Abril 24/26 La reciente propuesta de reforma al Decreto 1279 de 2002, que busca imponer techos salariales y condicionar la productividad académica a la disponibilidad presupuestal, ha desatado una ola de indignación entre asociaciones y sindicatos docentes.
Lo que el Ministerio de Educación Nacional presenta como una “racionalización del gasto”, los profesores de las universidades públicas lo califican como una “operación de ajuste fiscal punitiva”.
Las críticas a la propuesta del Gobierno de reformar la norma vienen de:
– Representantes de la Asociación de Representantes Profesorales de las Universidades Públicas (ARPUP)
– ATENEA: Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la Universidad Nacional de Colombia
– ASOPRUDEA: Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia
– ASUCOLMAYOR: Asociación Sindical Amigos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
– Asociación Sindical de Empleados no Docentes y Docentes de Universidades Colombianas
– Unión de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad de Pamplona
– Asociación Sindical de Empleados Públicos de la UIS
La profesora de la Universidad de Antioquia, Sandra Patricia Duque (foto), es una de las que más ha liderado la exposición de argumentos y del señalamiento de que el borrador de decreto no solo, consideran, es un retroceso laboral, sino que incurre en vicios de inconstitucionalidad.
1. El argumento de la inconstitucionalidad: Autonomía bajo ataque
Para los docentes, el borrador del gobierno vulnera principios constitucionales fundamentales:
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Violación de la Autonomía Universitaria (Art. 69 CP): Los profesores argumentan que la autonomía no es solo administrativa, sino que permite a las universidades gestionar su desarrollo académico sin que el Ejecutivo imponga barreras que supediten el mérito a la “caja” del Estado.
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Irretroactividad y Derechos Adquiridos: Aunque el decreto dice no ser retroactivo, los docentes señalan que al imponer un “techo” global, se cercena la expectativa legítima de ascenso en el escalafón, desnaturalizando la carrera docente.
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Ley 4 de 1992: Mientras el MEN usa esta ley para justificar que nadie gane más que el Presidente, los académicos sostienen que el régimen especial universitario tiene una lógica distinta basada en la producción de conocimiento, la cual no puede compararse linealmente con la administración central.
2. Inequidad y el “Efecto Mateo”
La defensa profesoral sostiene que el Ministerio está utilizando una “cortina de humo” al enfocar el debate en casos excepcionales. Por ejemplo, las cifras de distribución salarial de los 948 docentes vinculados de la Universidad de Antioquia en 2024 revelan una realidad muy distinta a la narrativa oficial:
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La base de la pirámide: El 56% de los profesores (531 docentes) devenga menos de 10 millones de pesos. Si se suma el siguiente rango, se encuentra que el 76.9% del profesorado recibe salarios inferiores a los 15 millones.
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La franja media: Un 17.1% de los docentes se ubica en el rango de los 15 a 25 millones de pesos.
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La minoría en el tope: Solo un 2.7% gana entre 25 y 30 millones. Los denominados “mega-salarios” (superiores a 30 millones) representan apenas el 3.3% del total (solo 31 personas de casi mil).
Para la profesora Duque y los representantes de ARPUP, imponer un techo basado en estos 31 casos excepcionales termina castigando al 97% restante, cuyo crecimiento salarial no responde a “abusos”, sino a una carrera académica de décadas que ahora quedaría congelada por decisiones fiscales.
Al imponer techos, se profundiza el “Efecto Mateo”: aquellos con menos recursos, menos tiempo de investigación o mayores cargas de cuidado (especialmente mujeres) verán sus oportunidades de crecimiento salarial estancadas, mientras que el problema del déficit institucional permanece intacto.
Asimismo, señalan los docentes que con el decreto pierden muy poco quienes ya han abusado del sistema, porque ya acumularon un salario altísimo, mientras que los investigadores honestos y jóvenes se verán limitados.
También, al dejar que cada Consejo Superior Universitario (CSU) defina los límites según su disponibilidad presupuestal, el Ministerio introduce una variabilidad regresiva. Trazar el límite con el bolsillo de cada institución destruye el sistema nacional y condena a las universidades regionales a perder a sus mejores mentes.
3. Discriminación: El olvido de los docentes ocasionales
Uno de los puntos más críticos es la exclusión sistemática de los docentes ocasionales y de cátedra. A pesar de que la jurisprudencia colombiana ha ordenado que se les aplique el régimen del Decreto 1279 por igualdad de funciones, la propuesta del MEN los ignora. Esto deja al 70% de la fuerza docente del sistema público en un limbo de inestabilidad, sosteniendo la calidad académica sin las garantías de la carrera profesoral.
4. El déficit no es por salarios, es por la Ley 30
Los gremios docentes son enfáticos: culpar a la productividad académica del desbalance financiero de las universidades es una “trampa”. El verdadero problema radica en los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que congelaron las transferencias de la Nación mientras la cobertura y las exigencias de calidad se multiplicaron.
Dicen que la productividad docente pesa proporcionalmente poco en el déficit general, y que sujetar los puntos salariales a una “bolsa anual” institucional convierte un derecho académico en un sorteo presupuestal.
5. Falta de consulta y democracia
Finalmente, los docentes denuncian que la norma se está “acelerando para firma” sin una concertación real, amplia y democrática. La comunidad académica siente que el gobierno pasó de la promesa de “dignificación” a una lógica de control administrativo que sospecha de la academia en lugar de fortalecerla.
| Frente a este panorama, concluye la profesora Duque: “La realidad de la universidad pública no es la de un cuerpo profesoral mayoritariamente privilegiado. La realidad es la precarización. Es la de miles de docentes ocasionales y de cátedra que sostienen buena parte de la docencia, acompañan a estudiantes, cargan programas enteros y, sin embargo, lo hacen bajo vínculos temporales, sin estabilidad laboral real, con menores garantías y con un reconocimiento salarial claramente inferior al peso de sus funciones. Si algunos profesores cometieron actos ilegales, deberán ser investigados y, si corresponde, sancionados. Pero eso no autoriza a convertir casos excepcionales en una condena moral contra todo el gremio profesoral. Mucho menos autoriza la fabricación de la idea de que las universidades públicas están en crisis porque les pagan demasiado a sus docentes”. |  |
