El Observatorio de la Universidad Colombiana




Regulación de consultorios jurídicos pasa a ser Ley de la República

Abril 30/21 El Senado de la República aprobó el último debate, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las IES.

Dos años tendrán las IES, a partir de la firma de la Ley y su publicación, para adoptar los cambios propuestos  que, entre otros aspectos, demanda a las facultades de derecho incorporar tecnología en estos y trabajar incluso en época de vacaciones estudiantiles.

La norma, fomentada desde 2019 por el Ministerio de Justicia con el proyecto de Ley 07 de Cámara, y luego el 275 de Senado, cumplió todo el ciclo legislativo y ahora será próxima Ley de la República, aprobada por unanimidad por la plenaria del Senado.

Obedece a un ejercicio de tiempo atrás, del gobierno y de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), tras encontrar un divorcio entre la cátedra y la práctica jurídica, la indebida catalogación de los Consultorios Jurídicos como “abogados de pobres” y las restringidas competencias que afectan su impacto en la sociedad.

El texto amplía los servicios de estos consultorios en conciliación en derecho, equidad, representación judicial y extrajudicial, así como se ampliarán las actuaciones administrativas, el litigo estratégico y los servicios de mediación en los casos.

Según Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, luego de la aprobación del proyecto en el Senado, el siguiente paso es que la propuesta se convierta en Ley de la República. “La regulación del funcionamiento de los consultorios jurídicos contribuye a la formación integral de los profesionales del Derecho mediante el fortalecimiento de su función ética y social, y a la consolidación de las instituciones educativas como escenarios de aprendizaje práctico”, dijo.

Texto del proyecto de ley aprobado

El Congreso de Colombia DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es establecer el marco normativo por medio del cual se regula la práctica del Consultorio Jurídico de las Instituciones de Educación Superior.

Artículo 2°. Definición. El Consultorio Jurídico es un escenario de aprendizaje práctico de las Instituciones de Educación Superior, autorizado en los términos de esta ley, en el cual los estudiantes de los programas de Derecho, bajo la supervisión, la guía y la coordinación del personal docente y administrativo que apoya el ejercicio académico, adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y valores éticos para el ejercicio de la profesión de abogado, prestando el servicio obligatorio y gratuito de asistencia jurídica a la población establecida en la presente ley.

Artículo 3°. Principios. El Consultorio Jurídico estará orientado bajo los siguientes principios generales:

1. Educación Jurídica Práctica. El Consultorio Jurídico garantiza procesos de aprendizaje a partir del acercamiento de los estudiantes a las personas en condición de vulnerabilidad, la sociedad, las necesidades jurídicas que enfrentan y los contextos en que se desarrollan, al igual que fomenta el desarrollo de estrategias y de acciones de defensa de sus derechos dentro de estándares de innovación, calidad y actualidad, colaborando con la administración de justicia y asegurando el cumplimiento del derecho
de acceso a la justicia.

2. Autonomía Universitaria. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el contenido de esta ley, se reconoce la autonomía de las instituciones de educación superior, las cuales cuentan con las competencias para regular todos los aspectos relativos al funcionamiento, administración y reglamento de los consultorios jurídicos, así como la correspondencia entre estos aspectos y el contenido de sus Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos Educativos de Programa.

3. Formación Integral. El Consultorio Jurídico constituye un escenario idóneo para la formación académica, profesional, técnica, humana, social y ética del abogado, permitiendo a los estudiantes de Derecho adquirir, mediante experiencias propias del ejercicio de la profesión, los saberes y habilidades necesarios y esperados para el ejercicio de la abogacía.

4. Interés general. El Consultorio Jurídico busca la defensa del interés general, su armonización con los intereses particulares y con los fines del Estado Social de Derecho, propendiendo por la justicia y la equidad en la sociedad.

5. Función social. El Consultorio Jurídico orienta su acción a la defensa de derechos de sujetos de especial protección constitucional y personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, o en general personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión.

6. Progresividad. Las prácticas jurídicas formativas que se desarrollan en el Consultorio Jurídico se articulan de manera progresiva con el currículo diseñado y acogido por la Institución de Educación Superior y el programa de acuerdo con su naturaleza, modalidad y metodología.

7. Gratuidad. El Consultorio Jurídico presta servicios jurídicos gratuitos en favor de las personas beneficiadas que se define en esta ley, exceptuando los gastos necesarios para el impulso procesal y las costas judiciales en los trámites que aplique, los cuales son asumidos por el usuario.

8. Inclusión. El Consultorio Jurídico garantiza los ajustes razonables necesarios para asegurar que los estudiantes, docentes y las personas beneficiarias de sus servicios puedan tener acceso y participar  activamente en ellos, en igualdad de condiciones. Así mismo, fomenta en los estudiantes una perspectiva de igualdad, respeto por la diversidad e inclusión.

9. Accesibilidad. El Consultorio Jurídico asegura a todos los estudiantes, docentes y usuarios el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, la información y las comunicaciones relacionadas con la prestación de sus servicios, y establece parámetros que les permitan acceder a servicios no presenciales.

10. Confidencialidad. Los miembros del Consultorio Jurídico no podrán revelar o utilizar la información suministrada por quienes solicitan la prestación de sus servicios, a menos que hayan recibido del solicitante autorización escrita para ello, o que tengan necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito.

Parágrafo. El alcance dado a las acciones de defensa de los sujetos de especial protección, se entenderá dentro de los criterios determinados por la ley como de competencia para los Consultorios Jurídicos. Se determinan por personas en situación de vulnerabilidad o indefensión quienes se encuentren bajo los siguientes supuestos:

(i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales, eficaces e idóneos, que permitan conjurar la vulneración ius fundamental por parte de un particular o el Estado; (ii) personas que se hallan en situación de marginación social y económica, (iii) Adultos mayores, (iv) Personas con discapacidad (v) niños, niñas y adolescentes.

Artículo 4°. Objetivos. El Consultorio Jurídico garantiza los siguientes objetivos:

1. Formación Práctica. Fortalecer el proceso educativo interdisciplinar de los estudiantes de los programas de Derecho mediante la articulación de la teoría y la práctica a partir de casos reales con un enfoque humanístico y ético.

2. Acceso a la justicia. Contribuir a que las personas beneficiarias de sus servicios accedan a la asesoría jurídica, la conciliación extrajudicial en derecho, la representación judicial y extrajudicial, la pedagogía en derechos y el ejercicio del litigio estratégico.

3. Proyección social. Generar conciencia acerca de la responsabilidad y función social que comporta el ejercicio de la abogacía, en cuyo desarrollo se debe actuar como agente activo en la reducción de la desigualdad y el alcance de la equidad social.

4. Innovación jurídica. Propiciar, a través de la Institución de Educación Superior, el conocimiento científico, reflexivo e innovador del Derecho, atendiendo a las realidades contemporáneas de interés para el campo jurídico y que tengan impacto sobre el contexto socioeconómico de las comunidades donde ostenta influencia la facultad de derecho.

5. Resolución de conflictos: Impulsar los diferentes mecanismos de solución de conflictos, como herramientas encaminadas a la autocomposición de las controversias que se suscitan en el marco de la convivencia social.

Artículo 5°. Creación y funcionamiento de consultorios jurídicos. Las IES con Programa de Pregrado en Derecho tendrán un Consultorio Jurídico que para su funcionamiento requerirá aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos que establezca la reglamentación correspondiente. De manera permanente, los Consultorios Jurídicos deberán garantizar las condiciones de funcionamiento conforme a las disposiciones que establezca el Gobierno nacional.

Parágrafo Transitorio. El Gobierno nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Hasta tanto no se expida el reglamento respectivo, el trámite de aprobación de funcionamiento de los Consultorios Jurídicos se adelantará ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 6°. Servicios de los Consultorios Jurídicos. Los Consultorios Jurídicos prestarán de manera obligatoria, servicios de asesoría jurídica, conciliación extrajudicial en derecho, representación judicial y extrajudicial, el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, pedagogía en derechos y el ejercicio del litigio estratégico.

Estos servicios se prestarán por conducto de los estudiantes de Derecho, bajo la guía, supervisión y control del Consultorio Jurídico, a partir del sexto semestre y hasta finalizar el plan de estudios. El Consultorio Jurídico, como componente dela formación práctica del estudiante de derecho y que hará parte integral del currículo, en ningún caso será susceptible de omisión o sustitución.

Parágrafo 1°. Para los efectos de esta ley, se entiende por litigio estratégico las acciones encaminadas a lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil, a través de la garantía de los derechos.

Parágrafo 2°. Los estudiantes que ostenten la calidad de servidores públicos, en ningún caso se encuentran exentos de adelantar el proceso de aprendizaje práctico que ofrece el Consultorio Jurídico. Podrán ejercer la representación judicial siempre y cuando ello no interfiera con el cumplimiento de sus obligaciones laborales ni represente actuar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios. Con todo, la institución de educación superior podrá disponer que tales estudiantes desarrollen su práctica en el Consultorio Jurídico prescindiendo de la representación judicial y a través de los demás servicios prestados por este.

Parágrafo 3°. Para la prestación del servicio de conciliación extrajudicial en derecho, los Consultorios Jurídicos están obligados a organizar su propio Centro de Conciliación, conforme a los parámetros de creación, funcionamiento y supervisión que regulan la materia.

Artículo 7°. Prestación del Servicio. Los servicios de asesoría jurídica y pedagogía en derecho propios del Consultorio Jurídico podrán desarrollarse en entidades públicas o privadas, firmas de abogados, despachos judiciales, Notarías, y organizaciones internacionales, previa  suscripción de convenios y bajo la verificación permanente por parte de la institución de educación superior, de la connotación jurídica de las actividades realizadas.

Artículo 8°. Beneficiarios de los servicios. Los Consultorios Jurídicos prestarán servicios de asesoría jurídica y litigio estratégico a sujetos de especial protección constitucional, a personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, y en general a personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión, cuando se trate de asuntos íntimamente ligados con su condición.

Los demás servicios a cargo del Consultorio Jurídico solo se prestarán a personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, previa evaluación de la situación socioeconómica particular de los usuarios que los solicitan, conforme a los criterios establecidos por la IES en el marco de su autonomía. En caso de encontrar improcedente la atención a un usuario, el consultorio jurídico le deberá informar acerca de dicha determinación.

Parágrafo. En ningún caso el valor de la pretensión podrá ser tenido en cuenta como factor de evaluación de la situación socioeconómica del usuario.

Artículo 9°. Competencia general para la representación de terceros. Para el ejercicio de la representación de terceros determinados como personas beneficiadas del servicio en los términos de esta ley, los estudiantes, bajo la supervisión, la guía y el control del Consultorio Jurídico, podrán actuar en los casos establecidos en este artículo, siempre y cuando la cuantía no supere los 50 smlmv, salvo la competencia aquí establecida en materia laboral y de tránsito. Con todo, el Consultorio Jurídico, a través de reglamento interno, podrá establecer una cuantía menor para definir esta competencia, siempre y cuando la
misma no sea inferior a 40 smlmv.

1. Como representantes de la parte civil en los procedimientos regidos por la Ley 600 de 2000, o representantes de víctimas en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso, en los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria.

2. En materia penal:

a) De oficio, en los procedimientos regidos por la Ley 600 de 2000, o como defensores en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso;
b) En los asuntos querellables o contravencionales, así como en los procedimientos penales de los que conocen los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple o los juzgados municipales cuando actúen como jueces de conocimiento o como jueces de control de garantías, incluso si son juzgados promiscuos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 941 de 2005;
c) Como abogados de confianza del acusador privado en los términos de la Ley 1826 de 2017.

3. En los procedimientos laborales, siempre y cuando la cuantía no supere los 20 smlmv.

4. En los procedimientos civiles de que conocen los jueces municipales en única y primera instancia.

5. En los procedimientos de jurisdicción voluntaria.

6. En los procedimientos de conocimiento de los jueces de familia en única instancia, y en los trámites administrativos que adelantan las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia e inspecciones de policía, salvo los asuntos que versen sobre medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de adopción.

7. En las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento y populares.

8. En los arbitrajes sociales, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 o la norma que haga sus veces.

9. En los siguientes asuntos jurisdiccionales, adelantados ante autoridades administrativas, siempre y cuando se puedan llevar a cabo en la zona de Influencia que determine el Programa de Derecho respectivo:

a) Ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Las acciones de protección al consumidor;
b) Ante la Superintendencia Financiera: La acción de Protección al Consumidor Financiero;
c) Ante la Superintendencia de Salud: Las acciones sobre negación de cobertura, reembolso económico de gastos médicos, y reconocimiento y pago de incapacidades y licencias.

10. De oficio, en los procedimientos disciplinarlos de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación, cuando sea Imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionarios de elección popular, dirección, confianza y manejo.

11. De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías Municipales, Distritales, Departamentales y General de la República, cuando sea imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionarlos de elección popular, dirección, confianza y manejo.

12. En los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas.

13. En los asuntos policivos adelantados bajo el trámite verbal abreviado ante los inspectores de policía, así como en los procesos relativos al control y recuperación del espacio público adelantados ante los entes territoriales.

14. En la elaboración de derechos de petición, así como el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como privadas que ejercen funciones públicas y en lo relacionado con estas.

15. En trámites de beneficios administrativos, subrogados penales y sustitutivos de la prisión y solicitudes de libertad, en los términos de la Ley 1760 de 2015 o la que la sustituya.

16. En los procedimientos contravencionales de tránsito, para asuntos cuya sanción no fuere superior a multa de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes.

Parágrafo 1°. Para poder actuar ante las autoridades, los estudiantes Inscritos en Consultorio Jurídico requieren autorización expresa otorgada para cada caso por el director del consultorio, la cual se anexará al expediente respectivo, y el correspondiente poder. Las  autoridades no podrán exigir a los estudiantes certificaciones o documentación diversa a la establecida en este artículo.

En ningún caso se exigirá para la representación de terceros, la presencia o el acompañamiento de personal del Consultorio Jurídico a las audiencias.

Parágrafo 2°. Conforme a los principios de progresividad y autonomía universitaria, los estudiantes a partir del sexto semestre de formación, prestarán los servicios propios del Consultorio Jurídico, exceptuando la representación de terceros, la que sólo se podrá ejercer a partir del octavo semestre del Programade Formación en Derecho.

La representación de terceros deberá realizarse durante no menos de dos (2) semestres, sin perjuicio del ejercicio simultáneo de otras acciones propias de los demás servicios a cargo del Consultorio Jurídico.

Parágrafo 3°. Los estudiantes podrán ejercer la representación en las audiencias de conciliación extrajudicial y judicial en los casos en que la norma permite la no actuación personal de las partes, cuando se deban llevar a cabo dentro de los asuntos establecidos en este artículo. Para armonizar esta facultad con el acceso efectivo a la justicia, los consultorios jurídicos deberán garantizar a los usuarios la continuidad en la prestación de los servicios de representación judicial, en aquellos casos en los que el trámite conciliatorio constituya requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción y que el consultorio sea competente para adelantar el proceso judicial.

Parágrafo 4°. Para facilitar el acceso a la justicia conforme a los objetivos establecidos en esta Ley, los consultorios jurídicos podrán suscribir convenios para que en sus instalaciones se ubiquen despachos de operadores de justicia, siempre y cuando se garanticen las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento que se requieren para el funcionamiento de sus Despachos.

Artículo 10. Continuidad en la prestación del servicio y la representación de los usuarios. Los estudiantes inscritos en Consultorio Jurídico atenderán de manera ininterrumpida los procesos que se encuentren bajo su responsabilidad, la cual cesará en el momento en el que se realice la entrega formal de los mismos a los estudiantes que los sustituirán, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, de conformidad a lo que determine la Dirección del Consultorio Jurídico, quien definirá  la fecha en que se hará la respectiva entrega.

Durante los recesos y vacaciones académicas dispuestos por la IES, los estudiantes continuarán ejecutando todas las gestiones y los actos tendientes al buen desarrollo de los procesos.

Artículo 11. Amparo de pobreza. Para efectos de la valoración de las condiciones de la parte solicitante, dentro de la decisión acerca del reconocimiento de amparo de pobreza, se presume que quien actúa a través de estudiantes de consultorio jurídico se encuentra en incapacidad de sufragar los gastos del trámite correspondiente, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y las de las personas a quienes por Ley debe alimentos.

Artículo 12. Apoyos Tecnológicos. Las IESimplementarán herramientas tecnológicas que complementen el aprendizaje, faciliten y apoyen la interacción virtual en el proceso de formación y en la labor misional del consultorio jurídico, y den lugar a la comunicación entre el consultorio jurídico y sus usuarios.

Artículo 13. Retroalimentación de los usuarios. Los consultorios jurídicos deberán establecer los mecanismos e instancias que se consideren pertinentes para el asesoramiento, conocimiento y atención de inquietudes, quejas o reclamos por parte de sus usuarios y de información al público.

Artículo 14. Sistema de información sobre la gestión de los consultorios jurídicos. El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará e implementará un sistema de información con fines de estricto rigor académico y organizativo, para apoyar la elaboración de políticas públicas y en aras de armonizar la oferta de servicios prestados por los Consultorios Jurídicos con la garantía de acceso efectivo a la justicia.

Los Consultorios Jurídicos deberán reportar a este sistema los datos que permitan la consolidación de información cuantitativa y cualitativa que determine el Gobierno nacional sobre la gestión por ellos adelantada, teniendo en cuenta aspectos como el número de estudiantes vinculados a cada modalidad de servicio ofrecido, el tipo de causas atendidas y la población beneficiaria. Dicho sistema de información también deberá garantizar un espacio de consolidación y divulgación de buenas prácticas.

Artículo 15. Transición normativa. Dentro del término de seis (6) meses a partir de la expedición de esta Ley, el Gobierno nacional preparará los ajustes necesarios al contenido del Decreto número 1069 de 2015, en particular a sus artículos 2.2.7.2.1, 2.2.1.22 y 2.2.7.2.3, y a toda la normativa adicional que resulte pertinente, para armonizar sus contenidos con las disposiciones aquí establecidas.

Asimismo, las universidades con facultades de Derecho efectuarán dentro de los dos (2) años a partir de la expedición de esta Ley, los ajustes curriculares, tecnológicos, de personal y de infraestructura a que haya lugar, para armonizar la estructura y operación de sus consultorios jurídicos con el contenido de esta Ley, sin que ello implique el desconocimiento de las autorizaciones para su funcionamiento que fueren expedidas con anterioridad a la expedición de esta Ley.

Artículo 16. Vigencia. La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación.

Artículo 17. Derogatorias. Deróguense, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Ley 583 de 2000; la expresión “así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho Decreto” contenida en el numeral 5 del artículo 627 del Código General del Proceso, y todas las disposiciones que le sean contrarias.

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