Reforma a la Ley 30: Implicaciones a la educación superior pública colombiana

William Ospina y Angela Suárez hacen parte del Comité de Trabajo Gremial de PROES, Proceso de Organización Estudiantil, de la Universidad Nacional de Colombia, en Palmira, analizan los impactos de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, en la parte financiera.

Al finalizar su gobierno la saliente ministra de educación Cecilia Vélez radicó nuevamente en el Congreso de la Republica el proyecto de reforma a la Ley 30, proyecto con el cual el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe pretendía “subsanar” los problemas de financiación de la educación superior colombiana, que más allá de reconocer las intenciones de acoplamiento a las tendencias internacionales en materia de educación impuestas por la banca mundial, hizo del discurso del aumento a la cobertura y el mejoramiento continuo a la calidad, una cortina de humo para la opinión en general; ejemplo de ello son la cifras que quedan al terminar la era del “mesías” con respecto a la educación.

El balance que presentó el Gobierno dice que de una cobertura del 24,4% en el 2002, se pasó al 35,5%  en el 2009. Al finalizar la presidencia de Uribe había 570.000 estudiantes más que cuando se inició su mandato. Pero este supuesto aumento en la cobertura se debe a las planes del gobierno de tecnificar la educación, fortaleciendo el SENA (educación para el trabajo= mano de obra barata y calificada) según los requerimientos de los empresarios tanto nacionales como internacionales, para de esta forma pasar de 47.594 personas matriculadas en programas técnicos y tecnológicos en el 2004, a 97.468 en el 2005 donde se dispararon  y siguieron ascendiendo año tras año hasta llegar a los 307.060 que el Sena reportó en su balance del 2009. Pero el problema en realidad no es el fortalecimiento del SENA, pues como institución técnica y tecnológica ofrece una educación medianamente buena y eso es reconocible, el problema es que se pretenda estandarizar la educación bajo parámetros mercantiles que conllevarían al declive del proyecto de educación para la construcción de país, y es esto lo que precisamente el gobierno no quiere que veamos, pues además de presentar cifras amañadas incluyendo en el aumento de cobertura cursos de un día realizados por muchas personas, presenta propuestas “panacea” que buscan confundir y dividir en este caso a la comunidad universitaria.

Además, respecto al SENA es importante que nos preguntemos cómo se puede ver como una entidad de educación superior, si en realidad solo es una estrategia politiquera por medio de la cual el gobierno pretende dejar sin argumentos a todo aquel que defendiendo a la educación pública y profesionalizante vaya en contra de lo establecido por éste. Como lo dice el sindicato de trabajadores del SENA, “El país necesita trabajadores altamente calificados y ello implica que el soldador que hace muy bien la soldadura comprenda las reacciones químicas que se presentan al entrar en contacto un material con el otro y la razón de los gases resultantes; que el campesino productor de cerdos comprenda por qué su camada de 10 cerditos tiene las orejas erectas y dos tienen manchas, mientras que los otros son blancos. No son Rellenos química, física y genética, sino conocimientos de principios y leyes básicas de la química y reglas de transmisión por herencia que le permiten al trabajador comprender su mundo laboral y poder transformarlo”.

Finalmente, el sindicato hace una observación en cuanto a que la educación superior que brinde el Sena debe ser complementaria a su función de formar a los trabajadores para que desempeñen mejor sus labores en el sector productivo, pero “no puede cambiar su naturaleza para cumplir las funciones que le competen a otras instancias del Estado o para suplir la necesidad de acceso a la educación superior que demanda el país”.

 

La ley 30 de 1992 nace como estrategia para adoptar el modelo internacional (BM) de tercerización de la educación, ya no mirada como un derecho (hecho ya común en los estados neoliberales) si no como un servicio que debe dar rentabilidad, y en la actualidad los constantes intentos de reformar dicha ley, es más visible el acoplamiento a esta imposición de modelo; modelo que fue ya montado en el sector de la salud con la ley 100 de 1993 y la ley 60 de 1993, y aunque las luchas sindicales que advertían del verdadero impacto de estas leyes sobre la salud de los colombianos fueron de gran impacto nacional, fueron más fuertes los montajes que se hicieron creíbles con la corrupción dentro del sistema de salud y los malos servicios de dichas entidades para mostrar una supuesta necesidad de dejar en manos del sector privado la prestación de la salud, dejando el camino hecho para que el gobierno colombiano le diera un valor económico a la salud y a la vida del pueblo. Hecho calcado lo que hoy se ve al pretender poner a concursar a las universidades por recursos según los índices de cobertura y de calidad,  o con un fondo en COLCIENCIAS e ICETEX, dineros que deberían ir directamente a las arcas de las universidades, pero que con la ley de ciencia y tecnología lograran quitarle la poca autonomía que conservaba la universidad pública, porque el desarrollo del pueblo colombiano no puede estar en manos de las transnacionales y de los grandes capitales, o por lo menos eso es lo que se pretende desde la famosa ley de Ciencia y Tecnología, al poner a investigar a las instituciones y a sus estudiantes las necesidades de los empresarios y no las del pueblo, complemento perfecto a los presentes intentos de reforma a la ley 30.

 

El gobierno colombiano en los últimos años (17 desde que se aprobó la Ley 30) ha tenido las intenciones de modificar la asignación presupuestal a las universidades, y con el presente proyecto y lo suscrito en el artículos 87 va en contra vía de lo exigido en las constantes movilizaciones del movimiento estudiantil, la universidad colombiana seguirá concursando y mendigando por presupuesto. Con el presente gobierno y la nueva ministra de Educación los rumbos de la educación no serán muy distintos o por lo menos eso es lo que se asume por parte de un seguidor del gobierno saliente, y lo que se evidenció en el discurso de posesión del presidente Santos, quien muy por encima manifestó la continuidad del subsidio a la demanda adoptado como mecanismo de privatización de la educación.

 

El déficit de financiación de las universidades públicas del país continuara siendo el motivo de movilización, pues éste ronda el medio billón de pesos (500`.000.000) según lo denunciaron las organizaciones gremiales del profesorado universitario. Hoy ya se cuenta con propuestas que benefician los intereses del pueblo colombiano, no se puede caer en la idea errada que el movimiento universitario se ha dedicado a exigir la derogación a la Ley 30 sin tener propuestas de lo que pretendemos como educación. La ley 30 no son unos artículos que designan unos dineros a las universidades, la Ley 30 corresponde a un modelo de educación que determina el rumbo de nuestra sociedad.

 

Ante esto las propuestas que podemos abanderar desde el Proceso de Organización Estudiantil respecto a dicha reforma, son de carácter reivindicativo y político, es decir que en el momento más inmediato, defendamos una no reforma a la ley 30 ya que sabemos que ésta va dirigida fundamentalmente a modificar de raíz el artículo 87 que es el que hoy tiene “blindada” de cierto modo a la Universidad ante la política des financiadora del Estado colombiano. Esto lo podemos hacer manifestándonos a favor de propuestas como las de FENALPROU (Federación Nacional de Profesores Universitarios), organización profesoral que de manera juiciosa y consecuente ha venido estudiando las posibles consecuencias de la mencionada reforma, manifestando que es necesario  un aumento del presupuesto para la educación superior respecto al crecimiento anual del IPC más 9%, así como la propuesta de incrementar la financiación según el crecimiento real de la canasta educativa. Pero en términos de nuestro objetivo general que es “Luchar por la Educación Pública como un derecho inalienable de los pueblos que debe ser financiada en su totalidad por el Estado y cuyo deber sea el desarrollo integral del ser humano y las comunidades  buscando la autodeterminación y soberanía del pueblo colombiano, y la justicia social”  es fundamental ser conscientes de la necesidad imperante de construir de forma participativa y democrática una propuesta estructural de reforma a la ley 30 que plantee nuestras propuestas para la educación superior que se concretan en los siguientes puntos:

  • La educación debe ser pública, gratuita y garantizada en su totalidad por Estado. El Estado colombiano debe encargarse de la total financiación de la educación superior pública la cual esté supeditada al cumplimiento de las actividades misionales y a garantizar la educación como un derecho del pueblo.
  • La universidad debe responder a criterios de calidad académica y cobertura basados en las necesidades de la sociedad,  y no en los términos de gestión y calidad que el mercado exige (sistemas de calidad, ECAES), reorientando  los recursos invertidos en estos sistemas  para la construcción académica.
  • El quehacer de la universidad debe guiarse por criterios acordes con la realidad y el momento histórico, y no determinarse por los estándares de eficiencia internacionales impuestos por el imperio estadounidense.
  • Se debe mantener el principio de la Autonomía Universitaria en pro de la democratización de la universidad, promoviendo la vinculación de los diferentes estamentos en la construcción colectiva de la política académica y educativa
  • Para ser coherentes con la propuesta de democratización de la Universidad, es necesario que se haga una restructuración de los cuerpos administrativos, donde se descentralicen las funciones del rector, y se de participación democrática a los diferentes estamentos de la Universidad en la toma de decisiones.
  • La educación debe ser un motor del desarrollo autónomo de la Nación y base fundamental para la erradicación de la violencia, lo cual se debe reflejar en la priorización y aumento del gasto público en educación por encima del gasto militar, y la definición de contenidos educativos que hagan honor a la verdad histórica, partan de las necesidades reales del pueblo colombiano y propendan por la autodeterminación del mismo.

Finalmente es necesario recordar que nuestras propuestas en términos de las reivindicaciones y propuestas políticas de más largo alcance, son y serán vigentes mientras no las consigamos, por ello es fundamental alimentarlas con el motor de la movilización consciente, ya que sabemos qué es este el mecanismo más efectivo para hacernos sentir y escuchar en este país donde quienes están en el poder no nos representan.  Además para dar mejor sustento y sostenibilidad a la movilización es necesario continuar en la ardua tarea de la concientización del estudiantado y la comunidad universitaria en general, esto en la perspectiva de organizarlos lo mejor posible para así llegar a ser verdaderamente un poder transformador.

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