Junio 9/23 Independiente de si era merecida o no, o políticamente correcta o no, que el presidente hubiera pedido la renuncia de la Mineducación, manda una alerta de lo que puede pasar con la Ley 30.
Un día después de que, en plaza pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara que la reforma a la Ley 30 de 1992 sería una de sus banderas para el nuevo periodo legislativo, una confusa noticia del portal noticioso cambiocolombia.com, alborotó las redes sociales y Whats app de rectores, funcionarios del Ministerio de Educación e Icetex y actores claves de la educación superior.
Según esta revista virtual, el presidente Petro había solicitado la renuncia de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa; del presidente del Icetex, Mauricio Toro; del director del Icfes, Andrés Molano, y de cerca de 30 funcionarios del sector. Tras varias horas de múltiples especulaciones, Toro informó que no se le había pedido la renuncia, al tiempo que la ministra se hallaba atendiendo un evento en la Universidad del Norte.
Al finalizar la tarde, medios como El Colombiano, contaron cómo fue la historia en la que el presidente había advertido a la ministra la necesidad de acelerar los cambios que espera en el sector, entre ellos el de impulsar la reforma a la ley 30.
Vergara Figueroa escasamente lleva un poco más de tres meses en el cargo, luego de reemplazar Alejandro Gaviria, y tras haber sido la primera viceministra de Educación Superior del actual gobierno. Toro sí lleva cerca de 8 meses y ha sido más polémico por algunas de sus actuaciones. En el caso de Molano, se informó que a éste sí se le pidió la renuncia, por motivos aún no públicos.
La reforma Petro a la educación superior
El anuncio del presidente se da en un contexto en el que el Gobierno tiene empantanadas en el Congreso de la República tres de sus reformas: La de Salud, la Pensional y la Laboral, a tal punto que -por los escándalos de las llamadas chuzadas y las declaraciones del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, la salida de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, la disolución de la coalición de gobierno en el Congreso y la fuerte reducción en la imagen del presidente Petro y su estilo de gestión- es posible que en próximos días termine la actual legislatura sin que estas tres reformas lleguen a ser aprobadas.
Entonces, las nuevas apuestas del presidente van hacia otros dos temas de clave interés público: La reforma a los servicios públicos y a la Ley 30 de 1992.
La Ley 30, o de educación superior, es la puerta de entrada a la organización del sistema público-privado, tipología de instituciones de educación superior, concepción del acceso a la educación superior como un derecho-deber o servicio (tema en permanente debate) y, sobre todo, gratuidad educativa, que es uno de los temas que, en campaña, Petro más insistió. Prometió educación superior pública, gratuita y de calidad, así como la condonación de deudas del Icetex y cambio en la orientación misional de esa entidad.
Auncuando el tema de gratuidad educativa le ha sido demandado al actual gobierno, éste no ha cobrado la importancia pública de otros temas, tales como los de los créditos del Icetex, pero abiertamente sí se le pide al presidente honrar su palabra, mucho más cuando en educación puede incidir en la opinión de la juventud que, según las encuestas, representa el segmento de la población con mayor inclinación a respaldar las propuestas del presidente.
El anuncio del presidente y la contemplada salida del equipo gubernamental responsable del tema de educación, transmite, entre líneas, dos mensajes claves.
En primer lugar, que el presidente no vea en Aurora Vergara ni en Mauricio Toro ni en otros funcionarios (como la viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano), los líderes, ideólogos o “zorros” de la política que le pueden ayudar a sacar adelante una reforma en el legislativo. Si las otras reformas están embolatadas con ministros de gran cancha y experiencia en el sector público y con Senado y Cámara como Guillermo Alfonso Jaramillo -en Salud- o Gloria Inés Ramírez -en Trabajo-, el tema podría estar mucho más complicado con una ministra joven, sin experiencia congresional, mediática ni pública, como Aurora Vergara.
Otros consideran que, precisamente, ese perfil académico, bajo en lo público, no polémico y con una historia de vida que ha sido reconocida por sacrificio, puede ayudarle al gobierno a “vender” la reforma a la Ley 30.
Eso sí, en lo que lleva como viceministra y ministra, Vergara no ha librado batallas en el Legislativo, en el Ejecutivo poco o nada brilla, y en lo conceptual – técnico – sectorial, sus pronunciamientos son mínimos, a tal punto que muchos rectores, más allá de valorarle su actitud de escucha, no la ven como líder sectorial. Algo similar pasa con la viceministra.
Ambas “han pasado de agache” y no han sido claras y directas frente a la opinión en temas cruciales para el gobierno, como los de las nuevas universidades prometidas por Petro y anunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los ya hipotéticos nuevos 500 mil cupos en educación superior y la misma reforma a la Ley 30 de 1992.
A propósito, lea el análisis de El Observatorio del pasado 26 de mayo, titulado Tres grandes promesas del gobierno que el sector de la educación superior cada vez ve más irrealizables
En el caso del Icetex, la personalidad voluble y apasionada de su presidente, Toro, y la forma como ha manejado el diálogo (más un debate) con los rectores y la “imposición” del polémico artículo 95 de la reforma tributaria (que jurídicamente todo parece indicar que se va a caer), tampoco le visibilizan el liderazgo radical que desea el presidente. Aunque Toro se ha dedicado a la entidad y pone la cara frente a los retos, las tasas de interés y la no condonación de deudas siguen cobrándole a él la propuesta de campaña de Petro.
El segundo mensaje clave tiene que ver con lo que se esperaría de la reforma a la Ley 30 y los cambios que el gobierno quiere imponer.
Está demostrado que el actual gobierno gira en torno de la sola figura del presidente, que de un gabinete y de un plan de desarrollo.
Es posible que el anuncio de Petro no sólo busque conquistar espacios de opinión favorable entre los jóvenes, sino también reformar radicalmente la Ley 30 de 1992, especialmente en los temas que han sido sensibles al movimiento estudiantil, al pensamiento de izquierda y a las ideas que, desde candidato, ha apoyado Petro. Esto podría traducirse en la intención de impulsar, por ley:
– la gratuidad y universalidad en la educación superior pública (y que lograrla valdría muchísimo menos de lo que valdría, por ejemplo, la reforma a la salud).
– ampliar los mecanismos de participación de estudiantes, profesores y comunidades históricamente marginadas, en los órganos de gobierno de las universidades y de organismos públicos
– el paso del concepto de educación superior como un servicio a educación superior como un derecho, lo cual abriría la puerta para el acceso universal a la misma (modificando requisitos de ingreso) y el incremento en los servicios conexos a la actividad educativa.
– el aumento, fuerte, de los servicios de bienestar universitario, a todos los niveles
– la rendición de cuentas y control social de la gestión de rectores y cuerpos colegiados de las universidades, tanto públicas como privadas, a través de redes, asambleas y auditorías públicas
– reorganización de las IES públicas para atender la oferta (en horarios, alianzas o regiones), y afectación en los modelos de cobro de matrícula y admisión en las IES privadas
Esto no descarta alguna posible sorpresa que quiera impulsar el gobierno, tal y como ha pasado con las otras propuestas de reforma.
Hasta el momento, las posibles reformas a la Ley se han manejado en cuatro niveles:
– La reforma básica, que se traduce en la búsqueda de ajustar los artículos 86 y 87 que tienen que ver con el modelo de asignación de recursos, pero sobre la base de que el sistema organizado en 1992 se mantiene tal cual.
– La gratuidad plena, que va avanzando en el Congreso de la República con un apoyo aplastante de representantes y senadores, lo cual terminaría impactando los artículos 86 y 87.
– La llamada reforma integral, término acuñado por Alejandro Gaviria cuando fue ministro, en la que hipotéticamente se buscaría reformar algo más que la financiación.
– La reforma que pide congresistas, como la propuesta en estos días por el presidente de la Comisión VI de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que presiona una educación superior más democrática y menos meritocrática. Lea: Representante Salamanca radica primera propuesta de “reforma integral” a la Ley 30 de 1992
¿Y los rectores?
Los deseos del presidente podrían abrir la posibilidad de una reforma polémica, que impacte radicalmente al sector.
Un sector, que para este caso debería estar liderado por los rectores y las asociaciones, que hasta el momento se han caracterizado más por el silencio, y hasta el desgano, frente a una propuesta de reforma. Salvo el SUE y la RedTTU, por su interés de gestionar más recursos, no se ha avanzado en escenarios de reflexión y debate de cuáles deberían ser los temas y formas como abordar una reforma a la Ley 30 de 1992.
Porque es un sector que aún se muestra escéptico con la idea del gobierno de generar mesas de trabajo con las comunidades universitarias para analizar una propuesta de reforma a la Ley 30 y gratuidad educativa, y tímidamente trabajadas por Mineducación.
Ese mismo sector es el que podría llevarse una sorpresa, si no se organiza y se pronuncia, desde lo técnico y académico, frente a una propuesta política y legislativa que marque un rumbo para la educación superior inesperado.
No es sólo la ministra de Educación la que se tiene que “pellizcar”. Los rectores deben moverse rápidamente… incluidos (muy especialmente) los de IES privadas.
