Junio 13/23 En Paz del Río, con presencia de la ministra de Educación y la viceministra de Ed. Sup. el primer mandatario pidió a los jóvenes hacer asambleas para preparar el proyecto que se presentará en la legislatura que inicia el 20 de julio.
¿Técnicamente la posibilidad es viable o es un asunto de populismo?
El anuncio lo hizo el sábado 10 de junio, dos días después de que, según trascendió en medios, había pedido la renuncia a la ministra Aurora Vergara Figueroa y el equipo directivo del sector, por supuestamente no haber actuado con la celeridad deseada por el primer mandatario para impulsar sus reformas sociales.
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El Presidente de la República, Gustavo Petro, quien dijo que “el programa fundamental” de su gobierno es la educación, solicitó este sábado organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior y enriquecer el proyecto que se presentará en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio.
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“Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas, ojalá departamentales, para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”, manifestó el Mandatario.
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El Presidente reclamó “que se destaque un movimiento estudiantil en función de la reforma de la Ley 30, que significa la reforma de la educación superior en Colombia”, que analice, entre otros temas, presupuesto, financiación posibilidades de crecimiento de cobertura, de calidad…
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Adicionalmente, Petro resaltó la necesidad de crear un programa de sedes universitarias en Boyacá, y advirtió a la ministra que esta región no debe quedar por fuera de su plan de sedes universitarias. Frente al tema, el director general del SENA; Jorge Enrique Londoño, confirmó que se construirán tres sedes de esa entidad en Boyacá.
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¿Populismo del presidente?
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Lo llamativo del tema de una reforma a la Ley 30 de 1992 es que si bien el país demanda una revisión estructural de su sistema de educación superior, el propio sector no ha expresado que este sea un tema neurálgico para su funcionamiento, salvo las constantes e históricas peticiones de las IES y universidades públicas por más recursos y, concretamente, la reforma de los artículos 86 y 87 de la misma norma, sobre financiamiento.
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El propio Ministerio de Educación actual ha sido tibio al respecto, y había iniciado un proceso de mesas de trabajo que, inicialmente, buscaría tener para finales de año y comienzos del siguiente la propuesta de texto, misma que desde el segundo semestre de 2022 reiteradamente le ha solicitado al Ejecutivo el Legislativo, a través de las comisiones sextas de Senado y Cámara.
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Las comisiones y mesas de trabajo proyectadas por el Ministerio, y que ahora tendrían que replanteare sen virtud del afán del presidente, cuentan, esencialmente, con la participación de observadores, estudiantes, directivos de las IES públicas y algunos voceros del Legislativo, y curiosamente han carecido del liderazgo y aportes técnicos de los propios sectores y las asociaciones.
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Por ahora, los temas recurrentes tienen que ver con más financiamiento y, en lo posible, gratuidad universal, pero esto ha dependido de la bandera verde que dé el gobierno en materia presupuestal.
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Lo cierto es que el presidente Petro quiere acelerar el tema, no se sabe si hay algún tema estratégico clave que él o gente de su equipo quieran introducir en la propuesta de reforma, o si responde más a su deseo de mostrarse coherente con sus promesas de campaña, en donde contó con gran respaldo de movimientos estudiantiles y profesorales.
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En la práctica, el país desconoce cuáles y cuántos son los movimientos estudiantiles, pues la realidad es que los voceros y movimientos conocidos no representan íntegramente a la totalidad del estudiantado, y mucho menos quién sería la persona o instancia con autoridad y capacidad de convocatoria para adelantar estas asambleas, unificar temas y preparar una propuesta de articulado.
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La última vez que se discutió sobre una reforma a la Ley 30 de parte de estudiantes y profesores, se dio entre los años 2010 y 2014, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se consolidó la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, o MANE, tras el retiro de la propuesta de reforma de la entonces ministra María Fernanda Campo.
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La MANE que logró gran vocería en medios, se fue desgranando poco a poco, incluso cuando ya tenía avanzado una propuesta de “Programa Mínimo”, que reunía sus peticiones sobre la reforma, especialmente relacionadas con los temas de financiamiento, gobernabilidad y bienestar universitario. La cercanía de las elección de cuerpos colegiados en 2014 (parecido a lo que sucede ahora) llevó a que muchos de los entonces líderes estudiantiles se dedicaran a campaña, tuvieran diferencias entre ellos y su plan educativo terminó hundiéndose.
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¿Qué puede pasar ahora? Es posible que el presidente Petro esté buscando recuperar un espacio de opinión pública entre la juventud, al tiempo que tratar de impulsar una reforma que, a diferencia de las de Salud, Pensional y Laboral, puedan ser “menos traumáticas” en su trámite congresional, aunque podría estar desconociendo que el sector ya ha demostrado que sus reformas demanda espacios obligados de consulta que toman más que unas pocas semanas.
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Mucho más cuando no hay líderes (ni entre los estudiantes, ni del Ministerio, ni entre los rectores) para abordar el tema, y mucho menos una agenda clara. Eso sí, se corre el riesgo de que frente a cualquier propuesta que altere negativamente el statu quo del sector, aparecerán las resistencias.
