Feb/26 Para Grajales Correa, profesor de ciencias económicas de la U. de Antioquia, Tomado de Udea.edu.co, con el tiempo el salario docente ha perdido poder adquisitivo por incrementos insuficientes, afectando dignidad laboral, estabilidad académica y calidad universitaria.
«El salario mínimo ‘corre más rápido’ y el salario de profesores de universidades públicas ‘se queda atrás’. Aunque los profesores aún ganan más que el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido de manera sostenida. En los últimos 30 años, la depreciación acumulada del salario profesoral respecto al salario mínimo ha sido del 39.31%. La búsqueda de un salario justo y el compromiso con la excelencia ética y académica son hoy fundamentales para mejorar la calidad educativa y dignificar la labor docente».
Dignificar el trabajo de los profesores universitarios públicos en Colombia es indispensable para garantizar una educación superior de calidad. Esta dignificación implica salarios justos, estabilidad laboral, formación continua de calidad y excelencia ética y académica. Tales principios son respaldados en el Informe Mundial sobre el Personal Docente de 2025 de la Unesco, que propone un nuevo contrato social para la educación basado en mejores condiciones laborales, fortalecimiento pedagógico, trabajo colaborativo, formación continua de excelencia y mayor participación en espacios políticos, prácticos e investigativos.
Una forma concreta de evaluar si existen salarios justos es analizar la evolución del poder adquisitivo del salario profesoral respecto del salario mínimo —SM—. En este sentido, Quimbay y Villabona, de la Universidad Nacional de Colombia, muestran en un estudio de 2017 que entre 1995 y 2017 se presentó una depreciación acumulada del 32.23 %.
Los Decretos 1444 de 1992, 2912 de 2001 y 1279 de 2002 establecieron el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. En este esquema, el punto salarial —PS— es la unidad que determina el salario según títulos académicos, categoría en el escalafón, experiencia, productividad y cargos administrativos. El valor monetario del PS se ajusta anualmente mediante decreto presidencial, de modo que el salario de un profesor equivale al producto del número de puntos acumulados y del valor del punto.
La figura 1 ilustra la dinámica de la inflación y sus efectos sobre los incrementos del salario mínimo y del punto salarial entre 1995 y 2025. En 25 de los 30 decretos, el aumento del PS fue inferior al del SM. Como resultado, para 2025 se deduce una depreciación acumulada del PS del 39.31 % respecto al salario mínimo: mientras en 1995 el SM equivalía a 38.64 PS, en 2025 equivale a 63.67 PS. Para 2026, aún sin decreto oficial, se supone un incremento del 14.84 % en el PS, de modo que la inflación y el PS ajustados a la base de 1995 se hagan iguales.
Si la riqueza de un profesor que mantiene constantes sus puntos salariales se mide en salarios mínimos, en 2025 habrá perdido cerca del 40 % del poder adquisitivo que tenía en 1995.
Por ejemplo, supóngase que en 1995 un profesor ganaba 10 salarios mínimos —386.4 puntos salariales— . En 2025, con los mismos puntos, solo alcanza a percibir 6 salarios mínimos. Esto implica que ha perdido el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales: en términos actuales, dejó de recibir COP 5 595 863 cada mes de 2025 como consecuencia de decisiones administrativas acumuladas durante tres décadas.
Si ese mismo profesor quisiera conservar en 2025 el ingreso equivalente a 10 salarios mínimos, necesitaría 636.7 puntos salariales, es decir, haber incrementado su puntaje en 250.3 puntos, lo que equivale aproximadamente a la publicación de 17 artículos A1 según la clasificación de Minciencias.
Un caso similar ocurre con una profesora B que ingresó al sistema en 2010 ganando 10 salarios mínimos —553 puntos—. En 2025, con los mismos puntos, su salario equivale a 8.7 salarios mínimos. En 15 años, perdió 1.3 salarios mínimos mensuales, lo que representa una reducción de COP 1 871 240 cada mes de 2025.
Estos ejemplos evidencian la pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario profesoral en las universidades públicas frente al salario mínimo. Esta situación revela una faceta de la desfinanciación estructural del sistema universitario público, con efectos negativos sobre la calidad educativa y sobre la capacidad de atraer y retener talento académico.
El sistema de puntos por productividad ha operado como un mecanismo «amortiguador» frente a esta depreciación, aunque no todos los docentes logran compensarlo. Si bien la producción académica fortalece la investigación y su impacto social, resulta indispensable mantener el énfasis en la calidad de la enseñanza en los programas de pregrado y posgrado.
En los próximos meses, el gobierno decretará el valor del punto salarial para 2026. Se espera que esta decisión sea coherente con la dignificación del trabajo docente y contribuya a fortalecer el compromiso con la excelencia ética y académica. Un ajuste favorable para el cuerpo profesoral podría estar asociado a la reforma de la Ley 30 de 1992, recientemente aprobada en el Congreso, la cual modifica el mecanismo de incremento de los recursos de la nación destinados a las universidades públicas, estableciendo como mínimo un ajuste anual con base en el Índice de Costos de la Educación Superior —ICES—.
De igual manera, este ajuste resultará determinante para avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Cuatro: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Asimismo, el nuevo valor del punto salarial permitiría alinearse, al menos parcialmente, con las recomendaciones del Informe Mundial sobre el Personal Docente 2025 de la Unesco.
