Saber 11 no sirve para validar ingreso a ed. sup. pública: Enrique Batista – Sept/19

Título original: “Usar la prueba Saber 11 para el ingreso a la educación superior pública: ¡NO!”, por Enrique E. Batista J., en Juanpaz.net.

Señalaron la OCDE y el Banco Mundial que la confiabilidad promedio de las pruebas en el examen SABER 11 es “relativamente baja para ser un examen oficial, y demasiado baja para ser el único dato con que se diriman situaciones … su uso por sí solas provocaría un nivel de error superior al deseable en las decisiones relativas a las admisiones”. (https://bit.ly/2lAWf5u).

Esa prueba en sí mismo es uno de los factores que afecta negativamente la calidad de la educación en el país. La educación en el país estaría mejor sin ella.

Nuevamente, contrario a muy importantes consideraciones y decisiones en el mundo sobre el valor de las pruebas académicas, renace la propuesta, nada inocente, de que todas las universidades, en especial las públicas, recurran a la denominada SABER 11 para seleccionar a sus estudiantes. Es una propuesta para la desigualdad social estandarizada. Estandarizar lo que no se puede estandarizar.

El profesor Oscar Sánchez ha destacado que: “En Colombia sería necesario tener algo básico nacional y muchas variaciones territoriales, incluso en ámbitos de escuelas veredales e indígenas específicas. Pero en ello no hay avances: domina una errónea confusión entre estandarización y rigor científico y calidad del aprendizaje. Una idea que genera desconfianza en muchas comunidades frente a la evaluación. (https://bit.ly/2lMtmH7).

En el mundo hay una pérdida de énfasis en las pruebas académicas, por estar asociadas a castigo y exclusión, a la pérdida de motivación por los estudiantes. Además de que confinan a maestros y alumnos a prácticas añejas que necesitan ser archivadas y dejarlas para la arqueología y la historia de las prácticas educativas ya añejadas por improductivas.

El modelo de la vieja escuela se creó para la examinación; formó parte de su esencia de los procesos formativos escolares. Sí, de los procesos que nos tienen sumidos en una educación de mala calidad. No es posible mejorar la calidad de la educación del país si se insiste en que ella se mide con una prueba sin fundamentos científicos o psicométricos adecuados, la misma que ha llevado a que en muchas instituciones el currículo, y la generalidad de los procesos escolares, se orienten a preparar a los alumnos para una prueba en lugar de para la vida, para la sociedad y para el trabajo.

La creencia bien ideologizada en la valía de las pruebas académicas ha llevado a que se desconozca su futilidad y el efecto pervertido que ellas tienen en la calidad de los procesos formativos escolares.  Más grave aún es que desde instituciones de educación superior se contribuya a la perpetuación de estrategias y prácticas tradicionales, nada productivas.

La examinación como medio de exclusión pasó de moda. Hoy la educación y todos sus procesos se rigen por los valores de la igualdad, la equidad, la pertinencia y la inclusión. Esto parece que lo desconocen muchos. Como se indicó en otra oportunidad (https://bit.ly/2mPw8vd) la prueba SABER carece de valor científico y psicométrico. Es una prueba que desde de esos dos campos es mediocre. No se puede seguir haciéndole creer a la ciudadanía que está bien hecha, que es perfecta y que, en efecto, sirve para medir la calidad de la educación. Nada más lejos de la realidad.  No pueden ser las instituciones de educación superior las que la arrope con un halo de perfección y justifiquen la impropiedad social que se comete con ellas.

Tienen suficiente razón los estudiantes para no confiar en un sistema añejo, lejos de las realidades formativas del mundo en que viven y que anticipan poder transformar. A lo cual se suma el hecho de la pérdida acelerada del valor de los títulos universitarios. La prueba SABER 11 excluye a la mayoría.

Supuestamente el Estado mide la calidad de la educación, pero no la promueve, no la mejora. Los resultados se usan para posicionar en inicuos rankings a ciertas instituciones escolares y señalar con el dedo acusador a las de naturaleza pública y a su maestros sin tomar las medidas de mejoramiento que le corresponde. Es un medir para castigar, no para mejorar. Co ella se auto ensalzan algunos y se excluye a la mayoría.

Mientras en el mundo se consolida el derecho a la educación y la facilitación del acceso a la educación superior, se propone la entronización de la prueba SABER 11, con su incorrecto halo de supuesta perfección y sólido mecanismo de exclusión social. Cuando se observan los puntajes que en el país obtienen los estudiantes se nota que es una prueba centralista, excluyente de la periferia; a medida que nos alejamos del centro se tiene menor puntuación, lo cual es una manera de perpetuar una desigualdad social estandarizándola. En SABER 11 los puntajes más altos se dan en el centro del país y en colegios privados de estratos altos. Si se utilizaran como criterio de admisión, los cupos en las carrera de muy alta demanda y deseabilidad social como en las áreas de las salud y las ingenierías serían copados por las personas de los estratos más altos, excluyendo a los demás y subvencionando de ese modo en la educación superior a los que más poseen variedad de bienes económicos, sociales y culturales.

Bien ha señalado Oscar Sánchez que en el país: “Domina una errónea confusión entre estandarización y rigor científico y calidad del aprendizaje.” Las pruebas del ICFES han enfatizado aspectos cognitivos  con desmedro de los componentes formativos socioemocionales y políticos. Indica el mismo autor que se reportan avances, pero muy baja flexibilidad frente a la diversidad cultural y las variaciones territoriales, veredales e indígenas. Sugiere: Territorializar, introduciendo más diversidad en lo que se mide aprovechando el conocimiento de las población de abajo hacia arriba y pasar de desarrollar las pruebas como herramientas de medición hacia procesos que tengan validez comunitaria, política, empresarial y académica. (https://bit.ly/2lMtmH7).

Jhorland Ayala-García del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República  en un trabajo titulado “Evaluación externa y calidad de la educación en Colombia”  (https://bit.ly/2X8ehfB, 2015) centró su estudio en el componente de matemática llegando a la conclusión general  de falta de progreso en la calidad  y ausencia de estrategias que la mejoren; las brecha de género tampoco se reduce. Los desempeños más bajos se dan en los Departamentos más pobres, todos ellos en la periferia nacional.

En el mismo sentido Mario Hurtado precisó que hay Departamentos de la periferia (por ejemplo, Guajira, Guaviare, Casanare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Chocó) en las que es necesario promover el desarrollo económico y el aumento de la productividad, para lo cual se requieren instituciones educativas de calidad y la creación de facilidades para que los bachilleres accedan a la educación superior. Esto no se logrará fijando a la prueba SABER 11.

Daniel González ha destacado que la prueba Saber 11 devela la inequidad del sistema educativo y está lejos de lo que debería ser la misión de evaluación como diagnostica, formativa y auto formadora. Han tenido, argumenta el autor, un mal impacto sobre los colegios. La publicación de resultados “se ha convertido en una obsesión competitiva para muchos colegios, que están dispuestos a forzar e intoxicar a sus alumnos para obtener los mejores puntajes”. (https://bit.ly/2mI9MvK).

En un estudio sobre la validez de las subprueba de inglés el profesor Alexis López y otros hallaron que el examen no es válido para medir las habilidades lingüísticas generales en inglés. (https://bit.ly/2nleyQl). Los profesores Carlos Pardo y Karen Cabarcas, al correlacionar los resultados en SABER 11 con resultados académicos, hallaron que la “prueba Saber 11 tiene una incidencia negativa con las calificaciones de los estudiantes en el primer semestre”. (https://bit.ly/2nkN4u1).

Parte de la argumentación  que se ha expresado para la propuesta sobre usos de la prueba SABER en procesos de admisión es que con las pruebas propias se usan recursos públicos. Sin embargo, con el argumento economicista la inadecuación científica y psicométrica de la prueba y los tozudos y pertinaces hechos de que con ellas no se ha mejorado la calidad de la educación en el país y de que han servido y sirven para consolidar la exclusión de los sectores populares y de quienes habitan en los Departamentos más pobres.  Si en la Universidad del Magdalena se dice que se ahorrarían 500 millones de pesos al año deberían más bien sopesar el muy alto impacto negativo que el uso de ellas como criterio de admisión causa en el crecimiento de la desigualdad y la marginación social ya bien agravada en la región. (véase https://bit.ly/2mKbAnZ).

Las denominadas pruebas de Estado para bachilleras (“Pruebas ICFES”, “ECAESSABER 11) fueron creadas hace más de medio siglo. No se han consolidado como pruebas con confiabilidad a pesar de sucesivos cambios de enfoques y de modificaciones más bien cosméticas: De aptitudes y pruebas de razonamiento a pruebas de conocimientos, a componente de profundización flexibles e interdisciplinares  y hacia las denominadas competencias (como si éstas no fueran conocimientos). Hoy no se puede probar que son mejores que antes y que cumplen el fin de facilitar el mejoramiento de la calidad de la educación. Ocultan su poder, y supuesta valía, en que son usadas como criterio de admisión.  Si la calidad de los graduados ha bajado con los años, ¿dónde está la utilidad de las pruebas que por cinco décadas ha elaborado el ICFES? Medir (sin evaluar), calificar y no mejorar parece ser su lema.

La Universidad Nacional de Colombia tiene, desde hace 80 años, su propia prueba de admisión con los criterios que le da su autonomía universitaria. Igual ha ocurrido en la Universidad de Antioquia desde 1968. Ambas muestran niveles altos de calidad y de inclusión de los sectores sociales que por otras vías no tendrían posibilidad de beneficiarse de la educación superior.

A los jóvenes, que cada vez reclaman más participación democrática, no se les ha preguntado sobre los criterios con los que desean ser evaluados para realizar estudios universitarios. Nuestra Constitución obliga a que ellos sean consultados en los asuntos que los afectan. Algunas universidades, entre ellas de naturaleza pública, se tapan los ojos para no ver lo evidente. Es una reculada, un cambio hacia atrás en un mudo de transformaciones aceleradas y una inmersión en las oscuridades de la sociedad y educación excluyentes.

En lugar de profundizar en la exclusión estandarizada, corresponde a las instituciones de educación superior realizar los necesarios esfuerzos para incluir a muchos más sectores de la población en la cualificación del talento humano que requiere una sociedad igualitaria y desarrollada.