Mayo 26/23 Pasan los meses y los anuncios y promesas gubernamentales se reiteran pero el sector no ve un avance real y más que confianza es incertidumbre lo que hay sobre qué va a pasar en una ed. superior que, en el “Gobierno del Cambio”, aún no da los giros de política anunciados.
Más allá del cambio de ministro y viceministra de Educación Superior en el primer año del gobierno (aun no cumplido), y de las múltiples reuniones y encuentros sectoriales (más que en gobiernos anteriores), rectores y directivos parecen ir perdiendo la esperanza en torno de los siguientes tres grandes anuncios:
Primero, los prometidos nuevos 500 mil cupos para aumentar la cobertura, en la esperanza de llegar a los casi 3 millones de estudiantes matriculados en educación superior al finalizar el actual gobierno en 2026.
Han sido muchos los giros lingüísticos, de enfoque y actores que se han dado en esta propuesta, originaria del exministro Alejandro Gaviria cuando de esta manera esquivó el compromiso presidencial de dar gratuidad universal, previendo que era más posible pensar en ofertar los nuevos 500 mil cupos en 4 años.
No obstante, pese a los diversos anuncios y promesas del SUE, a la posibilidad que se abrió para que también se dieran en las IES de la Red TTU, y hasta la emoción que despertó entre los rectores de las universidades privadas el anuncio que el gobierno las iba a tener en cuenta para ello (porque, literalmente, las tiene abandonadas y maltratadas en lo financiero y en programas de fomento), lo cierto es que cuando el sector va terminando el primer semestre académico del año, no hay ningún anuncio oficial.
Ni la ministra Aurora Vergara (foto derecha) ni la viceministra Ana Carolina Quijano (foto izquierda) dan luces precisas al respecto, y pareciera que prefieren evitar el tema, mientras que otros intentan que la posibilidad de los cupos también se abra a través del SENA e incluso, de las instituciones de formación para el trabajo.
¿Y por qué la demora? Además de que, en la práctica, no parece existir un doliente real del tema, todo se traduce a dinero, que el gobierno no parece tener. Las universidades públicas ya han sido claras en que no pueden crecer todo lo que quiere el gobierno y que si éste insiste tiene que darles más dinero.
Otro aspecto que hay que considerar es que el sistema se mueve en un escenario de duda real sobre sus cifras. Este es el momento en que ni los congresistas ni el propio Ministerio de Educación, ni el SUE, trabajan con datos en tiempo real de la matrícula en el sector, y los números que se manejan son de 2021… año y medio atrás, cuando es claro que las IES públicas hoy están creciendo menos de lo que se creía, pese a los programas de gratuidad, y las privadas (muchas ahorcadas financieramente), también han caído en matrículas y su estado financiero se complica.
Segundo, las anunciadas nuevas universidades públicas. Si bien el gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo, expresa la intención de aportar a la cobertura educativa, el documento como tal no habla de la creación de nuevas universidades, aunque sí aparecen -en el Plan Plurianual de Inversiones derivado de éste, más de 50 universidades, complejos educativos y sedes del Sena.
Políticamente el hecho puede ser favorable para el gobierno (hasta populista), pero técnicamente hay serias dudas en torno de la capacidad y viabilidad para que en los 3 años que restan del gobierno Petro se pueda avanzar significativamente al respecto. Como se dice popularmente no es un tema de “soplar y hacer botellas”, incluso así estén los recursos disponibles. La creación de universidades demanda un trámite que toma tiempo, así como el desarrollo de programas académicos, sin contar los estudios técnicos previos y la construcción de la infraestructura.
A diferencia del gobierno y sus amigos, así como de algunos alcaldes, gobernadores o habitantes de algunos de los sectores en los que habría estas nuevas IES, el sector no muestra emoción ni apoyo la idea. Sin decirlo de frente, para las IES esto terminará siendo una competencia y como se desconocen las condiciones de quiénes, cómo, cuándo y de qué forma se harían las nuevas instituciones, el sector cree que aquí va a terminar dándose algo parecido a lo que sucedió con el hoy presidente cuando fue alcalde de Bogotá, que prometió construir mil jardines infantiles, y terminó inaugurando menos de 10.
El tema, que ameritaría mucha bulla de parte de Mineducación, por el impacto e importancia del mismo, escasamente se menciona. Es como si incomodara a la propia ministra, así como incomodó en su momento a Gaviria. Prueba de que el gobierno no parece tener respuesta precisa a estos temas es que, por ejemplo, desde el pasado 3 de abril, ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Educación Nacional han dado respuesta a la petición oficial (que legalmente tiene un carácter prioritario) que les hizo el senador de la República, Josué Alirio Barrera Rodríguez, en el que pide que se informe las características de las proyectadas nuevas universidades públicas.
Entre las diversas preguntas que el senador hizo al Gobierno aparecen, por ejemplo, el requerimiento para explicar si ¿es viable que la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña se transforme en la universidad del Catatumbo y funcione de manera autónoma e independiente de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta?
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También se pregunta ¿quién está realizando el estudio socioeconómico de factibilidad y cuál es el costo de dichos estudios para las nuevas IES públicas, y si estos han pasado por el CESU?
Tercero, la pretendida reforma integral de la Ley 30. Más allá de las intenciones del Ministerio, lo cierto es que el sector no está apostando por esto. Ni siquiera se menciona como un tema prioritario en agenda pública distinto de la reforma delos artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que si bien se considera necesaria, también es cierto que no constituye una solución de fondo a la inequidad presupuestal entre las propias IES y al debate sobre si así debe ser o no el real modelo de financiamiento de la educación superior pública.
Alguno cercanos al gobierno, movimientos estudiantiles e ideólogos desean que la reforma sí sea más amplia, y para ello el propio Ministerio inició las mesas de análisis y está recorriendo el país para convocar la participación ciudadana. Bienestar, modelo de gobernabilidad, aseguramiento de la calidad y acceso universal son, entre otros, los principales temas que se están tratando, pero a nivel de rectores y analistas, no se ve ambiente ni interés de tocar estos temas, mucho más cuando las IES están metidas de cabeza en salir a flote en medio de los tortuosos procesos de aseguramiento de calidad y, sobre todo, de ver cómo superar este complejo ambiente de desaceleración, competencia, escepticismo en torno de la educación superior y ausencia de respaldo estatal (a las IES privadas).
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Sin estos tres temas, y aún a la espera de que se avance en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, no queda mucho en la agenda de educación superior para motivar al sector.
