Representante de Petro en la UFPS hace campaña por uno de los aspirantes a la rectoría

Oct 28/22 El presidente Petro dijo que, en su gobierno, sus representantes en las universidades públicas serán jóvenes, y nombró a Carlos Alberto Bolívar (foto) en la UFPS.

Reemplazará como consejero a José Mauricio Julio Sepúlveda.

Bolívar es abogado egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander UFPS, y ayer, tras más de 300 horas de huelga de hambre protagonizadas por él, el presidente Petro, en desarrollo del Diálogo Regional Vinculante, realizado en Cúcuta, en el coliseo de la UFPS, anunció que nombraba a Carlos Bolívar como su delegado (técnicamente es Representante) ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Dede hace mucho tiempo Bolívar ha sido un defensor y, a la vez, crítico de la UFPS y, en particular, de la gestión del hoy exrector Héctor Miguel Parra López. A través de una autodenominada ONG, –ProcuraUFPS-, ha sido el protagonista de la mayoría de impugnaciones, demandas, tutelas y recursos legales para denunciar diversas anomalías allí presentadas. Ha denunciado casos como los de los cárteles de puntos de docentes en esa Universidad (en el que estaría involucrado el hoy aspirante a rector Jahn Piero Rojas) y fue quien promovió ante las máximas instancias judiciales la investigación y, finalmente, retiro de la rectoría de Parra López por haberse re-elegido siendo ya pensionado y mayor de 70 años.

Hasta ayer adelantó una huelga de hambre de cerca de 10 días para presionar que el Consejo Superior Universitario ponderara de otra forma los votos de los estudiantes en la consulta estamentaria para elegir rector, y logró que el Consejo de Estado admitiera la tutela contra la UFPS y Mineducación.

En medio de sus denuncias ha sido públicamente crítico de la candidatura de Sandra Ortega, a quien se relaciona directamente con el exrector Héctor Miguel Parra. Curiosamente, el exrector aparece en la consulta estamentaria (plagada de quejas entre los aspirantes, que se quejan de falta de garantías) que se adelanta entre la comunidad académica, como testigo electoral en la mesa de docentes.

Asimismo, Bolívar ha sido un activista y abiertamente promotor de la aspiración a la rectoría del candidato Fabio Torres (ver, por ejemplo, uno de los videos de respaldo).

Lea: Entre tutela, suspensión, denuncias y amenazas, la UFPS intenta avanzar en búsqueda de rector titular

En la pasada campaña electoral para la Cámara de Representantes, Bolívar se postuló como candidato por el Pacto Histórico, y no logró llegar al Congreso.

Impedimento legal de Bolívar para ser representante

Llama la atención que Bolívar, un caracterizado analista de la normatividad que rige la educación superior, haya aceptado su elección por parte del presidente Petro sin reconocer que su abierta participación a favor de un candidato lo inhabilita para actuar como Consejero que decidirá quién será el nuevo rector, y que eso seguramente generará nuevas dificultades al ya, de por sí, complejo proceso de elección en la UFPS.

Tanto los Delegados del Ministerio de Educación como los Representantes del Presidente de la República en los Consejos Superiores y Consejos Directivos de Universidades e IES Públicas están sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos de cualquier funcionario público, aunque no actúan como empleados públicos.

Todos los integrantes que conforman el máximo órgano de dirección y de gobierno (ha dicho el Ministerio de Educación en sus instructivos para delegados y representantes), sin importar que sean servidores públicos o no, son sujetos disciplinables y están sometidos al régimen previsto en la Ley 734 de 2002. Lo anterior, atendiendo a un criterio material que permite afirmar que los particulares que por expresa disposición de la Ley hacen parte de dicho órgano, cumplen unas funciones que por su contenido, corresponden al ejercicio de funciones
públicas (cfr. artículo 67 de la Ley 30).

El artículo 40 de la Ley 734 de 2002, o Código Disciplinario Unico, que habla sobre el conflicto de intereses, advierte que “todo servidor público debera declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión…” y que “cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público debera declararse impedido”.

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