Agosto 25/26 Un proyecto de ley, gestionado por el senador Esteban Quintero, quiere modificar la Ley 30 de 1992 y dar un impulso a las instituciones de formación para el trabajo quitando de la educación superior la formación técnica y tecnológica.
La iniciativa, denominada “Formación Técnica y educación para el trabajo, ‘Ley Miguel Uribe Turbay’” (quien en vida apoyó un proyecto similar), plantea adoptar y reglamentar un Subsistema de Formación Técnica (SFT) y su esquema de aseguramiento de calidad (ACFT), y presenta una profunda transformación institucional: despojar a los programas de educación técnica profesional y tecnológica de su naturaleza universitaria para reubicarlos en la órbita de la formación para el trabajo.
El núcleo de la propuesta no es meramente operativo, sino un movimiento estratégico para que la formación para el trabajo y el desarrollo humano absorba el mercado que hoy ostentan los programas técnicos y tecnológicos (TyT) de las Instituciones de Educación Superior (IES). El fundamento de la propuesta está en disminuir los altos niveles de desempleo y la informalidad laboral.
Se propone que dentro del Subsistema de Formación Técnica (SFT), existan tres niveles de oferta técnica básica (formación técnica vocacional) así:
Nivel 1 – Habilitación laboral.
Nivel 2- Operario o auxiliar (según área del conocimiento).
Nivel 3- Técnico.
Y cuatro niveles de formación técnica superior (formación técnica profesional superior), así:
Nivel 4- Tecnólogo
Niveles 5 y 6 Experto técnico (nivel según área del conocimiento; 6 para salud).
Nivel 7- Maestro técnico.
Modificación estructural de la Ley 30 de 1992
Mientras la Ley 30 de 1992 concibe a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias como integrantes plenas del servicio público de la educación superior —otorgando títulos académicos y sometidas al régimen de registros calificados del Ministerio de Educación, el nuevo proyecto las expulsa de dicho paraguas. Las reubica en tres vías de cualificación (universitaria, técnica y reconocimiento de aprendizajes previos) y traslada su tutela a un modelo mixto de carácter laboral, cambiando la unidad conceptual que el sistema educativo colombiano defendía desde hace más de tres décadas.
Aunque el proyecto dice que el SENA, las IES y las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano podrán habilitarse para ofertar programas de formación técnica básica (niveles 1, 2 y 3) y formación técnica superior (niveles 4 al 7), advierte que el artículo 16 de la Ley 30 deberá modificarse para desaparecer las instituciones técnicas profesionales e instituciones tecnológicas, y señala que “las hasta ahora denominadas “instituciones técnicas profesionales” pasarán a formar parte del subsistema para la formación técnica a partir de la promulgación de la presente ley. Lo mismo aplica para las hasta ahora denominadas “instituciones tecnológicas” las cuales pasarán a formar parte del subsistema de formación técnica a partir de la promulgación de la presente ley. Estos dos tipos de instituciones ya no harán parte de las denominadas IES sino que serán parte del subsistema en referencia”.
Así, lo que históricamente se concibió como el primer eslabón del ciclo universitario —con inspección, vigilancia y exigencias académicas propias del Ministerio de Educación— quedaría subsumido en una lógica de cualificación laboral de corta duración. Con ello, se busca ampliar el mercado de la formación para el trabajo, desdibujando la identidad académica de las instituciones técnicas y tecnológicas creadas bajo el amparo de la legislación superior.
Complejidad normativa y mayor desarticulación del sistema
Esta iniciativa legislativa llega en un momento de alta saturación y colisión regulatoria, constituyéndose en un factor más de dispersión sectorial. Actualmente, el país lidia con un complejo entramado de normas que se superponen y compiten entre sí:
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La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH): Regulada históricamente por la Ley 1064 de 2006 y el Decreto 1075 de 2015 bajo la rectoría del Ministerio de Educación Nacional.
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El Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT): Puesto en marcha recientemente mediante el Decreto 1650 de 2021 bajo la órbita del Ministerio del Trabajo, con sus propios comités consultivos y esquemas de cualificación por resultados de aprendizaje, y cuya puesta en funcionamiento ha sido más compleja que real.
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El Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Arquitecturas estatales impulsadas para ordenar y articular los aprendizajes formales, informales y la certificación de competencias laborales.
El senador Quintero Cardona (foto), del Centro Democrático, también avala el proyecto de ley, radicado por su compañero de bancada, Juan Fernando Caicedo, sobre ciclos cortos.
Lejos de integrar el sistema, la creación de un nuevo subsistema técnico y un esquema de aseguramiento de calidad (ACFT) a través de esta ley profundiza la fragmentación institucional. La coexistencia de dos carteras (Educación y Trabajo), con reglas de juego disímiles, estándares de calidad encontrados y disputas por la rectoría de la formación de corta duración, evidencia que el proyecto responde a intereses gremiales y sectoriales particulares. En lugar de consolidar una política de Estado coherente, el articulado fragmenta aún más al sector educativo, generando inseguridad jurídica para las instituciones y pasarelas rígidas y confusas para los estudiantes colombianos.
