Junio 9/23 Una vez más, pero esta vez con mayor intensidad en la violencia, las “celebraciones” del Día del Estudiante, develan la parálisis de las universidades públicas a manos de unos pocos y la necesidad de abordar integralmente el problema.
Este jueves 8 de junio, bajo el pretexto de “celebrar” un aniversario más del llamado “Día del Estudiante Caído” (o Combativo, como le llaman ahora), y como si hubiera sido previamente orquestado, delincuentes se enfrentaron simultáneamente con autoridades en las universidades Nacional de Colombia, en Bogotá; en la Universidad de Antioquia, en Medellín; en la Universidad del Valle, en Cali; y en la Universidad del Tolima, en Ibagué.
En ninguna de las protestas hay claridad sobre los motivos exactos para las mismas, salvo la coincidencia de la fecha y del hecho de que, como tradicionalmente sucede, es un día jueves, día en que acostumbran protestar los encapuchados, como una forma de presión indirecta para que no haya clases el viernes y se empate con el subsiguiente lunes festivo.
En Bogotá, un integrante de la ahora denominada Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), o antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), recibió en su humanidad un explosivo lanzado por los protestantes desde adentro de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (foto izquierda), obligando a su retiro inmediato a un hospital. Un segundo uniformado también resultó herido tras la refriega. Los enfrentamientos duraron toda la tarde y pese a la exhortación de la Alcaldesa Mayor de Bogotá para que las autoridades ingresaran al campus, tras una pedida concertación entre Policía y Rectoría, esto no se dio.
En Medellín, los manifestantes robaron una motocicleta de la Policía y luego la incendiaron, en la Universidad de Antioquia.
En Cali también se presentaron enfrentamientos entre encapuchados y autoridades en los límites entre el campus de la Universidad del Valle y la vía que pasa por allí (Pasoancho).
En Ibagué, al interior del campus, vándalos prendieron fuego a la casa de la rectoría de la Universidad del Tolima (foto derecha), en donde operan distintas oficinas, lo que ha llevado al rechazo de parte de las directivas, pero sin que hayan sido capturados los responsables.
Vale recordar que el día anterior también se habían presentado protestas en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Y semanas atrás fue en la Universidad Pedagógica Nacional, lo que ocasionó la molestia de los rectores del SUE con el político Enrique Gómez Martínez.
De estos ataques tampoco se han salvado las universidades Distrital, UIS, Tecnológica de Pereira, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y del Atlántico, entre otras.
¿Por qué las protestas el 8 de junio?
En Colombia, ya es tradición que los días 8 y 9 de junio se conmemore el Día del Estudiante Caído, en recuerdo del asesinato del alumno de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo en junio de 1929 y, en 1954, de 11 estudiantes en un acto de memoria de esa muerte. En 1973 también fue asesinado el estudiante de la U. de A. Luis Fernando Barrientos. Clic para conocer más de esta fecha.
Desde el gobierno Duque, y en el contexto del paro nacional de entonces, no se veía una arremetida de parte de los vándalos y criminales que (nunca es claro si son o no estudiantes o externos a las universidades públicas -o una mezcla de ambos-) quienes desde adentro de los campus enfrentan con explosivos de diversa índole a las autoridades.
Un problema de y para los rectores, pero también del y para el sistema
¿Hasta cuándo Colombia va a permitir esto?. Tristemente el país ha convertido las protestas en parte del panorama noticioso, que cobra más titulares cuando hay heridos, y que se olvidan rápida y fácilmente con el cúmulo de acontecimientos noticiosos en otros frentes informativos.
Más triste aún es que en ese aparente olvido, como si nada pasara, entra el propio sector universitario.
Cada rector, más con miedo que con autoridad; más solo institucionalmente que con respaldo del sistema universitario, trata de llamar a la cordura, reflexiona sobre la universidad como un escenario de paz y condena los actos y, en últimas, la mayor expresión de rechazo se da mediante comunicados de los respectivos consejos académicos y superiores… pero nada más. La situación se olvida y sólo vuelve a ser noticia algún otro jueves, cuando vuelva a ver revueltas… y heridos.
Aunque de esto poco se habla, pero la suma de daños a oficinas, equipos y accesos, sin contar el tiempo laboral y académico perdido, se traduce en dinero que suma a la hora en que la universidad pública hace petición de este al Estado.
Lo cierto es que el camino a la civilización ciudadana no puede estar plagado de estos actos de barbarie, provengan de donde provengan, y que los rectores, y más concretamente los del Sistema Universitario Estatal SUE, deben pasar la página de las declaraciones lastimeras y comunicados de rechazo y sin acciones, y de victimizarse y de usar erróneamente el concepto de autonomía universitaria, para terminar validando el mal uso de las fronteras de los campus universitarios (que son públicos) y permitir que delincuentes los usen como depósitos de narcóticos, de microtráfico y de producción de explosivos para ser lanzados a la autoridad que está del otro lado del campus.
Antes que sea muy tarde, que los delincuentes avancen en sus atrocidades y que haya que lamentar algo más grave, deben ser los propios rectores (en conjunto, porque individualmente no se atreverían, para no enfrentar juicios ideológicos y estigmatizaciones al interior de sus propias universidades) quienes deben convocar una acción conjunta con alcaldes y gobierno Nacional, en cabeza de los ministerios de Educación, Interior y Defensa, para diseñar un plan único, nacional, y legalmente respaldado por el establecimiento para actuar y evitar estas situaciones.
¿Por qué no quitar las mallas y muros que dividen a estos campus de las ciudades?, ¿permitir el ingreso de las autoridades a los campus?, ¿no son, al fin y al, cabo las universidades instituciones públicas?, ¿no son estas fronteras las que en vez de proteger a los universitarios, están desprotegiendo la ciudadanía?, ¿no es falso el argumento de la autonomía territorial de las universidades públicas, porque su autonomía es académica, científica y de gobierno interno, pero no territorial?, ¿por qué hay otros países que no presentan estos índices de violencia y sus universidades públicas están en plena ciudad y sin rejas?, ¿o hay que pasar los campus de las universidades a las afueras de la ciudad para que los estudiantes-terroristas no se animen a vandalizar?, ¿por qué no llenar de cámaras de video y drones los campus universitarios para favorecer la identificación y reseña de quienes, sean o no estudiantes, se encapuchan y preparan explosivos?…
Estas y más preguntas son las que ese escenario intersectorial debe sentarse a analizar y a concertar, porque a punta de declaraciones de rechazo el tema no se soluciona.
