Oct/25 En Razón Pública, Villaveces, Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, advierte que si bien esa Universidad es pública, es de la Nación y es un bien común que pertenece a toda la sociedad, eso no significa que pueda usarse para cualquier fin.
La autonomía universitaria no es un privilegio ni una excepción al Estado de derecho. Es una garantía constitucional para que el pensamiento, la ciencia y la crítica florezcan sin presiones de orden político. Pero esa misma autonomía tiene límites: no puede convertirse en un escudo que ampare la omisión institucional, la instrumentalización partidista o la permisividad frente a prácticas que deterioran el sentido mismo de lo público.
Durante las últimas semanas, en la Universidad Nacional de Colombia se han presentado hechos que invitan a reflexionar sobre su papel académico y su misión como institución de educación pública. Las ocupaciones prolongadas, las actividades que desbordan lo académico y las señales ambiguas de sus directivas han puesto a prueba el alcance real de su autonomía.
La Universidad es pública; la Universidad es de la Nación. Es un bien común que pertenece a toda la sociedad, pero eso no significa que pueda usarse para cualquier fin. Su carácter público la compromete con una misión específica: la producción y transmisión del conocimiento, la formación y la cultura. Ser de la Nación implica servirla desde el saber, no diluir su propósito en demandas o intereses que desvían su sentido académico.
Por eso, la universidad es abierta a las y los ciudadanos colombianos —y del mundo— que acuden a ella para participar en actividades académicas, culturales o deportivas propias de su misión. Acoge también a colectivos y organizaciones sociales que participan en espacios académicos y culturales organizados por la institución. En su vida cotidiana acuden integrantes de los tres poderes públicos y de gremios o centros privados que asisten a consejos, foros o clases, como parte de la dinámica natural de un centro de pensamiento que dialoga con el Estado y la sociedad.
Lo que resulta preocupante es que, amparándose en la idea de que la universidad “es pública” y “de la Nación”, se ingrese a sus espacios con fines ajenos a la vida universitaria, especialmente cuando se persiguen intereses partidistas, electorales o ideológicos. Así, la frontera entre la presencia institucional y el uso político del espacio público se vuelve difusa, y es deber de la universidad protegerla con claridad. La universidad no es escenario de campañas ni extensión de gobiernos. Es —o debería ser siempre— territorio del pensamiento libre.
La autonomía, como lo consagra la Constitución de 1991, garantiza que ninguna autoridad externa —ni el Gobierno ni los partidos ni los intereses privados— pueda definir los destinos de la universidad o interferir en sus decisiones académicas y administrativas. Es decir, la protege de intereses particulares. Pero esa protección se malinterpreta cuando se traduce en complacencia o en silencio: cuando se permite que actores políticos usen el campus como escenario para gestos de poder. Esa es una trampa peligrosa. Si se abre la puerta a unos, se legitima de hecho que otros, con visiones opuestas, reclamen el mismo espacio. Y lo que termina erosionándose no es una posición política particular, sino la independencia crítica que define a la universidad pública: su capacidad de sostener convicciones éticas y democráticas sin alinearse con ningún poder ni discurso partidista.
Se ha manifestado que, pese a la tensión vivida en el campus, la normalidad académica no se ha alterado. Pero la verdadera normalidad en una universidad no se mide solo por el cumplimiento del calendario o la realización de las clases, sino por la posibilidad de pensar, crear, caminar y vivir la universidad sin miedo. La autonomía debe proteger esa normalidad plena, en la que el conocimiento florece sin presiones ni sesgos, vengan de fuera o de adentro, y donde la vida universitaria se desarrolla libre de violencia: en sus espacios, en sus palabras y en sus ideas.
Por su parte, la decisión histórica de que la fuerza pública no ingrese a las instalaciones universitarias tiene un sentido profundo dentro de la autonomía: proteger la integridad del pensamiento, evitar la represión y garantizar el disenso. Esa decisión debe mantenerse, porque encarna una conquista democrática y un principio de confianza en la comunidad universitaria. Pero su vigencia exige también responsabilidad interna y capacidad de autorregulación para resolver los conflictos dentro de la comunidad y preservar un entorno seguro, respetuoso y coherente con su misión educativa, defendiendo así la autonomía con autoridad académica y ética.
Hoy más que nunca, la Universidad Nacional de Colombia necesita fortalecer y salvaguardar su voz institucional. No una voz subordinada a ningún interés particular, sino una voz de debate crítico, analítico, plural y participativo. Discutir el alcance y el sentido de la universidad pública es necesario, reconociendo los contextos cambiantes y permitiendo que las voces diversas —también las disonantes— tengan lugar, porque el resultado no puede ser marginar ni cancelar a ningún miembro de la comunidad.
La verdadera autonomía se sostiene en la integridad y el diálogo; cuando estos se diluyen, lo que queda es anomia.
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Economista, MSc en Política Comparada y PhD en Estudios Políticos. Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Ex viceministra técnica de Hacienda. Asesora Superfinanciera de Colombia (las opiniones aquí presentadas son exclusivamente personales y no representan a las entidades en las que trabajo).
