¿Qué podría llevar a una desafortunada gestión de Alejandro Gaviria para la educación superior?

Julio 31/22 Más allá de su compromiso de llevar educación superior pública universal y gratuita, estas son algunas realidades/desafíos que el sector, parece, no le ha contado al nuevo ministro.

Alejandro Gaviria Uribe ya fue ministro (de Salud), decano y rector universitario, ha escrito libros y se considera un humanista. ¿Será un buen líder para la educación superior?

Una consideración similar se hizo en el sector de la educación terciaria o post-secundaria hace cuatro años, cuando el entrante presidente Iván Duque Márquez designó como ministra de Educación a María Victoria Angulo. Aunque ella no había sido ministra, ni rectora, se había formado una interesante carrera en el sector público educativo y se había preparado para el cargo. Se le consideró una técnica, y pese a importantes logros en su gestión, la opinión pública y el sector terminaron cuestionándole algunas acciones, así como muchos de sus silencios.

A propósito, puede leer: ¿Qué le faltó a María Victoria Angulo para aprobar su gestión como ministra?

Si una ministra como Angulo no satisfizo las expectativas del sector, ¿qué garantía hay de que un filósofo-político o político-reflexivo, como Gaviria, lo hará? Porque no hay que dudar que, presentadas como reflexiones, tormentos y cambios de opinión personal, las movidas públicas e ideas de Gaviria en el último año, lo confirman como un integrante más de la cuestionada clase política del país: Salió de la rectoría de Los Andes como aspirante presidencial independiente y ajeno a todos los partidos, luego pasó a ser cuasi candidato del Partido Liberal, posteriormente precandidato del Centro Esperanza y finalmente, un irrestricto vocero a favor del Pacto Histórico del electo presidente Gustavo Petro Urrego, mismo a quien pocos meses antes se negaba a respaldar.

Ese mismo talante, de quien reconoce permanentes tormentos ideológicos y de dilemas éticos a la hora de actuar, que no niega su gusto por impulsar reformas públicas y se proclama como defensor de las libertades a todo nivel, deberá dirigir la educación en el gobierno de un presidente que, para algunos, se antoja exigente, o hasta impositivo para imponer sus ideas. Esta situación genera algo de temor en el sector, y se resumen en la pregunta sobre si el designado y próximo ministro de Educación en propiedad va a durar los cuatro años en el cargo o, por el contrario, alguna “rabieta” o discusión de principios con el presidente Petro le lleve a renunciar o, por qué no, a atender el llamado de algunos para aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2023 o a la presidencia en 2026.

Aún sin posesionarse, Gaviria ya enfrenta una polarización en redes sociales por su anuncio, para algunos impositivo, de llevar el informe de la Comisión de la Verdad a los colegios y escuelas del país, en una posición que, paradójicamente -dicen sus críticos- refleja un contrasentido con respecto a su talante conciliador. Más allá de las consideraciones técnicas, de justicia o necesidad de abordar este tema, un aspecto como éste, de carácter ideológico, en un país polarizado, podría revivir una situación similar a la que vivió la entonces ministra de Educación, Gina Parody, con su deseo de llevar la también polémica “ideología de género” a las aulas… Y basta recordar en qué terminó ese debate: Ni ideología de género en los colegios, ni ministra en el cargo.

El entramado contexto de la educación superior

Tanto Angulo como Gaviria llegaron a sus ministerios sin decirle al país qué van a hacer exactamente en educación superior, salvo lo que, bien o mal, heredaron por lo que sus presidentes prometieron: Modificar Ser Pilo Paga y aumentar la cobertura, para el caso de Duque, y la educación pública, gratuidad y de calidad, como lo ha prometido Petro, con el ingrediente adicional de reformar al Icetex.

Angulo no tuvo tiempo de proponer una agenda concreta para el sector, porque los cuatro años actuó de forma reactiva, ante las demandas sociales. Gaviria llega con el aparente respaldo del sector que tanto criticó al gobierno Duque, pero con ausencia de propuestas concretas, por lo menos para la educación superior. Con el nuevo ministro el sector se mueve con cierta ansiedad: entre el optimismo y el miedo de sorpresivos anuncios frente a lo que se le dé por impulsar, y con quiénes lo haga, pues aún no se sabe quién será su viceministro (a) de Educación Superior.

Por ahora, Gaviria, en su tono sincero, reconoce que no sabe cómo va a realizar la tarea encomendada: Reformar la Ley 30 y el Icetex, y aunque fue rector de la más reconocida universidad privada del país (Los Andes), llega a un escenario en el que la propia educación superior privada comienza a experimentar las agonías de la baja en la demanda (por la competencia entre IES y los agentes externos y la ausencia de promoción de un Estado que no ha dado un solo soplo de auxilio a ésta), y la cultura y gestión de la universidad pública es radicalmente distinta a la de la privada, que es en la que se ha movido el ministro.

Si bien Gaviria ya ha avanzado una interesante agenda de reuniones con muy variados actores del sector, entre ellos los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, a quienes prometió incluir en el proceso de reforma de la Ley 30, es importante que considere que más allá de la reforma, lo que estos piden en el fondo son más recursos, no perder su escenario de conveniencia institucional en el modelo de asignación de recursos, dar una mínima rendición de cuentas, defender su autonomía casi plena, mantener excesivas remuneraciones del profesorado universitario (vale preguntar, por casualidad, cómo algunos docentes ganan, por los famosos puntos del Decreto 1279, más dinero que el propio presidente de la República), y mantener múltiples beneficios de contratación y covenios interadministrativos, entre otros aspectos.

Debe considerar que (como bien le puede contar la próxima exministra María Victoria Angulo), no necesariamente el poder de la educación superior pública lo tienen los rectores, sino los estudiantes y los docentes, tal y como se vio en octubre de 2.018, cuando pese a la foto oficial del presidente Duque y la ministra Angulo con los rectores para, supuestamente, levantar el paro nacional universitario de entonces, estos fueron incapaces de convencer a sus comunidades de levantar el paro y sólo cuando el Gobierno negoció con los sindicatos, el movimiento estudiantil y las agrupaciones sociales, y se les dio más dinero, fue posible retornar a la normalidad.

De las ideas a la acción

Gaviria tiene el reto de pasar de la política y las ideas a la gerencia. Debe cuidar, y mucho, las prevenciones y cuidados que algunos movimientos de izquierda y centro izquierda tienen de él, a quien consideran (pese a sus ideas) un hijo de la clase política de la derecha y centro derecha colombiana, nacido en “cuna de oro”.

Más allá de sus reflexiones sobre los principios y valores que deben caracterizar a la educación colombiana, debe entender que tanto el presidente como todo el país (incluso el que no votó por Petro), le demandarán cumplir el encargo de asegurar la gratuidad en la educación superior pública, y la reforma del Icetex, y que pese al respaldo legislativo con el que llega el nuevo Gobierno, construir sedes universitarias en todo el país (como ha sugerido el presidente Petro), aumentar la cobertura con gratuidad y reformar la Ley 30, no es una cuestión de soplar y hacer botellas, y que para llegar a modificar el modelo de educación superior, así sea solamente en lo financiero, deberá pasar por el Congreso de la República, luego del natural desgaste que le representa a cualquier gobierno -como el que llegará-, a tramitar, previamente las reformas tributarias, política, de tierras y de salud, entre otras.

Por ahora el designado ministro Gaviria se muestra como uno de los nombramientos de gabinete más llamativos del nuevo gobierno, asiste a muchos encuentros y posa para todas las fotos. Tiene un carisma especial, tal vez por su forma de hablar, de mostrarse humano, de lanzar “hijueputazos” que se vuelven virales, y de mostrarse “más inteligente” que el promedio de dirigentes políticos. Pero la expectativa comenzará a aterrizar en presión y demandas a partir del próximo 8 de agosto.

Por su natural comportamiento crítico y a veces anárquico, de una buena parte del movimiento estudiantil, por las exigencias que la autodenominada Primera Línea ha hecho al nuevo gobierno para presionarlo si no cumple promesas, por la urgencia de reemplazar el actual modelo de gratuidad parcial por uno de carácter universal, por el cambio en el modelo de asignación de recursos para las universidades públicas (que ya no hará Mineducación sino el Congreso de la República), por la aparición de nuevos casos de cobros mal gestionados por parte del Icetex (mientras no se modifique estructuralmente eso… y que no pudo hacer el gobierno saliente) y por los impactos mediáticos y de lobby que causará el descuido estatal hacia la educación superior privada, el ministro Gaviria tiene que ser muy hábil para mostrar resultados prontamente. Para la opinión pública llega, incluso, con mayor expectativa de logro que su antecesora y, por lo mismo, los niveles de exigencia y de rudeza de la opinión sobre su gestión, serán más intensos.

Si bien la propuesta presidencial de educación universal gratuita es trascendental para el sistema, el avance en el tema por parte del gobierno Duque le quitó protagonismo y expectativa social a la misma, a tal punto que no fue un elemento decisivo en la última campaña presidencial. La pandemia, la desaceleración de la demanda, la oferta de otras modalidades e instituciones educativas (nacionales y extranjeras, no necesariamente de educación superior), la formación para el trabajo y las apuestas de gobiernos locales para apoyar la educación, han convertido la expectativa sobre la gratuidad en algo esperado por la sociedad como algo que se va dando naturalmente y no como un milagro.

Empleo, más que matrícula

El verdadero reto, y el ministro Gaviria lo identificó en algún momento cuando era rector, va más allá de la matrícula y se traslada al efecto de ésta sobre el trabajo. Colombia demanda, urgentemente, dar un trabajo a todos los egresados con título de educación superior, digno en salarios y condiciones laborales. De lo contrario, el país (léase el Estado) estaría inflando un problema social: La masificación y cualificación del desempleo y la baja remuneración promedio de los profesionales contratados. Sin posibilidades reales y motivadoras para que los egresados de la educación superior consigan trabajo, de qué sirve la universalidad en la cobertura educativa, más allá de las externalidades que significan tener más educación. El ministro Gaviria sabe del tema, y escribió un libro sobre movilidad, y conoce bien que, sin liderazgo e interlocución real con los ministerios de Hacienda y Trabajo, entre otros, no podrá avanzar con éxito en su gestión.

Desafíos de gestión ministerial iguales o más importantes que la gratuidad

Ojalá que las prioridades políticas esperadas de esta cartera, no lleven a olvidar o descuidar, aspectos esenciales para la organización como sistema y, sobre todo, para la consolidación y aporte de la educación superior al país, y que bien pueden describirse en los siguientes 10 aspectos -sin orden de prioridad- identificados por El Observatorio de la Universidad Colombiana, en sus 15 años de experiencia, de diálogo diario con rectores y de análisis de tendencias, estudios, investigaciones y opiniones de académicos del sector:

1) Hay que hablar con TODO el sector y no sólo con las asociaciones, rectores más visibles o IES (instituciones de educación superior) grandes. Ojalá, algún día, un ministro de Educación se sentara a dialogar con todos los rectores, de todas las tipologías, condiciones económicas y regiones. Considerara al sistema como tal, y no como un grupo de lobistas en donde sólo pueden hablar con el ministro los amigos, los que tienen poder gremial o un congresista detrás. Y esto incluye articular a más de 50 actores de otras ramas del poder público, mercados, contextos geográficos e intereses que inciden sobre el sector. Y sería muy bueno que el Viceministerio de Educación Superior también tuviera una cercanía y sensibilidad especial hacia la educación superior privada (así como que en el propio Ministerio hubiera verdaderos pensadores, académicos y profesionales muy cualificados académicamente, y que pueden salir más económicos para el Estado en vez de pagar millonarias consultorías a terceros).

2) En palabras muy colombianas, el sector está “mamado” de la excesiva normatividad relacionada con el sistema de aseguramiento de la calidad SAC, más preocupada por la minucia, el proceso, la plataforma, los tiempos, las condiciones y, en general, la forma que el fondo. El sistema ya lleva un buen número de años de resoluciones, acuerdos, leyes, notas orientadoras y directivas ministeriales que parecieran atender más al interés de unos pocos académicos (en el CNA y en Conaces, y uno que otro asesor) que en leer la verdadera realidad de las IES y sus apuestas por contribuir a la educación del país.

3) La función de inspección y vigilancia, como una forma de garantizarle a la sociedad que las IES realmente están comprometidas con sus objetivos misionales, a la luz de la ley, opera más como un saludo a la bandera que una acción realmente de intervención y reparación. La reactividad y no proactividad, la tramitología legal y el miedo a intervenir se juntan para permitir que, incluso IES a acreditadas, se burlen de la normatividad.

4) La función de fomento del Viceministerio de Educación Superior debe recuperar su objetivo de apalancar el desarrollo de los actores del sector con debilidades, en vez de agenciar recursos hacia amigos, asesores e IES cercanas al ministro de turno.

5) Hay que romper el formalismo, protocolo y hasta miedo que genera el no pertenecer al grupo (“rosca” en términos de más fácil comprensión) del área de calidad; léase CNA, Conaces, CESU y Dirección de Calidad. Hay que actuar, a fondo, para evitar los favoritismos, los conflictos de intereses y hasta el miedo recíproco e hipócrita que se da entre el Ministerio y estos actores. Esto implica esculcar a fondo, revisar contratos, hojas de vida, coherencia en las decisiones, conductas inexplicables en algunos pares académicos y el trato irregular en tiempos y respuestas a determinadas IES y rectores. Y reformar al CESU (a propósito de la intención de modificar la Ley 30 de 1992), para hacerlo un organismo realmente representativo (hay miembros de cuya presencia y legitimidad duda un sector, que tampoco se siente plenamente identificado allí). Un llamado a cuentas al Sistema Nacional de Acreditación, a su utilidad y nivel de eficacia, no caería nada mal.

6) Las convalidaciones de títulos de connacionales para sus estudios cursados en el exterior ameritan una total transparencia y eficacia en el proceso. El Ministerio saliente hizo un esfuerzo, pero las buenas intenciones no son suficientes. Ineficiencia, demoras, confusión en la información y sospechas de corrupción afectan el proceso y frustran a miles de colombianos que se afectan en su desarrollo profesional por las fallas en esto.

7) La mirada del Ministerio debe modernizarse e ir más allá de la normatividad y el campo de acción de las IES. La formación virtual, la oferta de IES extranjeras, la posible llegada de ellas al país, la matrícula de colombianos en línea en programas e IES extranjeras y las cada vez más amplia oferta formal, informal y no formal de estudios y oferentes no pueden seguir siendo tema ausente en la agenda gubernamental.

8) Si la mayoría de la investigación en Colombia se hace en las IES, esto no puede ser agenda ajena a Mineducación y dejarla plenamente en manos de Minciencias. Deben superarse las mediciones, los rankings, los indicadores, convocatorias y el afán de producir por producir sin valorar realmente el impacto y enfoque de la investigación en el país y el nivel en que ésta debe hacerse en la educación superior. Colombia requiere conocer y comprender más y mejor qué, cómo, con qué recursos, quiénes y para cuándo debe hacerse investigación, y no dejarse en manos únicamente de unos técnicos expertos en métricas y presupuestos, que no logran explicarle al país los beneficios de su labor.

9) Hay que mirar, con lupa, todos los temas relacionados con el Marco Nacional de Cualificaciones, el Sistema Nacional de Ocupaciones y todos los múltiples actores, siglas y sistemas y subsistemas que se vienen creando y que, en últimas, la educación superior poco entiende, y que parecen responder más a los intereses de subgrupos del sector (algunas IES, algunos asesores, algunos Ministerios, algún SENA, algunas instituciones de formación para el trabajo y algunos contratistas) que a una real discusión nacional, colectiva, concertada y objetiva de lo que se necesita.

10) ¿Hasta dónde el Ministerio que más dineros recibe para funcionamiento e inversión social, como el de Educación, va a seguir creciendo en recursos? Si bien la gratuidad es una apuesta de Petro, lo son también los subsidios de empleo, las reformas de salud y las inversiones sociales para consolidar la paz, entre otros anuncios que demandan grandes inversiones económicas para un país con serias limitaciones fiscales. Más allá de más recursos, el punto está en revisar la distribución y eficacia en el gasto actual. ¿Realmente el SUE necesita todos los billones que pide?, ¿se ha hecho un real análisis técnico, desde el Estado y no desde el propio SUE, de dicha memoria de cálculo?, ¿la apuesta de universidad de calidad que ellos plantean es la que necesita todo el país?, ¿qué pasa con los recursos para las IES públicas que no son universidades?, qué pasa con la gratuidad para estudiantes de estratos bajos matriculados en instituciones privadas?, ¿por qué mantener la hoy absurda discriminación en la asignación de recursos entre las propias IES, ajenos a resultados, matrícula y complejidades?, o ¿cómo responder a las exigencias estudiantiles de quienes desean extender la gratuidad de TyT a carreras universitarias; de pregrado a posgrado; y de matrícula a bienestar y gastos de sostenimiento?….

Un Ministerio que dé sentido de país a la educación

Es claro que el Ministerio de Educación no es Uniandes. Por estructura, organización, tradición y objetivos, una universidad como Los Andes difícilmente puede generar un conflicto o incremento o decremento de su capital social y cultural con uno u otro rector, pero -en cambio- por su naturaleza política y fallos estructurales, el Ministerio de Educación sí puede ser un actor clave u olvidado en el proceso de desarrollo social del país dependiendo del ministro de turno.

Desde su visión como recién elegido rector de Uniandes, en 2019, Gaviria advirtió que “las mejores -universidades- van a prevalecer. Pero deben transformarse”. La cita se comprendía de quien venía en su rol como vocero de una de los “mejores” universidades, pero hoy habría que ver cómo el mismo Gaviria ve esto, ahora como responsable de gestionar que sea el sistema (con mejores y peores IES) el que sobreviva.

En este momento no importa -ni siquiera se debate- si Gaviria fue o no buen rector de Uniandes, pero el país sí analizará y no olvidará si Alejandro Gaviria podrá o no posicionar a la educación superior en el sitial que merece en el país.

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