El Observatorio de la Universidad Colombiana




Principios inspiradores para reformar el modelo de financiamiento de la ed. sup.

Sept 22/20 Ley 30/92 quedó anacrónica en su modelo de financiamiento. Están las ideas para cambiarla, pero polarización e indecisión no dejan hacerlo.

Todos los rectores, funcionarios ministeriales y expertos del sector tienen claro que se requiere, sí o sí, una reforma a la Ley 30 de 1992, por lo menos en su capítulo sobre financiamiento, con miras a garantizar mayor cobertura, impacto y equidad en los aportes a la educación superior pública, pero casi tres décadas después el tema no ha sido posible.

Primero, por la indecisión, falta de voluntad, de gestión o de arrojo político del ministro de Educación de turno. En los últimos años, ministras como María Cecilia Vélez y Yaneth Giha, intentaron hacerlo, pero de forma tibia; María Fernanda Campo no pudo reformar la Ley 30, como quiso al comienzo; Gina Parody prefirió que los recursos que servirían para esto se fueran a través de Ser Pilo Paga, y María Victoria Angulo no ha tenido tiempo de pensarlo por el multimillonario compromiso que adquirió el actual gobierno con estudiantes en diciembre de 2018, que es temporal, pero no alivia de raíz la situación.

Segundo, por la polarización ideológica que se ha dado en el país frente al tema del financiamiento. Como si fuera una, errónea, pugna de derechas (representadas especialmente en el modelo de gestión de los gobiernos, rectores y analistas económicos) y de izquierdas (especialmente entendidas en los movimientos estudiantiles y profesorales y los políticos que impulsan los temas de gratuidad en el Congreso), se ha caído en estigmatizaciones que poco ayudan al debate: Unos se cierran en que los recursos no alcanzan, y los otros en que el Estado tiene todos los recursos y dar gratuidad plena; unos en que las IES, los estudiantes y egresados tienen que colaborar con el sostenimiento del sistema, y los otros en que el Estado tiene que pagar todo; unos en que entidades como Icetex deben ampliar su radio de acción y beneficios; y los otros en que, sencillamente, el concepto de crédito educativo debe desaparecer, y así, en un inacabado debate entre derechos y deberes, sin considerar escenarios intermedios.

Y, tercero, por la desarticulación como sistema, en donde cada actor toma para su lado, pero faltan elementos y principios integradores que cohesionen y permitan a todos avanzar en una misma dirección. El SUE por un lado, y la Red TTU, por otro; el Icetex, con intereses de ciertos rectores, pero no de todo el sistema; rectores haciendo lobby con el congresista de su región, para buscar leyes a su favor; las IES grandes rechazando cualquier cambio que afecte su statu quo, y las pequeñas sin quién las defienda.

Un diagnóstico más que conocido

Las IES que más recibían recursos en 1992, son las que siguen recibiendo más, así no necesariamente hagan más; las IES públicas que no son universidades están estigmatizadas a recibir, sin explicación alguna, muchos menos recursos que las del SUE; los aportes del Ejecutivo en muy poco reconocen la diversidad, complejidad y gestión de las IES; los gastos de las IES públicas han aumentado, además de su cobertura, significativamente con respecto a los años 90; el sistema no fomenta, premia ni reconoce la colaboración interinstitucional ni compartir recursos…

Los principios conceptuales de una reforma

Lo que pocas veces se escucha, son análisis de fondo de cuáles deben ser los fundamentos de una reforma, además de los de equidad y optimización de recursos.

Aunque, estos ya se habían señalado.

En el “Acuerdo por lo Superior. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”, de 2014, el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, enumeró cerca de 20 propuestas de lineamientos de política para consolidar el modelo financiero del sistema y garantizar su sostenibilidad.

Si bien el documento no logró el impacto político y de cambios esperados en el sistema (especialmente porque fue presentado en los últimos días de gestión de la ministra María Fernanda Campo, en el gobierno Santos, y la llegada -en el mismo gobierno- de Gina Parody, que poco o nada lo reconoció), y algunas propuestas eran más teóricas que prácticas y no habló explícitamente de reformar la Ley 30, como condición sine qua non, sí planteó unos principios

Las siguientes fueron las propuestas del CESU, en 2014, con miras a garantizar una sostenibilidad financiera del sistema de educación superior proyectada a 2034, que deberían ser retomadas, revisadas y asumidas como imperativo en la negociación del modelo deseado:

Establecer un nuevo modelo de financiación del sistema de educación superior, donde concurran nuevas fuentes de financiación que aseguren la sostenibilidad del sistema, el cual debe responder a los siguientes principios:

a. Progresividad: los agentes con mayor capacidad de pago aportan más, tanto en términos absolutos como relativos. Las personas con menor capacidad de pago son focalizadas y en este sentido acceden a los beneficios sin necesidad de cubrir el costo total establecido.

b. Permanencia: los recursos dirigidos a la financiación superior no deben depender del ciclo político, ni económico; debe ser una política de Estado.

c. Creciente: debido a la expansión de la educación superior a poblaciones y regiones tradicionalmente excluidas, el financiamiento de este tipo de educación debe ser creciente en el tiempo, en términos reales.

d. Costos compartidos: la sociedad como un todo debe contribuir al financiamiento de la educación superior.

e. Heterogeneidad: tener en cuenta las diferencias institucionales, regionales y de contexto al interior del sistema y asignar recursos que consideren los distintos escenarios misionales y de capacidad de las IES.

f. Coherencia con las metas de desarrollo: la financiación debe construirse de forma consistente con las metas nacionales y sectoriales de desarrollo de mediano y corto plazo.

g. Cobertura, permanencia, calidad, pertinencia y desempeño institucional: generar los incentivos adecuados para el mejoramiento continuo de la calidad, la pertinencia y el desempeño institucional.

h. Transparencia: los criterios y las reglas de asignación de los recursos públicos deberían ser enteramente transparentes y disponibles públicamente en cualquier momento.

i. Rendición de cuentas responsable y adecuada: las IES que reciben subsidios del Estado tienen que rendir cuentas por el buen uso de los recursos públicos a través de auditorías independientes.

j. Garantizar y velar por la autonomía de las IES: la capacidad de decisión, y de fijarse sus propios objetivos, debe ser coherente con la forma en que se financian.

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