Marzo/25 En esta ocasión Forero, observador de este portal, advierte que la educación superior no puede mantenerse indiferente ante las nuevas situaciones sociales y está llamada a marcar nuevas rutas.
Cada día la sociedad será más exigente con nuestros sistemas de educación superior y sus instituciones, no solamente en los temas tradicionales sino en otros donde está en riesgo la propia viabilidad de los países. Esas respuestas son complejas y requieren un esfuerzo colectivo, direccionado estratégicamente, para tener un real impacto sobre la problemática social o sobre la oportunidad para la región y la nación, en un contexto internacional turbulento.
Haré referencia a dos situaciones delicadas que han sido tocadas recientemente por columnistas del periódico El Tiempo, Mauricio Vargas y Francisco Cajiao, y también a una de ellas se refirió en una intervención destacada en el Foro de Davos 2025 la rectora de Uniandes, Raquel Bernal. Además, este Observatorio nos trae una reflexión de James Yoonil, sobre si las universidades tienen un papel en la creación de las ideologías del mañana.
Las universidades casi siempre tienen respuestas sobre su accionar en lo divino y en lo humano y salen aparentemente adelante cuando, por ejemplo un par académico se sale del rígido formato y hace una pregunta impertinente (pertinencia social) sobre el papel de la universidad en el fortalecimiento de la democracia o en el mejoramiento de la educación básica y media; sin embargo, las circunstancias que rodean estas inquietudes cada día se agravan y nos quedamos un tanto impotentes y con baja credibilidad.
Mauricio Vargas titula su escrito ¿Por qué la democracia enfrenta, a nivel mundial su mayor crisis en 80 años?, indicando que en el 2024 hubo un récord de elecciones en el planeta, pero eso no trajo más democracia. Según centros de análisis, especialmente de Francia y Alemania, unos 5.500 millones de personas en todo el mundo viven hoy bajo regímenes autoritarios, en los cuales los derechos ciudadanos están amenazados o, simple y llanamente han desaparecido.
Las universidades en el mundo se han ocupado de este asunto sobre el papel de la educación superior en la consolidación de los sistemas democráticos, reconociendo que, en un momento de posverdades, fanatismos ideológicos y falsas noticias, tienen un campo para aportar sobre la verdad objetiva que conduzca al mejoramiento del bien común.
También en sus proyectos educativos enuncian la formación en valores democráticos como la pluralidad y la solidaridad; así como ser conscientes de actuar éticamente y formar en competencias ciudadanas en el marco de respeto por el medio ambiente, soportando planteamientos desde la investigación sobre las profundas desigualdades sociales y formas alternativas de crecimiento de la economía. También desde la extensión universitaria acompañan en un diálogo de saberes a comunidades necesitadas y les fortalecen capacidades para su propio desarrollo. Podríamos seguir una larga lista de acciones de buena voluntad, pero a todas luces insuficientes.
No se trata de proponer formulas mágicas, pero sí de llamar la atención sobre la necesidad de una reflexión colectiva en la dirección universitaria y en las comunidades académicas y científicas, sobre que más podemos hacer desde la educación superior, que tenga un efecto en la situación planteada que amenaza nuestro futuro. El poder del conocimiento de manera asociativa, seguramente puede dar claridad a la sociedad sobre qué hacer y respaldarlo coherentemente con su propio accionar.
La otra problemática aguda, donde tenemos ausencia efectiva de la educación superior tiene que ver con la educación básica y media en Colombia, con datos que muestran un deterioro que requerirán un esfuerzo de la educación superior con otros actores de manera más decidida si queremos avanzar como país y mantener un régimen democrático sin autoritarismos.
Francisco Cajiao afirma: “Se estima que por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo. Además, de 100 graduados de bachillerato a nivel nacional, solo 39 logran acceder a educación superior y apenas la mitad de estos concluye el ciclo profesional”. En el 2023 hubo 725.563 estudiantes, o sea un 8.1%, que repitieron el año, y empezaron un proceso que suele generar costos, desmotivar a los alumnos y conducir al abandono de los estudios.
Continúa el informe advirtiendo realidades: Cerca de 500.000 estudiantes están atrasados en sus procesos académicos y las pruebas Saber 11 de 2024 siguieron dando resultados inferiores a los que daban antes de la pandemia y mostrando la brecha entre los colegios públicos y los privados, a lo cual se suman las desigualdades entre territorios y entre los mundos urbano y rural.
La educación superior no puede mantenerse indiferente ante semejantes situaciones y desde su propia identidad, con su liderazgo, junto con otros actores, está llamada a marcar nuevas rutas y formas de actuar innovadoras que nos encaminen hacia soluciones viables y permitan darles más credibilidad a los sistemas democráticos. Esperemos un mensaje esperanzador, colectivo y concreto, si concebimos a la educación superior como un bien público social y un derecho humano fundamental. Que las actuales angustias nos dejen ver el futuro y trabajemos asociativamente por él.
Ayuda mucho en la comprensión de lo planteado en la columna, el excelente artículo de Alfonso González Hermoso de Mendoza, publicado en el portal ESPACIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, titulado “Pensar las universidades desde el siglo XXI. Más allá de los problemas corporativos”, que introduce con la siguiente motivación: «La falta de atención a los signos de fatiga del sistema universitario, o su reducción a temas corporativos o financieros, está llevando a las universidades a una pérdida de legitimidad social, de atractivo profesional, de interés para el estudiantado y para las empresas, y todo apunta a una dura reconversión para adaptarse a una realidad ya asumida. Amenazas que demandan un extenso debate social que oriente la transformación de las universidades para que puedan seguir asumiendo su condición de soporte esencial en la construcción del Estado social y democrático de derecho en el siglo XXI«
