su red social de X, el presidente pidió públicamente a la nueva ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos (quien hasta ahora no ha aparecido en medios de comunicación, ni ha dado declaración pública alguna sobre su plan de trabajo), que “la Universidad de Pamplona exige vigilancia inmediata. Hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno. El Consejo de Estado anuló la elección del anterior rector y el Estatuto obliga al CSU a iniciar de inmediato el proceso para designar Rector titular: que se haga en términos y con transparencia; mientras tanto, ejerza la función de inspección y vigilancia. Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos”.
La noticia no es nueva, y este Observatorio ya había advertido sobre los hechos.
Habría que ver cuál es la actuación del Ministerio de Educación, que por la misma red social le respondió al presidente que “procederemos de acuerdo con sus indicaciones. Ante la situación de la Universidad de Pamplona, desde el Ministerio adelantamos las acciones correspondientes: Está en curso una investigación administrativa preliminar, iniciada el 4 de septiembre. Esta semana realizaremos una visita de inspección y vigilancia para verificar las denuncias sobre posibles irregularidades contractuales. Nuestro delegado participó la semana pasada en el CSU y acompaña el proceso de elección del Rector, para que se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado. Desde el Ministerio de Educación actuaremos con rigor y transparencia para garantizar el cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de la Universidad de Pamplona”.
Aunque el propio Viceministerio ni siquiera tiene aún un equipo consolidado de inspección y vigilancia.
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… y vendrán más
Todo indica que estos no serán los únicos anuncios del presidente relacionados con la universidad pública.
Uno de los grandes riesgos es la forma como se está generalizando, y estigmatizando a ésta, como posible fuente de corrupción y violencia.
Si el gobierno hiciera un serio análisis de lo que pasa en la universidad pública, en vez de escuchar quejas sueltas u oportunistas, podría encontrar que efectivamente hay problemas delicados en el sector, pero que no conviene al país presumir que la universidad pública no está aportando a la consolidación democrática de un proyecto de país.
Si sigue así, no será extraño escuchar al presidente pedir más investigaciones y actuaciones de Mineducación, Procuraduría y Fiscalía porque en X universidad los profesores tienen sueldos muy por encima del promedio, en otra hay microtráfico u ocultamiento dentro del campus de narcóticos y armas, en una tercera porque hay vínculos familiares de la rectoría, en otra porque el poder se mantiene en los mismos o se los disputan con los clanes políticos de la región, en otra porque hay contratos que no se hicieron a la luz pública y en otra porque no ha habido inmediata atención a situaciones de riesgo de estudiantes, entre otros muchos casos.
Las denuncias sirven para encender las alarmas y evitar actuaciones ilegales, pero cuando no vienen acompañadas de resultados concretos de investigaciones y decisiones ejecutivas, pierden poder y generan escepticismo.
