Proyecto de ley busca nivelar derecho de IES oficiales no universidades a recibir recursos

Mayo 15/19 Finalmente, tras muchas reuniones y lobby, los rectores de la Red TTU lograron que se radicara en el Congreso el proyecto de Ley que busca modificar la Ley 30 para reformar los artículos 86 y 87.

La Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas -RED TTU-, dirigida por Felipe Ortiz, lleva mucho tiempo gestionando ante el Congreso de la República para que el Estado reconozca que sus IES son autónomas y públicas y, por lo mismok no deberían ser discriminadas, como para actualmente, con el modelo de asignación de recursos y transferencias de parte del Estado Colombiano.

Así fue como, tras mucho insistir ante el Ministerio de Educación y CESU, entre otras instancias, un grupo de rectores de estas IES han dedicado mucho de su tiempo para reunirse con parlamentarios en Bogotá y lograron que en el Congreso de la República avance el Proyecto de ley número 212 de 2018 de la Cámara de Representantes , por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa cuenta con el avala legislativo de los representantes Aquileo Medina Arteaga, León Fredy Muñoz Lopera, Adriana Gómez Millán y Oswaldo Arcos Benavides.

“De tiempo atrás, no solo las Universidades Públicas sino las Instituciones Técnicas, Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas que no son Universidades de conformidad con la Ley 30 de 1992 han venido reclamando tanto del Congreso Nacional como del Gobierno nacional su atención respecto de la falta de recursos que tienen para su funcionamiento, donde podemos identificar que aquellas ha venido siendo compleja y difícil la situación de las IES públicas sin el carácter académico de universidad, puesto que no disponen en la actualidad de una financiación significativa por parte de la nación, lo que resulta en una complejidad en materia de sostenibilidad académica, financiera y administrativa por la falta de equidad en la distribución de los recursos del Estado. Lo anterior, en contravía de las intenciones de acreditación voluntaria”, señala el proyecto en su exposición de motivos.

Así mismo, indica que el Presupuesto General de la Nación 2019 recientemente aprobado por el Congreso, estableció en el artículo 132 que “El Gobierno nacional al efectuar la asignación de los recursos para la educación superior, lo hará con criterios de equidad entre las Universidades Públicas y las Instituciones de Educación Superior de carácter público”.

Así, la intención del proyecto es la de modificar en los artículos 86 y 87 las expresiones, “universidades nacionales, departamentales y municipales”; “universidades estatales y oficiales”; “universidades públicas” y “universidades estatales y oficiales e instituciones universitarias” por el término Instituciones de Educación Superior Públicas, que es la forma como el Sistema de Educación Superior del país asimila a las 32 Universidades y a las 29 ITTU públicas; así como el de suprimir en el parágrafo del artículo 87 la referencia a “los sistemas que se crearon en desarrollo de los artículos 81 y 82 de la Ley 30 de 1992” por cuanto dichos artículos solo reconocieron en su momento a las Universidades, lo que significa en palabras de varios de los parlamentarios que contribuyeron a crear la Ley 30 en el año 1992, que haber excluido de la redacción final a las ITTU públicas, se trata de una equivocación.

El proyecto de ley implícitamente reconoce el impacto fiscal que ocasionaría la medida pero, aún así, pide su aprobación con la aclaración de que el Gobierno conserve la potestad para decidir si incluye o no dentro de sus prioridades, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los recursos requeridos para lograr el objetivo propuesto.

Clic para descargar el texto del proyecto de ley y la exposición de motivos