El porqué la Universidad, como institución, no puede tomar posición política

Julio 20/21 Aferrarse a una posición ideológica, sin admitir la posibilidad del error y querer unificar el pensamiento de la comunidad académica, van en contra de su esencia.

Esto no significa desconocer la naturaleza política de la Universidad. El debate permanente, la duda razonable, el compromiso social y el dar una mirada diferente a lo que parece una verdad de a puño, convierten a la institución universitaria en una organización de carácter político, en cuanto conducta propia de quien se empeña por impulsar, con ideas, el cambio para mejorar.

Pero la esencia política de la Universidad está en la libe expresión de sus integrantes y en el debate permanente, mas no en pretender unificar una posición ideológica frente a temas conflictivos (como por ejemplo, los partidos políticos, temas éticos -aborto, drogadicción, matrimonio…-, y rol del Estado frente a diversos aspectos de la agenda pública).

Algunos han cuestionado el silencio de algunas IES y rectores frente a los hechos del reciente paro nacional que ha enfrentado Colombia. Consideran que tienen la obligación de solidarizarse con los reclamos de los jóvenes, y algunos rectores, a nombre propio, lo hicieron, y otras IES han invitado al diálogo social, sin que abiertamente se casen con una posición política.

Lo cierto es que el prudente silencio de las instituciones y la invitación a la reflexión es la mejor salida y más coherente con su naturaleza, pues aunque para muchos lo obvio pudiera ser el respaldo a la protesta social, para otros (no importa el número), la sola posibilidad de rechazar la protesta y buscar otras vías, legales o intelectuales, cobra también igual de importancia.

Lea: La cuidadosa decisión que deben tomar los rectores frente a las protestas

Argumentos en favor de la neutralidad de la Universidad, como institución

En el Parlamento de Cataluña, en España, se debate actualmente la aprobación de una resolución que asegure la neutralidad ideológica de las universidades públicas, luego de varios hechos en los que algunos rectores han asumido, a nivel institucional, diversas posiciones políticas. Órganos de gobierno de universidades como la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Oberta de Catalunya han visto sanciones al respecto. En el más reciente caso, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó a la Universidad de Barcelona por no guardar la debida neutralidad, al tomar posición pública en defensa de presos independentistas.

Las posiciones están encontradas en el Parlamento de Cataluña. Por ello, para defender la neutralidad de la Universidad, como Institución, apareció “Universitaris per la Convivència“, un colectivo de profesores de enseñanza superior e investigadores catalanes que, desde septiembre de 2018, trabaja para que las universidades dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros, por considerar que esto vulnera la libertad ideológica.

Estos son los argumentos para defender la neutralidad de la Universidad (en general)

(1) El principio de neutralidad ideológica, al que están sujetas todas las instituciones públicas, requiere que ninguna de ellas asuma como propia una posición política partidista, sea mediante declaraciones de sus órganos de gobierno o representación, sea mediante la exhibición de símbolos de dicha naturaleza.

(2) El principio de neutralidad ideológica en nada entorpece la libertad de cátedra o, en general, la libertad de expresión de profesores y alumnos. Muy al contrario, lo que pretende es garantizar que tales libertades individuales puedan ser ejercidas por todos en igualdad de condiciones y sin coacción alguna por parte de la institución.

(3) El derecho fundamental a la autonomía universitaria establecido en la Constitución tiene como único fin garantizar la libertad académica de profesores y alumnos, preservando a la universidad de injerencias externas, pero también exigiendo que la universidad no imponga a sus integrantes credo ideológico alguno. Por eso, la neutralidad ideológica no se contrapone a la autonomía, sino que es una de sus condiciones necesarias.

(4) Los órganos de gobierno de las universidades no ostentan la representación política de sus integrantes, por la sencilla razón de que la universidad no es una institución política. Prueba de ello es que tales órganos no son elegidos “democráticamente” (de acuerdo con el principio de igualdad de valor de los votos) sino mediante un sistema corporativo de voto ponderado, que otorga mayor valor a unos votos que a otros. A la vez, los miembros de los diferentes órganos de gobierno de las universidades jamás concurren a las elecciones con un programa que recoja sus posicionamientos sobre política general por lo que carecen por completo de legitimidad para pronunciarse sobre la situación política de Cataluña en nombre de todos nosotros.

(5) Si por algo se caracterizó la universidad española en los tiempos de la dictadura franquista es por no respetar el principio de neutralidad ideológica, exigiendo a sus profesores y alumnos la asunción de un determinado credo político. Lo que estos reclamaban (por ejemplo, en el Manifesto de la Capuchinada de 1966) era precisamente dicha neutralidad, exigiendo a las autoridades políticas y académicas que se abstuvieran de menoscabar la libertad académica. Por eso, sorprende sobremanera que se asocie la reivindicación de un principio democrático básico como es la neutralidad ideológica institucional con la universidad franquista. Lo que, en cambio, sí desprende autoritarismo son los comportamientos presentes de los gestores de las universidades públicas catalanas, cuando con reiteración se declaran partidarios de una determinada posición política, casualmente siempre coincidente con la del gobierno de Cataluña.

(6) La naturaleza de la universidad es la de una institución donde reina la más amplia libertad de estudio y de investigación, donde todos pueden formar su criterio y expresarlo libremente, sea cual sea. La neutralidad ideológica, reiteramos, no es sino la garantía de que el espacio público universitario sea un espacio abierto a todos, en el cual toda crítica y toda reivindicación tengan cabida. Quienes están a favor de una universidad viva, participativa y dinámica, de una universidad libre, han de estar también a favor de su neutralidad institucional.

Las universidades no pueden ser altavoces ideológicos

Otros interesantes argumentos para el análisis han sido planteados por el editorial del diario valenciano “Valencia Plaza”, y que se resumen a continuación:

  • Una universidad pública “no puede asumir como propia una posición política determinada” porque se vulneran, como dice el texto legal, “los derechos de libertad ideológica y de expresión de sus profesores y alumnos, y también el derecho a la educación de estos últimos”.
  • La libertad de expresión es un derecho humano individual. La libertad de expresión no es colectiva. Cuando una institución universitaria, como institución, se ampara en la libertad para hacer suyas unas proclamas de parte, está pisoteando la libertad de expresión de los demás.
  • La representación política no es una encomienda para la universidad.  La representación política está atribuida en nuestra constitución a otras instituciones: los Parlamentos o los ayuntamientos. Son estas instituciones las que la tienen como función: no la Universidad.
  • Los universitarios elegimos a los claustrales para que nos representen en las decisiones que tienen que ver con la vida académica y profesional. No los elegimos por sus ideas políticas. Por sus ideas partidistas elegimos a los diputados o a los concejales.
  • La neutralidad de las instituciones de educación es importantísima para evitar que la intolerancia se apropie de ellas.
  • No se puede permitir que las universidades públicas sean altavoces ideológicos porque dejarían de ser “Universidad”.

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