Oct 20/25 La Procuraduría General averigua si en el Consejo Superior se ha buscado modificar las normas para favorecer la reelección del actual rector de la institución, Rober Romero Ramírez y condicionado a sus miembros para asegurar el cargo del rector en los siguientes años; y si ha habido persecución a los servidores que no apoyan la decisión.
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También se estudian otras irregularidades.
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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a funcionarios de la Universidad Popular del Cesar, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato de 2024.
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En la misma decisión, se ordena la evaluación de otros hechos contenidos en una queja, que serán tramitados en procesos diferentes, tales como las concernientes al proceso electoral desarrollado el día 10 de abril de 2025 en la que la institución educativa, mediante el cual fueron elegidos los representantes de los estamentos estudiantil y de egresados ante los órganos de dirección universitaria, para el periodo 2025-2029, entre otras.
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Igualmente se dispuso la remisión por competencia a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa de diversas irregularidades contenidas en la denuncia, como las que describen que se ha intentado en diferentes ocasiones modificar la normativa interna de la Universidad con el objeto de favorecer la reelección del actual rector de la institución e igualmente, verificar si el Consejo Superior Universitario (CSU) ha condicionado el voto de sus miembros para asegurar el cargo del rector en los siguientes años; y, además, si en la actualidad existe algún tipo de persecución a los servidores que no apoyan la decisión.
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Actualmente la UPC se encuentra analizando el cronograma que aprobará el Consejo Superior para convocar la próxima elección rectoral para el periodo 1016-2030, una vez termine el primer periodo rectoral de Romero Ramírez, iniciado en 2022.
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Al respecto se ha creado ruido sobre si éste puede, o no, re-elegirse, luego de la polémica participación de la designada del presidente Petro en el Consejo Superior, Juliana Guerrero (quien se opondría a la re-elección), y la supuesta intención del gobierno nacional de buscar la reforma estatutaria para favorecer la continuidad de Romero, a través de otros de sus funcionarios.
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También fue objeto de traslado por competencia lo relacionado con la existencia de presuntos conflictos de intereses, nombramientos sin tener en cuenta las necesidades del centro educativo, vulneración de los derechos sindicales, entre muchos otros.
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Asimismo, a la Procuraduría ha llegado una queja contra Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministro de Educación Nacional y quien ha actuado como Jefe de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Educación, y quien en su condición del presidente del Consejo Superior ha sido cuestionado por la forma como ha orientado las sesiones del CSU y su cercanía con el rector Romero. El diario El Colombiano advierte que Romero apoyaría la futura aspiración de Estrada a la Asamblea del Cesar a cambio de su respaldo a su reelección.
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Entre los interesados en la reelección también estaría el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien habría intentado influir en el voto de Juliana Guerrero, apoyándose en su cercanía con Estrada, su exasesor. Aunque el ministro Antonio Sanguino niega su participación, se dice que ha sostenido contactos con funcionarios de Mineducación en favor del rector Rober Romero, mientras que el ministro Rojas, crítico de la reelección, enfrenta cuestionamientos por no actuar frente a Estrada, su delegado, señalado de operar en sentido contrario a su postura.
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En agosto pasado, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, dirigida por Andrés Idárraga, pidió al Ministerio de Educación revisar posibles irregularidades en la gestión de Romero, por supuestos nombramientos sin requisitos, sobrecostos de hasta 60% en tecnología y vacíos en obras como el Bloque J y la sede de La Jagua de Ibirico. También detectó 169 contratos sin publicar y ocho más por $15.000 millones bajo sospecha de irregularidades.
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La UPC maneja un presupuesto cercano a $170.000 millones anuales, siendo la entidad más grande de Valledupar después de la Alcaldía y la Gobernación.
